Miedo y solidaridad en Chicago contra las redadas migratorias de Trump: "Son como linchamientos"

Los residentes migrantes temen salir de sus casas, pero muchos en la ciudad están organizando asistencia legal, talleres y servicios religiosos virtualesTrump da la orden de realizar redadas contra migrantes en escuelas e iglesias Algunos rincones de Chicago han estado demasiado tranquilos esta semana. Residentes que llevan décadas viviendo en esta ciudad sin documentación temen salir de sus hogares. Padres sin papeles han estado firmando poderes notariales para facilitar asuntos de custodia en caso de ser detenidos y separados de sus hijos. Los dueños de negocios han delegado en sus empleados el manejo de todos sus asuntos en caso de que algo ocurra. Pero, en otros aspectos, la ciudad ha estado en plena actividad. Los talleres 'Conozca sus derechos', que se llevan a cabo en centros comunitarios, parques locales y reuniones sindicales en toda la ciudad, han convocado a un gran número de participantes. Una red de voluntarios locales se ha coordinado para hacer seguimiento de las operaciones de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y comunicando a las familias de los detenidos con asesores legales. “El Gobierno quiere meternos miedo. Quieren paralizarnos. Quieren inmovilizarnos por esta situación”, dice la congresista estadounidense Delia Ramirez en una rueda de prensa realizada el miércoles en el Malcolm X College de Chicago. “Pero ¿qué hacen la comunidad y el estado de Illinois cuando estamos siendo atacados? Nos ponemos de pie y luchamos, amigos”. Chicago llevaba meses preparándose para las redadas porque Donald Trump había prometido cumplir su propuesta de campaña de llevar a cabo “deportaciones masivas” tan pronto como asumiera el cargo. En la antesala a la toma de posesión, varias informaciones indicaban que la ciudad sería uno de los primeros objetivos. Desde entonces, el ICE, la rama más grande del Departamento de Seguridad Nacional, anunció que llevaría a cabo “operaciones dirigidas y mejoradas” en Chicago, junto con varias otras agencias federales, como el FBI, la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y los US Marshals. El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, dijo que las redadas de Chicago podrían tener por objetivo hasta 2.000 personas. La magnitud de las redadas, que apuntan a personas en toda la región, ha sido aterradora, según Tovia Siegel, directora de organización y liderazgo del Resurrection Project, una organización sin ánimo de lucro que proporciona ayuda legal y educación comunitaria a los inmigrantes. “Están generando un pánico enorme que hace que la gente no quiera salir de sus casas, ir a trabajar ni llevar a sus hijos a la escuela”, dice Siegel. Siegel dice que los agentes se han centrado principalmente en arrestar a personas en sus hogares. Los agentes, que a veces llegan en vehículos no identificados o con las insignias de varias agencias federales, han confundido a la gente. “Vemos a niños aterrados porque temen que al regresar de la escuela sus padres no estén en casa”. Trump y su equipo han enfatizado que las redadas apuntan a capturar criminales, pero hasta ahora han sido detenidas tanto personas con antecedentes penales como personas sin ellos. “Se dice que la prioridad es lidiar con los criminales, pero el impacto es más amplio”, dice el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, que ha sido abiertamente crítico con las políticas migratorias de Trump y es uno de varios fiscales generales demócratas que están demandando al Gobierno por sus esfuerzos por eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados. Raoul cuenta que ciudadanos estadounidenses y residentes legales también son llevados en las redadas, “ya sea de manera intencionada o como consecuencia no deseada” de la elaboración de perfiles raciales por parte de las autoridades. La decisión del Gobierno de anular una normativa vigente desde 2011 que prohibía las redadas migratorias en escuelas, iglesias y hospitales no hace más que aumentar la intranquilidad y el malestar. A finales de la semana pasada, directivos de las escuelas públicas de Chicago denunciaron haber visto agentes de inmigración en la escuela primaria Hamline, ubicada en el suroeste de la ciudad. Más tarde se supo que los oficiales eran del Servicio Secreto y no estaban llevando a cabo tareas de control migratorio. Sin embargo, el incidente causó inquietud a padres y educadores. En el distrito 25 de Chicago, que abarca el barrio de Pilsen y cuya población está compuesta por muchas familias inmigrantes, el concejal Byron Sigcho-Lopez dice que tras el incidente con el Servicio Secreto, la asistencia en las escuelas secundarias disminuyó al menos en un tercio, y que en las escuelas primarias la asistencia fue aún más baja. En los vecindarios de Brighton Park y Little Village, hogar d

Feb 3, 2025 - 08:32
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Miedo y solidaridad en Chicago contra las redadas migratorias de Trump: "Son como linchamientos"

Miedo y solidaridad en Chicago contra las redadas migratorias de Trump: "Son como linchamientos"

Los residentes migrantes temen salir de sus casas, pero muchos en la ciudad están organizando asistencia legal, talleres y servicios religiosos virtuales

Trump da la orden de realizar redadas contra migrantes en escuelas e iglesias

Algunos rincones de Chicago han estado demasiado tranquilos esta semana.

Residentes que llevan décadas viviendo en esta ciudad sin documentación temen salir de sus hogares. Padres sin papeles han estado firmando poderes notariales para facilitar asuntos de custodia en caso de ser detenidos y separados de sus hijos. Los dueños de negocios han delegado en sus empleados el manejo de todos sus asuntos en caso de que algo ocurra.

Pero, en otros aspectos, la ciudad ha estado en plena actividad. Los talleres 'Conozca sus derechos', que se llevan a cabo en centros comunitarios, parques locales y reuniones sindicales en toda la ciudad, han convocado a un gran número de participantes. Una red de voluntarios locales se ha coordinado para hacer seguimiento de las operaciones de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y comunicando a las familias de los detenidos con asesores legales.

“El Gobierno quiere meternos miedo. Quieren paralizarnos. Quieren inmovilizarnos por esta situación”, dice la congresista estadounidense Delia Ramirez en una rueda de prensa realizada el miércoles en el Malcolm X College de Chicago. “Pero ¿qué hacen la comunidad y el estado de Illinois cuando estamos siendo atacados? Nos ponemos de pie y luchamos, amigos”.

Chicago llevaba meses preparándose para las redadas porque Donald Trump había prometido cumplir su propuesta de campaña de llevar a cabo “deportaciones masivas” tan pronto como asumiera el cargo. En la antesala a la toma de posesión, varias informaciones indicaban que la ciudad sería uno de los primeros objetivos.

Desde entonces, el ICE, la rama más grande del Departamento de Seguridad Nacional, anunció que llevaría a cabo “operaciones dirigidas y mejoradas” en Chicago, junto con varias otras agencias federales, como el FBI, la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y los US Marshals. El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, dijo que las redadas de Chicago podrían tener por objetivo hasta 2.000 personas.

La magnitud de las redadas, que apuntan a personas en toda la región, ha sido aterradora, según Tovia Siegel, directora de organización y liderazgo del Resurrection Project, una organización sin ánimo de lucro que proporciona ayuda legal y educación comunitaria a los inmigrantes.

“Están generando un pánico enorme que hace que la gente no quiera salir de sus casas, ir a trabajar ni llevar a sus hijos a la escuela”, dice Siegel.

Siegel dice que los agentes se han centrado principalmente en arrestar a personas en sus hogares. Los agentes, que a veces llegan en vehículos no identificados o con las insignias de varias agencias federales, han confundido a la gente. “Vemos a niños aterrados porque temen que al regresar de la escuela sus padres no estén en casa”.

Trump y su equipo han enfatizado que las redadas apuntan a capturar criminales, pero hasta ahora han sido detenidas tanto personas con antecedentes penales como personas sin ellos.

“Se dice que la prioridad es lidiar con los criminales, pero el impacto es más amplio”, dice el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, que ha sido abiertamente crítico con las políticas migratorias de Trump y es uno de varios fiscales generales demócratas que están demandando al Gobierno por sus esfuerzos por eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados.

Raoul cuenta que ciudadanos estadounidenses y residentes legales también son llevados en las redadas, “ya sea de manera intencionada o como consecuencia no deseada” de la elaboración de perfiles raciales por parte de las autoridades.

La decisión del Gobierno de anular una normativa vigente desde 2011 que prohibía las redadas migratorias en escuelas, iglesias y hospitales no hace más que aumentar la intranquilidad y el malestar. A finales de la semana pasada, directivos de las escuelas públicas de Chicago denunciaron haber visto agentes de inmigración en la escuela primaria Hamline, ubicada en el suroeste de la ciudad. Más tarde se supo que los oficiales eran del Servicio Secreto y no estaban llevando a cabo tareas de control migratorio. Sin embargo, el incidente causó inquietud a padres y educadores.

En el distrito 25 de Chicago, que abarca el barrio de Pilsen y cuya población está compuesta por muchas familias inmigrantes, el concejal Byron Sigcho-Lopez dice que tras el incidente con el Servicio Secreto, la asistencia en las escuelas secundarias disminuyó al menos en un tercio, y que en las escuelas primarias la asistencia fue aún más baja. En los vecindarios de Brighton Park y Little Village, hogar de muchas familias mexicano-estadounidenses y otras comunidades de inmigrantes, las asociaciones vecinales que gestionan programas extracurriculares informan que se ha producido una caída significativa en la asistencia.

En la Iglesia Metodista Unida Lincoln, en el barrio de Pilsen, donde aproximadamente tres cuartas partes de los residentes son mexicano-estadounidenses, el servicio dominical en español ahora se realiza por Zoom para que los feligreses, sin importar su estatus migratorio, puedan asistir de manera segura. “No hacíamos esto desde el comienzo de la pandemia”, dice la reverenda de la iglesia, Emma Lozano, que además es desde hace mucho tiempo defensora de los derechos de los inmigrantes.

“En ese entonces pensábamos que era algo excepcional. Estábamos esperando la vacuna, la medicina”, dice. Pero esta vez no está segura de cuánto tiempo más sus feligreses tendrán que asistir a misa de forma virtual. “Todos estamos tratando de averiguar cuánto tiempo durará esto ¿Y cuál es la medicina para esto?”. La iglesia de Lozano es un refugio para migrantes desde hace mucho tiempo. En 2006 atrajo la atención nacional cuando la activista Elvira Arellano se refugió y resistió el arresto allí durante meses junto con su hijo pequeño. Su acción inspiró a iglesias de todo EEUU a unirse a un “movimiento de santuario” en solidaridad.

Pero ahora, la ciudad está en el punto de mira del Gobierno de Trump y Lozano está alarmada. La iglesia ha intensificado sus protocolos de seguridad, asegurándose, por ejemplo, de que la puerta haya quedado cerrada después de que hayan llegado todos los niños que asisten a las clases nocturnas de capoeira. Lozano cuenta que ella misma siente ansiedad y está preocupada por su seguridad y por las amenazas de los seguidores de Trump.

Lozano dice que le han causado dolor los vídeos en redes sociales y las transmisiones televisivas de agentes del ICE derribando puertas o de redadas en las que participa el psicólogo y personalidad televisiva Dr. Phil. “Son casi como linchamientos. Hay una perversión y obtienen algún tipo de placer al aterrorizar a esta población de inmigrantes”.

Para muchos activistas, las actividades del Gobierno en Chicago están lejos de ser una sorpresa. “Ciudad santuario” para inmigrantes desde 1985, ha sido durante mucho tiempo el blanco de la ira de los halcones antiinmigración más intransigentes y de los políticos conservadores.

Su estatus de “ciudad santuario” inició cuando el entonces alcalde Harold Washington prohibió que los funcionarios municipales cooperaran con los agentes federales de inmigración y exigió que los servicios de la ciudad se proporcionaran a todos los residentes, sin importar su estatus migratorio. La orden eventualmente se convirtió en ley, aunque los alcaldes han reducido su alcance a lo largo de los años. El actual alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha prometido defender ferozmente a los inmigrantes de su ciudad. El miércoles, los republicanos en el Congreso pidieron que testificara en una audiencia sobre las “ciudades santuario”.

En los últimos dos años, el estado de Texas ha enviado en autobuses a miles de personas, principalmente venezolanos, a la ciudad y sus suburbios, incluso durante el más crudo invierno. Ahora, tanto los recién llegados como las personas que llevan años viviendo indocumentados en la ciudad están en alerta máxima y los activistas se esfuerzan por entender por qué y cómo se está determinando quiénes son los objetivos de las redadas.

Para Yess Gómez, que lleva dos décadas viviendo en Chicago, las redadas han traído consigo una ansiedad que le es familiar, pero también han despertado un espíritu desafiante. “Tenemos miedo, pero el miedo no nos ha paralizado”, dice Gómez, involucrada en el movimiento por los derechos de los inmigrantes en Chicago desde hace muchos años. “Mis hijos no merecen ver a su madre escondiéndose. Y no voy a hacerlo”. En su lugar, se ha estado preparando.

The Guardian no publica el apellido completo de Gómez para protegerla ante posibles represalias. Ella tiene permiso de trabajo como parte de un programa que retrasa las deportaciones de trabajadores que han sufrido o han sido testigos de abusos laborales y trabaja como camarera. Ella, su esposo y sus cinco hijos – tres niños pequeños y dos adultos veinteañeros– han implementado un protocolo de seguridad para mantenerse en contacto cada pocas horas. “Si alguien no se pone en contacto, se activa el protocolo y comenzamos a averiguar dónde está. Algunos de nosotros incluso, a modo de precaución, tenemos activado el rastreo por geolocalización en nuestros móviles”, dice.

Lo que más le asusta no es ser deportada a México, sino ser extirpada de la vida que ha construido en EEUU. “Lo que realmente me asusta es tener que empezar de nuevo. Eso es lo que más tememos: tener que volver a empezar de nuevo”.

Durante el primer Gobierno de Trump, Gómez le pidió al obispo de su congregación que tomara la custodia de sus hijos en caso de que ella y su esposo fueran arrestados y deportados. Esta vez ha encomendado a sus hijos adultos que cuiden de sus hermanos y contacten a los abogados de la familia si a los padres les llega a suceder algo.

También han estado recurriendo a las redes locales de defensores que han estado patrullando y rastreando la actividad de ICE, y verificando qué rumores son creíbles y cuáles son desinformación.

Como muchos activistas en la ciudad, Gómez se alegró al escuchar las recientes quejas del “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, respecto a que los habitantes de Chicago están demasiado “bien entrenados” sobre cómo oponer resistencia a los agentes de inmigración.

“En las ciudades santuario se está haciendo muy difícil arrestar a los criminales. Por ejemplo, en Chicago, muy bien entrenada, han aprendido cómo desafiar al ICE, cómo esconderse del ICE”, dijo Homan a CNN el lunes por la noche.

Para Gómez, esto demuestra que la gente en esta ciudad sabe cómo cuidarse unos a otros: “Aunque querían montar un espectáculo aquí, no pudieron hacerlo”.

Traducción de Julián Cnochaert

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