Los trabajadores sociales ven "perverso" el plan de la Xunta que agiliza trámites a dependientes por "privatizar el sistema"

El plan de la Xunta, anunciado a bombo y platillo, para tratar de conseguir que todos los casos de dependencia se valoren en los seis meses que marca la ley –hoy se tarda más del doble, 388 días– tiene una doble cara. El Colexio Oficial de Traballo Social (COTS) considera que algunas de sus medidas estrella son “perversas” porque abren la puerta de entrada a la privatización. Critican la desaparición del informe social o el compromiso de proporcionar unas ayudas “escasas e insuficientes” a quienes no puedan acceder al servicio demandado en lugar de crear la estructura pública que lo sostenga. Para la Xunta, lo que se hace es liberar de burocracia a los profesionales para que se puedan centrar en la atención directa a las personas.

El Plan de agilización y simplificación de los trámites de dependencia y discapacidad, que así se llama, fue presentado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, como principal asunto de la última reunión del Gobierno gallego en 2024. 90 millones de euros destinados a reducir la burocracia para “garantizar” que ninguna persona espere más de medio año desde que presenta una solicitud, que ahora es única, hasta que reciba el servicio o prestación demandado. Si, cuando eso sucede, no puede acceder de “inmediato” a él, se le ofrecerá “de forma automática” una prestación económica vinculada a ese servicio o al de entorno familiar.

En esa cruzada contra la burocracia, el informe médico y el informe social que acompañaban la solicitud fueron los primeros en caer. Este último dictamen, sin embargo, es clave para el COTS. Sin él, dicen, una solicitud de dependencia o de discapacidad deja de ser una intervención social. “El informe es el que garantiza saber si, dentro del abanico de posibilidades del sistema, el recurso solicitado es el idóneo para la persona o no”, explica a elDiario.es su presidenta, Miriam Rodríguez. “Un acompañamiento, a cargo del profesional responsable, que es necesario como en cualquier otra responsabilidad pública”.

Ahora, según el Colexio, la supresión de ese documento técnico “despoja a las personas del seguimiento adecuado y del asesoramiento que hace el sistema público”, algo especialmente grave cuando se habla de personas dependientes “que son vulnerables y a las que hacer todo el proceso de solicitud y seguimiento sin acompañamiento les resulta muy difícil”.

Rodríguez no cree que se pueda culpar al informe social de la lentitud de las valoraciones y, mucho menos, del acceso a servicios y recursos muy limitados. “Si no aumenta la inversión, las personas no van a tener a donde acceder aunque la solicitud sea más ágil”. En la presentación del plan, la conselleira justificó su supresión argumentando que, sin este trabajo burocrático y administrativo, los servicios sociales municipales podrán centrarse en la atención.

Las empresas, al acecho

Sin el informe social, la solicitud de dependencia o discapacidad queda reducida, según el COTS, a un simple acto administrativo para el que, en muchos casos, la persona dependiente seguirá necesitando ayuda. Eso es lo que han detectado las gestorías y empresas privadas de cuidados que se están ofreciendo a realizar ese trámite a cambio de un pago. En internet pueden encontrarse ya ofertas de trabajo destinadas a captar personas que realicen “valoraciones a domicilio”. Una de las que ha localizado el colegio utiliza un modelo de cuestionario tipo test “preestablecido” y ofrece como condiciones “alta en la seguridad social y 45 euros por valoración”.

Rodríguez critica esta situación: “Los usuarios no necesitan tener que contratar a nadie, las profesionales somos más conocedoras del sistema que cualquier gestoría privada y hacemos una valoración técnica: si se necesita ayuda de forma urgente, lo justificamos. Nos parece una forma de dejar a las personas en manos de los intereses privados”.

Esa misma lectura es la que hace de la asignación “automática” de una ayuda si el recurso solicitado no está disponible. “Es muy perverso, porque lo que indica es que si no se tiene servicio público, se puede dar una ayuda para un privado”. La falta de equipos que puedan acompañar a las personas dependientes y discapacitadas en su propio entorno, acaba provocando que tengan que ser “institucionalizados de forma prematura”; sin eufemismo: ingresados en una residencia antes de lo que les correspondería, “a veces, por su propia protección”. Esta forma de actuar, según Rodríguez, contradice todas las estrategias europeas y estatales, que apuestan por promover “comunidades sostenibles y saludables, que jóvenes y mayores puedan convivir con un sistema de cuidados, pero que no tengan que ser ingresados”.

Frente a eso, el modelo impulsado por la Xunta “prima que se contraten servicios privados y la administración ayude con una cantidad”. Ahora mismo, recuerda Política Social, se facilita una prestación de 5.000 euros anuales a las personas que quieren permanecer en sus hogares para ser cuidados por un familiar o un allegado y un complemento de 1.200 euros al año para quienes prefieran acceder a una residencia.

“Así se desmantela el sistema, no se hacen cambios estructurales para que funcione mejor”, concluye Rodríguez tras recordar que, con unas pensiones “que no llegan a la tercera parte del coste de una residencia privada”, de poco sirven esas cantidades que aporta la Xunta. “Es un método muy cómodo para la administración, pero también muy neoliberal. Y ya sabemos cuánto ha contribuido el neoliberalismo a los servicios públicos y el Estado del bienestar”, ironiza la presidenta del Colexio.

Para mostrar su oposición a estos cambios y “en defensa de un sistema público”, los trabajadores sociales gallegos, junto a los sindicatos CCOO y SLG, se concentrarán el lunes 10 de febrero ante la sede del Gobierno gallego.

La Xunta: “No se anula la figura del trabajador social”

La Xunta, por su parte, insiste en que la intención del Plan es reducir los tiempos de espera y mejorar el acceso a los servicios y por eso opta porque sólo sea preciso presentar una solicitud “con toda la información social y familiar de la persona”.

“En ningún caso se anula la figura del trabajador social”, ha respondido a elDiario.es un portavoz de la Consellería de Política Social. “Todo lo contrario, pone en valor su trabajo de valoración, asesoramiento y seguimiento de los servicios o prestaciones de la dependencia”.

“Lo que se hace”, continúa, “es reducir su carga burocrática y las tareas administrativas para centrarse en la atención directa a las personas”, algo que hará “valorando la situación familiar y personal del solicitante y ofreciéndole asesoramiento sobre los servicios y prestaciones a los que tiene derecho ayudándole a cubrir la solicitud”. Añade además que el informe social no se elimina, sino que “deja de ser preceptivo con cada solicitud” y podrá emitirse “en los casos en que se considere necesario”.