Illa acuerda con los comunes multar con 900.000 euros a quienes alquilen fraudulentamente
El Govern de Salvador Illa y los Comuns, liderados por Jéssica Albiach, han cerrado este lunes un acuerdo sobre el régimen sancionador de la ley de vivienda catalana de 2007, que contemplará multas de hasta 900.000 euros para infracciones muy graves, y que el ejecutivo autonómico aprobará mañana mediante un decreto para que entre en vigor al día siguiente, el miércoles de esta semana. El acuerdo lo han anunciado Albiach, junto a la diputada autonómica Susanna Segovia, en una rueda de prensa desde la sede de la Consejería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, donde se han reunido con la titular de esta cartera, Sílvia Paneque, también portavoz del Govern, para sellar el acuerdo. La aprobación del régimen sancionador antes del 31 de enero era la principal condición de los comunes al Govern para seguir negociando los Presupuestos de 2025: «Estaba incluida en nuestro acuerdo de investidura, y hoy podemos decir que lo hemos conseguido», ha celebrado Albiach. Sin embargo, las cuentas siguen encalladas por la negativa de ERC a dar su visto bueno. Según ha informado Comuns, con este acuerdo se consigue «un triple blindaje» al modificar el artículo 45 de la ley autonómica de la ley de vivienda y tipificar la simulación o el fraude del contrato en los alquileres de temporada, ya que se incluye la obligación de definir la finalidad del contrato y, también, al regular en la Ley de Consumo catalana una nueva infracción para la realización de prácticas abusivas en la contratación de alquileres. Estas medidas necesitarán del visto bueno del Parlament. Las tres nuevas infracciones «muy graves» que los comunes han pactado con los socialistas pueden llegar hasta multas de 900.000 euros. El objetivo, según los de Albiach, es «disuadir al fraude» en los alquileres de temporada, «la vía que se está utilizando para saltarse los topes que marca la ley» en los alquileres para residencias habituales. En esta línea, el acuerdo PSC-Comuns considera infracciones muy graves «poner un precio de alquiler superior al 30% de lo que marca el Índice de Precios de Referencia», «que no conste la finalidad del contrato o poner una finalidad que es fraudulenta» y «cargar los gastos de gestión al inquilino». Estas sanciones pueden ir desde los 90.001 euros hasta los 900.000. De la misma manera, se incorporan tres nuevas sanciones «graves»: «Poner un precio de alquiler hasta un 30% por encima del Índice de Precios de Referencia» y «no constar en el contrato o en la oferta el Índice de Precios de Referencia o el importe de la renta del contrato anterior». Para estos casos, las multas pueden ir desde los 9.001 euros hasta los 90.000. El pacto de los socialistas y los comunes, que trata de restringir más el mercado de la vivienda, incluye el retoque del Código de Consumo catalán con otra infracción grave por la realización de «prácticas abusivas por parte de las personas empresarias o profesionales que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios al establecer un contrato de alquiler de carácter temporal cuando en realidad quede acreditada su finalidad permanente o habitual«. Las multas, en estos casos, llegarán hasta los 100.000 euros.
El Govern de Salvador Illa y los Comuns, liderados por Jéssica Albiach, han cerrado este lunes un acuerdo sobre el régimen sancionador de la ley de vivienda catalana de 2007, que contemplará multas de hasta 900.000 euros para infracciones muy graves, y que el ejecutivo autonómico aprobará mañana mediante un decreto para que entre en vigor al día siguiente, el miércoles de esta semana. El acuerdo lo han anunciado Albiach, junto a la diputada autonómica Susanna Segovia, en una rueda de prensa desde la sede de la Consejería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, donde se han reunido con la titular de esta cartera, Sílvia Paneque, también portavoz del Govern, para sellar el acuerdo. La aprobación del régimen sancionador antes del 31 de enero era la principal condición de los comunes al Govern para seguir negociando los Presupuestos de 2025: «Estaba incluida en nuestro acuerdo de investidura, y hoy podemos decir que lo hemos conseguido», ha celebrado Albiach. Sin embargo, las cuentas siguen encalladas por la negativa de ERC a dar su visto bueno. Según ha informado Comuns, con este acuerdo se consigue «un triple blindaje» al modificar el artículo 45 de la ley autonómica de la ley de vivienda y tipificar la simulación o el fraude del contrato en los alquileres de temporada, ya que se incluye la obligación de definir la finalidad del contrato y, también, al regular en la Ley de Consumo catalana una nueva infracción para la realización de prácticas abusivas en la contratación de alquileres. Estas medidas necesitarán del visto bueno del Parlament. Las tres nuevas infracciones «muy graves» que los comunes han pactado con los socialistas pueden llegar hasta multas de 900.000 euros. El objetivo, según los de Albiach, es «disuadir al fraude» en los alquileres de temporada, «la vía que se está utilizando para saltarse los topes que marca la ley» en los alquileres para residencias habituales. En esta línea, el acuerdo PSC-Comuns considera infracciones muy graves «poner un precio de alquiler superior al 30% de lo que marca el Índice de Precios de Referencia», «que no conste la finalidad del contrato o poner una finalidad que es fraudulenta» y «cargar los gastos de gestión al inquilino». Estas sanciones pueden ir desde los 90.001 euros hasta los 900.000. De la misma manera, se incorporan tres nuevas sanciones «graves»: «Poner un precio de alquiler hasta un 30% por encima del Índice de Precios de Referencia» y «no constar en el contrato o en la oferta el Índice de Precios de Referencia o el importe de la renta del contrato anterior». Para estos casos, las multas pueden ir desde los 9.001 euros hasta los 90.000. El pacto de los socialistas y los comunes, que trata de restringir más el mercado de la vivienda, incluye el retoque del Código de Consumo catalán con otra infracción grave por la realización de «prácticas abusivas por parte de las personas empresarias o profesionales que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios al establecer un contrato de alquiler de carácter temporal cuando en realidad quede acreditada su finalidad permanente o habitual«. Las multas, en estos casos, llegarán hasta los 100.000 euros.
