Clavijo y el PP saben que no hubo trato de favor en Canarias a la empresa de Aldama

Los expedientes administrativos a disposición de quien los quiera consultar a través del portal de transparencia de la Comunidad Autónoma de Canarias no dejan lugar a dudas: el Gobierno de Ángel Víctor Torres (2019-2023) no benefició a la empresa Soluciones de Gestión, de la que fue comisionista el empresario Ángel de Aldama, convertido ahora en dedo acusador de las administraciones socialistas en general. Un repaso a toda la gestión que se llevó a cabo para la adquisición de mascarillas a esa empresa, que fue recomendada por Koldo García, por entonces asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, conduce a una conclusión completamente opuesta: Soluciones de Gestión se vio perjudicada por una mala gestión en el pago por parte del Gobierno de Canarias. Concretamente, tardó en cobrar el total de la deuda 13 meses, y fue una amenaza de recurso ante los tribunales de justicia la que activó los pagos.

Los expedientes no solo están a disposición de los periodistas y del público en general, sino que también los tienen en sus respectivos despachos el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, y el vicepresidente de ese Ejecutivo, Manuel Domínguez, líder regional del Partido Popular. Ambos saben que la actuación del hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, consistió en dar las instrucciones precisas para que se pagaran aquellas facturas que el Gobierno debió abonar como muy tarde al momento de recibir la mercancía.

Es un mensaje de WhatsApp de Ángel Víctor Torres a Koldo García en julio de 2020, mensaje que el asesor ministerial reenvía a Víctor de Aldama, el que está sirviendo particularmente al PP y a determinados medios de comunicación para involucrar al expresidente canario. En él, Torres dice “hoy dormiré mejor” tras comprobar que sus instrucciones de que se abonaran las facturas pendientes a Soluciones de Gestión estaban prosperando y habían desactivado la posibilidad de sufrir una demanda en los tribunales con altas posibilidades de derrota para el Gobierno. Además de lo que suponía de desgaste reputacional ante el Ministerio de Transportes, que facilitó la compra de material sanitario no solo al Gobierno canario y al balear, sino también a todas las autoridades portuarias de España, incluidas las dos de Canarias. Entonces nadie sospechaba que el asesor ministerial y el tal Víctor de Aldama, que hacía de intermediario, estaban actuando presuntamente al margen de la legalidad.

La documentación que se custodia en el SCS confirma que a Soluciones de Gestión no se le hizo ningún pago antes de verificar, mediante consulta al Centro Nacional de Medidas de Protección del Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la calidad y la autenticidad de las mascarillas servidas. 

Por eso, cuando al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se le pregunta por este asunto, contesta con otra causa abierta en los tribunales que nada tiene que ver con el caso Koldo. Lo hizo hace unos días en el diario El Mundo, donde a una pregunta sobre “las acusaciones de Koldo y Aldama sobre Ángel Víctor Torres”, Clavijo contesta diciendo que “en Canarias han desaparecido cuatro millones de euros y no hay ni mercancía ni millones”. Se trata de otro asunto que está judicializado, que nada tiene que ver ni con Koldo García ni con Víctor de Aldama y en el que están siendo investigados dos exdirectores del SCS y varios empresarios y comisionistas. En la ramificación del caso Koldo en Canarias no sólo no desaparecieron los dineros sino que las mascarillas fueron servidas y respondían a los estándares por los que se pagó. Así consta en la documentación que Clavijo tiene en su poder.

El Partido Popular de Canarias, por su parte, ha iniciado estos días una campaña reclamando la dimisión de Torres por diez motivos, entre los que se encuentran la crisis migratoria (que no se ha resuelto por el bloqueo del PP) y por haber permitido “que se abriera la puerta a la trama Koldo y porque está acreditado que se implicó en esos chanchullos más allá de lo justificable”. Quien ha leído esto en una rueda de prensa del PP es el diputado nacional por Las Palmas Carlos Sánchez, un habitual de los juzgados de instrucción canarios, donde ha sido investigado (nunca condenado) por delitos de corrupción y que resultó condenado en la campaña electoral de 2023 a pagar una deuda de 100.000 euros a una empresa por incumplir un contrato de compraventa.

La cronología y los hechos

Pero vayamos a los hechos que conducen a Coalición Canaria y al PP a pedir la cabeza del ministro Torres.

Todo empezó el 21 de abril de 2020, un mes después de la declaración del estado de alarma por la pandemia de Covid-19. Ese día, el apoderado de la empresa Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaetxe, contacta vía correo electrónico con el Servicio Canario de la Salud (SCS), a cuyo frente se encontraba Antonio Olivera, comunicando que tiene disponibilidad para servir cinco millones de mascarillas del tipo FFP2 aprovechando otros envíos que tiene previsto realizar al Archipiélago. Para entonces, Koldo García ya había iniciado sus contactos con numerosas administraciones públicas para ofrecerles los servicios de esa empresa, capaz de surtir grandes cantidades del material sanitario que por entonces era muy pretendido.

Un día más tarde, el 22 abril 2020, el Servicio Canario de la Salud hace el primer pedido de 2.750.000 unidades tras verificar que, con la documentación entregada previamente, el material cumplía los estándares solicitados. El primer envío llega los días 22, 23 y 28 abril 2020. El material se recibe y se analiza por los servicios de prevención de riesgos laborales del Servicio Canario de la Salud. Todo parecía estar en orden.

Así que el 4 mayo de 2020 se hace un segundo pedido, esta vez de 2.000.000 de mascarillas FFP2. Y apenas tardan en llegar porque son recibidas los días 12, 14 y 25 mayo. Para entonces, la deuda con este proveedor se acercaba a los 11 millones de euros.

Pero no es hasta el 5 junio 2020 cuando se ordena el pago de 4.775.500,00 euros correspondientes a una parte de ese material, concretamente 1.910.200 unidades del primer pedido que para entonces ya han sido consideradas aptas por los servicios de prevención del Servicio Canario de la Salud.

El 22 julio 2020 consta en los archivos del SCS una comunicación a la empresa proveedora informando de que hay que enviar al Centro Nacional de Medidas de Protección del Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo el material restante para determinar con seguridad su calidad y categoría. La empresa responde al día siguiente aportando información sobre las mascarillas entregadas y manifestando su queja por el retraso en ser informada de los problemas identificados en el material entregado y ante la falta de pago del 50% como se exigía en los contratos con los que se formalizaron los pedidos.

Es por estas fechas cuando Koldo García se dirige a Ángel Víctor Torres manifestándole su preocupación por que el Gobierno de Canarias no haya pagado a la empresa de la que era introductor. Y es el 30 de julio cuando el presidente de Canarias le contesta que ya se han cursado las instrucciones y que el pago se hará de modo inminente.

El 11 de agosto de 2020 se produce un segundo pago, correspondiente a las mascarillas validadas por el Centro Nacional de Medidas de Protección del Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo del segundo pedido, concretamente de los modelos QILI y DREY.

Nueve días después, el 20 agosto, se envía el resto del material correspondiente al primer pedido (837.800 unidades) al Centro Nacional de Medidas de Protección del Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La respuesta se recibe cuatro días después y en ella se hace constar que esas mascarillas no eran de la clase FFP2, sino KN95, es decir de calidad equivalente a FFP1. 

Así las cosas, el SCS acepta una propuesta de la empresa: valorar las mascarillas consideradas como no aptas (837.800 unidades) como mascarillas quirúrgicas al precio del mercado en el momento en el que se entregó el material (707.518,50 euros), y completar el pedido hasta alcanzar el importe de los 2.094.500 euros con 555.000 mascarillas FFP2 NR (valoradas en 1.387.500,00 euros). En aquellos momentos el consumo de mascarillas tanto quirúrgicas como FFP2 era de 510.828 unidades semanales, según la Consejería de Sanidad.  

Pero este acuerdo solo se plasma en una orden de pago el 3 de diciembre de 2020 por un importe total de 707.518,50 euros. Se trata de mascarillas correspondientes al primer pedido, del mes de abril, cuando el contrato exigía un pago del 50% por adelantado y la otra mitad, a la recepción de la mercancía. Sin embargo, el celo del SCS logró que el pago se correspondiera con la calidad de los productos recibidos.

En noviembre de 2020, concretamente el día 20, la empresa logra cobrar el transporte y los fletes en los que incurrió para traer a Canarias todos los envíos que le compró el SCS. En total, 447.061,74 euros.

Pero no es hasta el 4 de junio de 2021 cuando se termina de pagar el pedido del 4 de mayo de 2020, es decir trece meses después. Se trata de 555.000 mascarillas FFP2 por importe de 1.387.500 euros.

Aldama, con el mismo abogado que Clavijo

Víctor de Aldama ha sido de momento el único que ha mencionado a Ángel Víctor Torres en sede judicial. Lo hizo, sin aportar prueba alguna, en una comparecencia ante el juez Ismael Moreno, en la Audiencia Nacional, lo que automáticamente le valió que se levantara la orden de prisión que pesaba sobre él por otro caso de corrupción, el del fraude de hidrocarburos que mantiene en prisión a varios de sus compinches.

Esa declaración fue pactada con la Fiscalía por el abogado del comisionista, el exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, muy conocido en Canarias por su desempeño en la defensa de personalidades como Fernando Clavijo, actual presidente de la Comunidad Autónoma.

Fue Choclán el que consiguió que dos de los casos de corrupción por los que Clavijo estaba siendo investigado en los juzgados de la ciudad de La Laguna, de la que fue alcalde, fueran radicalmente archivados en el Tribunal Supremo después de que el hoy presidente de Canarias se aforara mediante la fórmula de ser designado senador por la Comunidad Autónoma a través del cupo perteneciente a su partido, Coalición Canaria.

Los dos asuntos, el caso grúas y el caso reparos, fueron archivados por la Sala Segunda del Supremo no sin polémica. En el primero de los casos, el alto tribunal ignoró por completo los escritos de las acusaciones particulares, que ni siquiera fueron contestados. Y en el segundo, desoyendo la petición del Ministerio Fiscal de que el investigado fuera llamado a declarar.

A Fernando Clavijo le viene muy bien que Aldama haya metido a Ángel Víctor Torres en el caso Koldo porque de ese modo se ha ahorrado el disgusto de inventarse una trama que no existe. Nada más saltar el escándalo, y acabado de tomar posesión, Clavijo pidió al Servicio Canario de la Salud los expedientes completos referidos a la compra de mascarillas para delimitar hasta dónde podía señalar a su antecesor que, no lo olvidemos, le ha ganado ya dos elecciones consecutivas: las de 2019 y las de 2023. Para entonces ya había estallado el primer caso mascarillas en el que se investiga a otras empresas y otros empresarios por haber cobrado sin suministrar los encargos. Los expedientes en poder de Clavijo no arrojaban ninguna irregularidad de su antecesor, y por eso los ataques a Torres desde Coalición Canaria se limitaron al principio a los exabruptos de algún diputado regional fanático.

Pero con el señalamiento de Aldama, Clavijo y su socio autonómico, el PP, tienen argumentos para, al menos, reclamar responsabilidades políticas. Saben que las penales carecen -al menos de momento- de base alguna.