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Muface, la última licitación
Mientras las aseguradoras privadas abandonan cuando el negocio deja de ser rentable, la sanidad pública nunca se mueve por criterios de rentabilidad. La razón de ser de la sanidad pública no es el negocio, sino la salud. Y esa es la garantía de que siempre estará donde se la necesite para quienes la necesiten La sanidad pública es el pilar fundamental de nuestro sistema de bienestar. Ha sido y es el principal motor de cohesión social en nuestro país, generando un profundo sentido de pertenencia y equidad. Es un motivo de orgullo colectivo que concita uno de los consensos más sólidos y transversales en nuestra sociedad. Ese orgullo no puede excepcionar a los empleados públicos que, día a día, sostienen nuestros servicios públicos. El sistema de MUFACE nació en los años 70, en un contexto muy diferente al actual. Se otorgó un servicio sanitario concertado a todos los trabajadores públicos en un momento de cambio político y con el objetivo de conseguir su adhesión a los planes de las élites políticas, antes de que se construyera un sistema nacional de salud que garantizarse una sanidad universal como derecho para toda la ciudadanía. Desde entonces, la realidad ha cambiado mucho. En la actualidad, el grupo de edad más numeroso entre los mutualistas se sitúa entre los 65 y 74 años. Y, lo más significativo, los nuevos mutualistas ya no eligen la sanidad privada: el 70% opta por el SNS, y en colectivos como el de los profesores universitarios, la cifra asciende al 80%. El mutualismo solo funciona cuando la población asegurada tiene riesgos variados, preferiblemente bajos y mientras sea un subsistema dentro de un sistema público que se haga cargo del grueso de los altos riesgos. Pero en el escenario actual, los nuevos mutualistas de bajo riesgo eligen directamente la sanidad pública, dejando en el sistema mutualista una población envejecida y con mayores necesidades de atención. O lo que las aseguradoras han pasado a llamar “mayor siniestralidad”. Hoy, la única manera de hacer viable el sistema de mutualismo sería con aumentos constantes y masivos de financiación. Incluso la última propuesta de subida del 41,2% de la cápita acabaría siendo insuficiente a largo plazo. Se suele decir que MUFACE es “más barato”, pero esto requiere matices. La prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial o las cardiopatías es mucho menor entre los mutualistas que eligen la sanidad privada, en comparación con la población del SNS. Sin embargo, las patologías más complejas, como el cáncer, las enfermedades raras o los trasplantes, son atendidas mayoritariamente en el ámbito público. Sin hablar de que es la sanidad pública la que sostiene la formación, la investigación y la tan mencionada durante la pandemia salud pública, pilares básicos del ecosistema sanitario. Además, la sanidad pública tiene una economía de escala que permite absorber a la población mutualista con un impacto relativamente contenido: un informe del Ministerio de Sanidad estima que supondría sólo un 2,1% de la población total. También hay evidencias de selección de riesgos en el mutualismo administrativo. Estudios de expertos en economía de la salud han demostrado que, ante diagnósticos de alto coste, como los oncológicos, los mutualistas tienden a trasladarse al Sistema Nacional de Salud. Incluso dentro del propio mutualismo, los que eligen la sanidad pública tienen menos prevalencia de enfermedades crónicas, pero una mayor incidencia de patologías de alta complejidad. Esto indica que las aseguradoras privadas no tienen la capacidad para atender enfermedades graves de forma sostenible. Las aseguradoras han tomado una decisión clara: han priorizado la salud de sus cuentas de resultados antes que la de sus asegurados, dando la espalda a un modelo que ya no les resulta rentable. Es el mercado, amigo, y ha dejado bien claro que, cuando el margen de beneficio se estrecha, la atención sanitaria deja de importar. Los sistemas sanitarios son testigos de la historia de los países. En España, esa historia ha sido la de unos servicios públicos que han crecido con rapidez y cierta fragmentación, pero que han convergido progresivamente en un modelo de mayor calidad, cohesión y solidez. El argumento de que “el sistema lleva muchos años” no es suficiente para justificar su pervivencia. Si nació para responder a una realidad que ya no existe, es momento de pasar pantalla. Por eso, esta nueva licitación, de acabar produciéndose, debe ser la última. Desde el mismo día en que se firme el contrato, debemos empezar a trabajar en la transición hacia un modelo de sanidad pública que atienda a todos sus ciudadanos por igual, sin excepciones, con más fortaleza y equidad. Estos últimos meses han servido para demostrar un elemento fundamental: mientras las aseguradoras privadas abandonan cuando el negocio deja de ser rentable, la sanida
Mientras las aseguradoras privadas abandonan cuando el negocio deja de ser rentable, la sanidad pública nunca se mueve por criterios de rentabilidad. La razón de ser de la sanidad pública no es el negocio, sino la salud. Y esa es la garantía de que siempre estará donde se la necesite para quienes la necesiten
La sanidad pública es el pilar fundamental de nuestro sistema de bienestar. Ha sido y es el principal motor de cohesión social en nuestro país, generando un profundo sentido de pertenencia y equidad. Es un motivo de orgullo colectivo que concita uno de los consensos más sólidos y transversales en nuestra sociedad. Ese orgullo no puede excepcionar a los empleados públicos que, día a día, sostienen nuestros servicios públicos.
El sistema de MUFACE nació en los años 70, en un contexto muy diferente al actual. Se otorgó un servicio sanitario concertado a todos los trabajadores públicos en un momento de cambio político y con el objetivo de conseguir su adhesión a los planes de las élites políticas, antes de que se construyera un sistema nacional de salud que garantizarse una sanidad universal como derecho para toda la ciudadanía.
Desde entonces, la realidad ha cambiado mucho. En la actualidad, el grupo de edad más numeroso entre los mutualistas se sitúa entre los 65 y 74 años. Y, lo más significativo, los nuevos mutualistas ya no eligen la sanidad privada: el 70% opta por el SNS, y en colectivos como el de los profesores universitarios, la cifra asciende al 80%.
El mutualismo solo funciona cuando la población asegurada tiene riesgos variados, preferiblemente bajos y mientras sea un subsistema dentro de un sistema público que se haga cargo del grueso de los altos riesgos. Pero en el escenario actual, los nuevos mutualistas de bajo riesgo eligen directamente la sanidad pública, dejando en el sistema mutualista una población envejecida y con mayores necesidades de atención. O lo que las aseguradoras han pasado a llamar “mayor siniestralidad”. Hoy, la única manera de hacer viable el sistema de mutualismo sería con aumentos constantes y masivos de financiación. Incluso la última propuesta de subida del 41,2% de la cápita acabaría siendo insuficiente a largo plazo.
Se suele decir que MUFACE es “más barato”, pero esto requiere matices. La prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial o las cardiopatías es mucho menor entre los mutualistas que eligen la sanidad privada, en comparación con la población del SNS. Sin embargo, las patologías más complejas, como el cáncer, las enfermedades raras o los trasplantes, son atendidas mayoritariamente en el ámbito público. Sin hablar de que es la sanidad pública la que sostiene la formación, la investigación y la tan mencionada durante la pandemia salud pública, pilares básicos del ecosistema sanitario. Además, la sanidad pública tiene una economía de escala que permite absorber a la población mutualista con un impacto relativamente contenido: un informe del Ministerio de Sanidad estima que supondría sólo un 2,1% de la población total.
También hay evidencias de selección de riesgos en el mutualismo administrativo. Estudios de expertos en economía de la salud han demostrado que, ante diagnósticos de alto coste, como los oncológicos, los mutualistas tienden a trasladarse al Sistema Nacional de Salud. Incluso dentro del propio mutualismo, los que eligen la sanidad pública tienen menos prevalencia de enfermedades crónicas, pero una mayor incidencia de patologías de alta complejidad. Esto indica que las aseguradoras privadas no tienen la capacidad para atender enfermedades graves de forma sostenible.
Las aseguradoras han tomado una decisión clara: han priorizado la salud de sus cuentas de resultados antes que la de sus asegurados, dando la espalda a un modelo que ya no les resulta rentable. Es el mercado, amigo, y ha dejado bien claro que, cuando el margen de beneficio se estrecha, la atención sanitaria deja de importar.
Los sistemas sanitarios son testigos de la historia de los países. En España, esa historia ha sido la de unos servicios públicos que han crecido con rapidez y cierta fragmentación, pero que han convergido progresivamente en un modelo de mayor calidad, cohesión y solidez. El argumento de que “el sistema lleva muchos años” no es suficiente para justificar su pervivencia. Si nació para responder a una realidad que ya no existe, es momento de pasar pantalla.
Por eso, esta nueva licitación, de acabar produciéndose, debe ser la última. Desde el mismo día en que se firme el contrato, debemos empezar a trabajar en la transición hacia un modelo de sanidad pública que atienda a todos sus ciudadanos por igual, sin excepciones, con más fortaleza y equidad.
Estos últimos meses han servido para demostrar un elemento fundamental: mientras las aseguradoras privadas abandonan cuando el negocio deja de ser rentable, la sanidad pública nunca se mueve por criterios de rentabilidad. La razón de ser de la sanidad pública no es el negocio, sino la salud. Y esa es la garantía de que siempre estará donde se la necesite para quienes la necesiten.
