Las denuncias de censura de los “oligarcas tecnológicos” envalentonan a la ultraderecha europea

La victoria de Donald Trump, primero, y el envite de los magnates tecnológicos, después, ha envalentonado a la ultraderecha europea, que se siente respaldada al otro lado del Atlántico. El pulso de Elon Musk a las reglas digitales de la UE y las denuncias del propietario de Meta, Mark Zuckerberg, de “censura” han dado alas a las fuerzas de la extrema derecha durante un debate sobre el asunto en el Parlamento Europeo, donde representan cerca de una cuarta parte del hemiciclo.

 “La ley de servicios digitales (DSA) no sirve para proteger a los ciudadanos sino para controlar a los electores”, ha afirmado la eurodiputada del partido de Marine Le Pen, Virginie Joron. “Son ustedes los que llevan una década imponiendo sus dogmas fanáticos, caza de brujas, cancelación profesional o censura directa. Jamás en la historia de Europa se había producido una cancelación del pensamiento”, ha dicho el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, obviando épocas oscuras como el fascismo. “Cuando los multimillonarios trabajaban para ustedes no les importaban. Ni Musk, ni Jeff Bezos, ni Mark Zuckerberg y ahora que dicen 'libertad' empiezan a preocuparles”, ha agregado.

“Este debate llega en un momento muy sospechoso (...) con la pérdida del dominio político sobre las redes sociales está enloqueciendo a las izquierdas en todas las latitudes. Cuando había un control asfixiante a través de las redes sociales estableciendo quién podía hablar y qué se podía decir no querían un debate como este”, ha señalado en la misma dirección el portavoz de los Conservadores y Reformistas, Nicola Procaccini. Los Fratelli d'Italia han sacado pecho de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fuera la única mandataria europea en la ceremonia de investidura de Trump.

“La libertad de expresión la quieren regular con la DSA, pero no va a proteger la democracia, todo lo contrario, es un intento desesperado de garantizar que su desinformación no tenga contestación. Facebook o Google quieren acabar con la desinformación, no quieren censurar sus plataformas y a ustedes les da un patatús. Temen la libertad de expresión porque pone en tela de juicio su soberanía de opinión”, ha proferido Christine Anderson, de Alternativa por Alemania, el partido ultra por el que hace campaña el dueño de Tesla y asesor de Trump. Minutos antes, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha quitado el uso de la palabra apagando el micrófono a un eurodiputado de Soberanistas por Europa que ha mandado callar a una parlamentaria que ha hecho un comentario mientras él estaba en la tribuna.

Las advertencias de los progresistas

Frente al envalentonamiento de las fuerzas de la ultraderecha, el arco parlamentario desde los liberales hasta la izquierda reclaman a la Comisión Europea más vigor en la aplicación de las normas para contener los desmanes de los “oligarcas tecnológicos”. “Lo que debía ser una herramienta de progreso se ha convertido en un arma peligrosa en manos de quienes buscan dividir y socavar nuestras instituciones”, ha advertido la jefa de los socialdemócratas, Iratxe García, que ha asegurado que “la interferencia y los algoritmos manipulados son una amenaza”.

“Debemos preguntarnos donde está la respuesta de la Comisión Europea, donde están las medidas contundentes para frenar los abusos de oligarcas tecnológicos”, ha reprochado la portavoz del S&D, que mencionado la posibilidad de imponer multas al tiempo que ha dado la “bienvenida” a las decisiones que se tomaron la semana pasada para ampliar la investigación a X al solicitar información sobre los cambios en los algoritmos para determinar si premian a los ultras. “No tenemos otra alternativa que poner coto a las redes que no cumplen la ley”, ha añadido.

“X abofetea nuestras reglas, Meta abandona fact checking, Google no tiene en cuenta nuestras exigencias de transparencia”, ha enumerado el liberal Sandro Gozi ante lo que ha definido como “caos digital”. En la misma línea que los socialistas, ha reprochado la tardanza de Bruselas en actuar ante el desafío de los magnates: “La Comisión tiene que actuar. Tiene que aplicar la ley sin retrasos, sin soluciones intermedias. Musk es un financiero político digital que aglutina un poder sin precedentes y al ser miembro de la Administración Trump rebasa los límites”.

También Los Verdes han exigido más ambición ante las “interferencias” con investigaciones urgentes o redes sociales públicas europeas, que es una iniciativa compartida por socialistas e izquierda. “Nos bombardean con contenidos que parecen sacados de un manifiesto fascista”, ha expresado Diana Riba (ERC), que ha alertado del “club tecno bro” que se sienta “a la derecha” de Trump

También La Izquierda ha pedido un “procedimiento urgente contra X para que no haya campañas de desinformación ni interferencia de Musk o desde Rusia” en elecciones como las alemanas del próximo 23 de febrero. La eurodiputada alemana Carola Rackete ha apostado por “imponer sanciones” o incluso “desconectar” las redes sociales incumplidoras, como hizo Brasil con X.

Mientras que socialistas, liberales y verdes exigen más firmeza a la Comisión Europea, en el Partido Popular Europeo han defendido lo que ha hecho hasta ahora en respuesta a Musk, a quien algunos gobiernos han denunciado por “injerencia extranjera”, o Zuckerberg, que ha aprovechado la vuelta de Trump a la Casa Blanca para subirse a ese barco. “La Comisión Europea ha hecho y ha respondido claramente a lo que se ha planteado como una injerencia. La DSA está planteada perfectamente y la Comisión Europea está dando la respuesta que debe dar”, ha cerrado filas el español Pablo Arias.

La vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, ha abogado por una “respuesta fuerte frente a la injerencia” y ha defendido que ya se han abierto 25 procedimientos contra plataformas y motores de búsqueda. También ha destacado la necesidad de actuar con pulcritud para que las actuaciones no choquen con reproches judiciales y ha anunciado que se van a duplicar los efectivos para seguir la aplicación de las leyes digitales hasta llegar a 200 personas.