Radiografía de la lucha judicial contra las terapias de conversión: estos son los casos abiertos en España

Perseguir las terapias de conversión en España es difícil. Hasta ahora no ha habido ninguna sanción administrativa a pesar de que siete leyes autonómicas y una estatal las prohíben. Tampoco ha habido ninguna condena. Es cierto que la promoción y práctica de las terapias de conversión no está tipificada como delito, pero habría encaje legal a través del llamado delito de odio o delito contra la dignidad de un colectivo protegido —en este caso, el colectivo LGTBIQ+—, tal y como detallan los expertos consultados.

“Las terapias de conversión en España se practican en la clandestinidad y la mayoría de las víctimas están controladas por estos círculos, sin incentivos para denunciar y con miedo”, explica el abogado Saúl Castro, especializado en luchar contra la LGTBIfobia. Aun así, Castro se ha propuesto utilizar todos los mecanismos disponibles en el sistema jurídico para acabar con la impunidad de quienes ejercen estas prácticas. Como presidente de No Es Terapia, ha iniciado varios procedimientos para perseguir a quienes tratan de modificar la orientación sexual o la identidad de género.

• Como explica Castro en su libro Ni enfermos ni pecadores, estas terapias siguen “enfoques psicoterapéuticos y enfoques de fe basados o bien en la idea de que la diversidad sexual y de género es contraria a la moral y pecaminosa, o bien en la idea de que procede de eventos traumáticos que han ocasionado una falta de maduración de la identidad que se entiende como ‘normal’”.

La última denuncia interpuesta para perseguir las terapias de conversión en España es contra siete diócesis españolas. Es la primera denuncia al amparo de la ley trans y LGTBI estatal, que lleva casi dos años en vigor. El Ministerio de Igualdad, órgano competente en este caso, ha decidido incoar expediente.

A raíz de esta denuncia iniciada por No Es Terapia, recopilamos todos los casos abiertos —es decir, que se están investigando, ya sea por la vía administrativa o por la penal— de los que esta asociación tiene conocimiento gracias a la monitorización constante que realizan y a su propio trabajo de litigio.

• La estrategia de litigio —que sea por la vía administrativa o penal, o que pase primero por Fiscalía o por un juzgado— depende de cada caso. Si, por ejemplo, en una comunidad autónoma no hay una ley LGTBI que tipifique como infracción estas terapias, es posible tirar por la vía penal para tratar de encajar los hechos en el delito de odio. También depende de la gravedad de los hechos en sí o de si hay víctimas denunciantes o no.

Caso 1. Cura de Toledo

A este párroco de Villarta de San Juan, de Cinco Casas y de Arenas de San Juan se le acusa de promocionar terapias de conversión. En su homilía aseguró que cambiar la atracción por personas del mismo sexo es posible con ayuda y esfuerzo, y también que esta atracción nace de la falta de cariño paterno. La ley LGTBI de Castilla-La Mancha establece sanciones de 30.001 hasta 60.000 euros para infracciones muy graves. De momento, la Consejería de Igualdad no ha incoado expediente ni se ha pronunciado sobre este caso.

Caso 2. Secta de Navalmoral de la Mata

Al matrimonio que lidera esta secta, como la califica la Policía, se le investiga por diversos delitos: contra la salud pública, de blanqueo de capitales, contra la integridad moral… Una de las muchas presuntas actividades delictivas de esta pareja era ofrecer servicios de “cura” de la homosexualidad en su Escuela Aquí y Ahora. Según el informe policial, ella, como terapeuta, “llevaba a cabo una terapia específica de conversión llamada ‘iniciación al mundo de la mujer’, con el objeto de modificar la orientación sexual de la persona homosexual”. Consistía en dejar de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo e iniciar una relación con una mujer, que solía ser ella misma o alguna compañera del grupo, como detalla el informe.

La organización No Es Terapia se ha personado como acusación popular en el caso para tratar de que se enjuicien esos hechos como un delito contra la integridad de un colectivo protegido (también conocido como delito de odio). Es decir, se les investiga por muchas cuestiones, pero la asociación que preside Saúl Castro batalla para que también se les investigue por promoción y práctica de terapias de conversión. En este caso, la Fiscalía se ha personado en la causa.

Caso 3. Imán de La Rioja

La víctima, una mujer trans, denuncia que fue engañada y retenida en su domicilio familiar donde un imán la agredió física y sexualmente para modificar su identidad de género. Según recoge la denuncia, el presunto agresor le gritaba que ella “iba a ir al infierno”, que “ni Dios ni nadie aceptaba su identidad”, y que “era un demonio”. Al imán denunciado se le investiga por detención ilegal, delito de agresión sexual, delito de odio y delito de lesiones. 

Caso 4. Organización Es posible la esperanza

A los miembros de esta organización se les atribuyen varios delitos, entre ellos un delito contra la dignidad de un colectivo protegido (delito de odio), precisamente por promoción y práctica de terapias de conversión. La víctima, que se ha querellado junto a No Es Terapia, asegura que empleaban medicación, logoterapia para aprender a hablar como una persona heterosexual, abstinencia sexual forzada, control masturbatorio…

A diferencia del caso del imam de La Rioja, donde también hay una víctima que denuncia, en este no solo se persigue la condena de quien presuntamente perpetró la terapia de conversión, sino que se investigue a la organización en sí porque, según explica Saúl Castro, “no ha cesado su actividad”. De momento, el caso está en fase de instrucción. Se le ha tomado declaración a la víctima denunciante y está pendiente que se cite a declarar a los investigados.

Caso 5. Fundación San Vicente Mártir

A esta fundación y a dos de sus responsables se les imputa la comisión de un delito de asociación ilícita y de un delito contra la dignidad de un colectivo protegido (delito de odio). Según la denuncia, difunden materiales y dan formación al profesorado de 68 colegios católicos explicando que la homosexualidad se puede modificar a través de “un plan de tratamiento integral de cuatro etapas para la curación”.

Este caso ha llegado directamente a la Sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia. Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal, y tendrá que decidir si acuerda o no remitirlo al juzgado competente para que inicie el procedimiento penal.

Caso 6. Docente religioso de Alaquàs

A este docente religioso se le atribuye la comisión de un delito contra la dignidad de un colectivo protegido (delito de odio) por ofrecer a sus alumnos terapias para sanar la homosexualidad en el marco de sus labores como profesor en el Centro Madre Josefa Campos de Alaquàs, así como en su puesto en el Centro Diocesano de Orientación Familiar Mater Misericordia. En esta investigación de Más Vale Tarde, el profesor aseguraba trabajar “con gente de 16 o de 18 años” y que la homosexualidad “está diseñada por el demonio”.

Este caso salió a la luz después de que varios exalumnos hiciesen públicos sus testimonios por primera vez en Levante-EMV. Tras elevarlo a inspección educativa, llegó a manos de la Sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia, que decidió remitirlo al juzgado competente para que iniciase el procedimiento penal. Actualmente está en fase de instrucción. 

Caso 7. Organización internacional Courage

Se investiga tanto a esta organización estadounidense como a las personas que han amparado la apertura de delegaciones en España (concretamente, en Toledo) por un delito de asociación ilícita y por un delito contra la dignidad de colectivo protegido (por promoción y práctica de terapias de conversión). Se les acusa de practicar terapias para “restaurar la orientación sexual”. Para ello, adaptan los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos a la anulación de la homosexualidad, pues la entienden como una adicción. Courage ha sido clasificada como organización perpetradora de terapias de conversión por la ONG de derechos LGTBI ILGA Mundo.

No Es Terapia acudió primero a la vía administrativa, pero ante el silencio prolongado de la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha, decidió acudir a la vía penal. En este caso, remitió el caso a la Sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Toledo. La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal, y tendrá que decidir si acuerda o no remitirlo al juzgado competente para que inicie el procedimiento penal.

Caso 8. Coach del “TOC homosexual”

Esta “coach de la identidad”, como se autodenomina, ya fue denunciada previamente por la vía administrativa, pero el caso quedó archivado por la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, ahora por la vía penal, se la investiga por un delito contra la dignidad de un colectivo protegido (delito de odio), pero No Es Terapia ha recurrido el auto para que se amplíen los hechos objeto de enjuiciamiento y también se la investigue por intrusismo profesional y por publicidad fraudulenta. Esta coach ha acuñado el término “TOC homosexual” como una enfermedad que, en realidad, no recoge ningún manual diagnóstico. Ofrece servicios terapéuticos para vivir una “heterosexualidad plena”. La Fiscalía está personada en la causa.

Caso 9. Siete diócesis españolas

Se imputa a estas siete diócesis españolas la comisión de una infracción muy grave, la de promoción de terapias de conversión. A través del proyecto Transformados, promueven cambiar la sexualidad de las personas homosexuales mediante la castidad. Están localizadas en Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Sigüenza-Guadalajara, Getafe, Valencia y Málaga. Es la primera denuncia al amparo de la ley trans y LGTBI estatal. La norma considera la promoción de las terapias de conversión una infracción muy grave, y establece sanciones de entre 10.001 y 150.000 euros. De momento, el Ministerio de Igualdad, órgano competente, ha incoado expediente para investigar los hechos.

Tipificar las terapias de conversión en España como delito

Desde la oferta de terapias de conversión a través de MilAnuncios hasta la denuncia al Obispado de Alcalá de Henares, todavía no se ha impuesto ninguna sanción ni condena por la promoción y/o prácticas de terapias de conversión en España. Uno de los objetivos de la asociación No Es Terapia es llevar las terapias de conversión al Código Penal. Es decir, criminalizarlas. Incluso aunque se lograse una sanción en algunos de los casos abiertos que van por la vía administrativa, el abogado Saúl Castro recuerda que “las sanciones no son eficaces ni disuasorias”.

Aunque varios de los casos cursen por la vía penal y se trate de enjuiciar los hechos como delito de odio, la abogada penalista Ana Cal señala que en la mayoría de los casos hay que recurrir “a tipos penales residuales”. Por ejemplo, al delito de lesiones. Esto, según Cal, provoca que “muchas conductas queden impunes”.

De hecho, tipificar las terapias de conversión como un delito específico “facilitaría enjuiciar los hechos sin necesidad de contar con víctimas porque estas, en su mayoría, o no denuncian o denuncian cuando ya ha prescrito”, explica Castro. Un informe del Parlamento Europeo relataba las consecuencias que sufren las víctimas de terapias de conversión: “Pensamientos suicidas e intentos de suicidio, autolesiones, depresión, ansiedad y odio hacia uno mismo”.

Durante la tramitación de la ley trans y LGTBI estatal, Más País y Equo registraron una enmienda para criminalizar las terapias de conversión. Proponían penas de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses. Sin embargo, la enmienda no salió adelante. Uno de los grupos parlamentarios que votó en contra fue el PSOE, que, sin embargo, llevaba la criminalización de estas prácticas en el programa electoral con el que concurrieron a las elecciones de 2023. El Ministerio de Igualdad, además de incoar expediente por la denuncia contra siete diócesis españolas, ha anunciado que trabaja “en un informe para valorar modificar el Código Penal y convertirlas en delito”. También Compromís ha asegurado que trabajará para llevar la reforma penal al Congreso.