Las medidas de la ley del suelo registrada por el PP en el Senado

El Partido Popular ha registrado este viernes en el Senado una proposición de ley del suelo con la que pretende agilizar la construcción de nuevas viviendas, facilitando que el suelo se pueda convertir en urbanizable con seguridad jurídica y menos “trabas administrativas”. Todo ello respetando, según dicen, las competencias autonómicas en la materia.

• El PP buscará el apoyo de otros grupos para sacar adelante su ley del suelo, que tramitará en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, pero que debe obtener el visto bueno del Congreso para quedar aprobada.

Contexto. El PSOE y el PNV presentaron conjuntamente una proposición de ley en el Congreso para reformar la ley del suelo en junio de 2024. Sin embargo, el PSOE decidió tres meses después posponer su debate en el Congreso “para dar más tiempo a la negociación con la oposición y sus aliados”. Esta continúa en tramitación.

Lo esencial. La propuesta popular, a la que ha tenido acceso Newtral.es, plantea modificar cuatro normas ya existentes. Estas son la ley del suelo, la ley de vivienda, la ley de jurisdicción contencioso-administrativa y la ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas.

• La proposición de ley de suelo dará también cobertura jurídica al Plan de Vivienda del PP, presentado este jueves por el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo.

Estas son las principales modificaciones que propone  el PP:

Modificar la Ley de Vivienda. La proposición de ley del suelo del PP busca modificar los aspectos que el partido considera “más lesivos” de la ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. 

• De este modo, pretende derogar las “medidas intervencionistas en el mercado de alquiler” como las zonas de mercado tensionado, el índice de precios de referencia de los alquileres y las medidas de “tolerancia a la inquiocupación” [inquilinos que dejan de pagar la renta].

Silencio administrativo positivo. El PP introduce este concepto para agilizar la obtención de licencias de edificación. Esto significa que si la administración pública no responde de forma “expresa” a una solicitud de licencia urbanística en un plazo de tres meses, se considerará que la petición ha sido aprobada por “silencio administrativo”.

• Se exceptúan de esta medida los edificios que tengan algún tipo de protección ambiental, patrimonial o histórica.

Subsanar errores. El PP señala que actualmente, si un plan urbanístico es anulado por falta de algún informe obligatorio, se vuelve a aplicar el plan anterior, aunque esté desactualizado. De esta forma, propone que se permita subsanar el error sin necesidad de volver al planeamiento antiguo.

• Además, solo se anularán las partes afectadas por el error, mientras que el resto se mantendrán vigentes.

Reforma de la acción pública en urbanismo. El texto recoge que hay personas y empresas que presentan demandas contra planes urbanísticos por razones de interés económico. 

• De esta forma, se propone que antes de analizar una impugnación a un plan urbanístico, primero se comprobará si quien la presenta cumple los requisitos legales para ejercerla.