Aagesen pide “responsabilidad” al Congreso para aprobar la Comisión Nacional de Energía “lo antes posible”

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha pedido este lunes al Congreso “responsabilidad” para aprobar “lo antes posible” la recuperación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que su antecesora, Teresa Ribera, confiaba en tener en marcha a finales de 2024 al presentarse el anteproyecto de creación de este organismo hace ya casi un año.

En una comparecencia a petición propia para informar de las líneas generales de su departamento, la primera como ministra, Aagesen ha defendido el cierre de las centrales nucleares que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y, ante la defensa que Vox hace de esta fuente, ha explicado que el coste neto medio de la generación de electricidad nuclear a lo largo de su vida útil ha pasado de 123 euros /MWh en 2009 a 180 en 2023, frente a los 44-36 euros de la solar y la eólica. “¿Les preocupa la soberanía energética, la autonomía estratégica? La apuesta son las renovables”, ha señalado.

Ha insistido en que el calendario de cierre “permite la entrada de potencia renovable”, fue “pactado” con las empresas propietarias y se ha “acompasado con una responsabilidad en la gestión” y un nuevo plan de residuos que “no existía desde 2006”. España es “el único país de Europa con una estrategia de transición justa para las zonas nucleares”. En noviembre y diciembre, la parada de la nuclear de Ascó no afectó a la seguridad de suministro ni a los precios, que en varios momentos “llegan prácticamente a cero, cuando hay más generación renovable”.

La vicepresidenta se ha felicitado por el 56% de renovables en el mix eléctrico de 2024, según los datos que acaba de actualizar Red Eléctrica, y se ha felicitado por la “explosión” del autoconsumo de los últimos años, cuyo marco prevé actualizar este año para “maximizar” su penetración. Pero ha descartado que el radio para autoconsumir se amplíe a 20 kilómetros porque eso “no es consumo de proximidad”.

También ha confiado en celebrar “lo antes posible” una nueva subasta de cogeneración. Ha confirmado que se van a poner en marcha concursos de acceso a la red para la demanda (también los centros de datos) con el objetivo de seleccionar “los mejores proyectos”. Ha dicho que su intención es que la tarifa regulada de electricidad PVPC “siga estando”, no solo para los vulnerables, porque “está expuesta al mercado”.

La vicepresidenta ha descartado continuar con la tramitación del proyecto de ley en el que PP y Junts 'colaron' en septiembre una enmienda para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica cuando no haya déficit de tarifa.

Ha garantizado que con los planes de ordenación de eólica offshore “el 99,54% de nuestro espacio marítimo” no va tener parques de este tipo. Una vez aprobadas las bases que regulen la concurrencia competitiva se va a promover el diálogo público para que participen “todos los actores afectados” por los proyectos, que deberán someterse además a declaración de impacto ambiental.

Aagesen ha situado entre las medidas a adoptar a “corto y medio plazo” la planificación de la red de transporte hasta 2030, el nuevo mecanismo de capacidad para evitar cortes de suministro eléctrico e impulsar el almacenamiento, que ha confiado en que esté autorizado “muy pronto”, y la nueva Estrategia para el Reto Demográfico, que se ha sacado a consulta previa este lunes.

Decreto ómnibus

Aagesen ha cargado contra la oposición por la “irresponsabilidad magnánima” de dejar caer el decreto ómnibus de la semana pasada. “Sigo sorprendida. El martes dieron un portazo a los vulnerables”. Ha expresado su “preocupación” por la no extensión de los descuentos del bono social para los más vulnerables y ha avanzado que los beneficiarios del bono alcanzaban a cierre de 2024 a 1,6 millones de hogares. Ha recordado además que ha decaído también la compensación del 90% de los peajes eléctricos a la gran industria, medida “fundamental” reclamada por el sector industrial; y las ayudas del Plan Moves III y la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos.

En el caso del coche eléctrico, ha enumerado las medidas para incentivar el despliegue de eléctricos, con un “histórico” paquete de 1.550 millones en ayudas a través del plan Moves, aunque, ha apuntado, en varios casos su seguimiento corresponde a las comunidades autónomas. Ha explicado que hasta ahora se han subvencionado 98.000 puntos de recarga y 123.000 vehículos eléctricos y hay 40.000 puntos de recarga operativos, un 33% más en 2024. Se instalan más de 1.000 al mes.

Aagesen ha prometido orientar sus políticas desde el “rigor técnico” y buscando siempre el “consenso a pesar de la complejidad”. Ha iniciado su comparecencia con cuatro ideas clave: que “es falsa cualquier dicotomía que pretenda dividir la transición ecológica y la política económica”; que “debemos seguir acelerando la mitigación y la adaptación al cambio climático”, que esta es una “apuesta clara de la sociedad española” y que el país tiene una gran oportunidad con las renovables, que han ahorrado 14.000 millones a España en cinco años, la quinta parte del ahorro total que han permitido a Europa en ese tiempo.

Aagesen ha defendido que los Informes Draghi y Letta se alinean “plenamente” con las políticas del Gobierno. Por ejemplo, cuando Draghi señala que un factor esencial de la pérdida de competitividad industrial en Europa es la energía. Ha asegurado que los PERTEs de renovables, chips o vehículo eléctrico, la reducción de precios en la energía de los últimos años y la apuesta por la autonomía energética, estratégica y tecnológica a través de las renovables son una muestra. “Somos un ejemplo a seguir”.

La vicepresidenta ha señalado que la tragedia de la DANA de Valencia muestra por qué hay que “acelerar” la transición y la adaptación al cambio climático. Ha asegurado que “no falló la ciencia, no fallaron los técnicos ni fallaron los avisos”, pero sí “falló el sistema de alertas” y hay que extraer las “lecciones aprendidas”. Ha asegurado que la reconstrucción “sigue siendo una prioridad” y ha pedido a los diputados que no contribuyan a “la crispación”.

Respecto a las demoliciones de presas que según Vox ha llevado a cabo el Gobierno, ha explicado que en los últimos años solo se han producido cuatro: tres bajo el Gobierno del PP y una reciente, La Alberca, demolida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2021. Se ha mostrado convencida de que se hizo “con fundamento técnico”.

La vicepresidenta ha defendido que “nunca ha habido trato preferencia” de su ministerio a Villafuel, la empresa de la trama de hidrocarburos del comisionista Víctor de Aldama, cuyo expediente para ejercer como operador en este sector se tramitó, ha explicado, en un tiempo tres veces más largo de lo normal por los sucesivos requerimientos de información y porque la empresa tuvo que tramitar dos procedimientos administrativos, tras rechazarse su primera petición.