El ‘Gran Hermano’ de Marlaska, bajo la lupa de Bruselas

La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre el denominado “Gran Hermano” turístico que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, puso en marcha en diciembre pasado pese al descontento generalizado del sector turístico español y europeo (Marlaska desoye al turismo pese al caos desatado por el registro de viajeros).

El comisario de Justicia, Michael McGrath, lo ha confirmado en una respuesta escrita a la eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat, subrayando que la normativa está siendo evaluada “a la luz de la legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos”.

“La comunicación de la Comisión establece el objetivo de reducir en un 25% las cargas asociadas a los requisitos de información, sin socavar los objetivos políticos de las iniciativas en cuestión”, apunta el comunicado del representante de Bruselas (El ‘Gran Hermano’ de Marlaska, otro premio para la oferta ilegal).

En este sentido, Dolors Montserrat ha manifestado que “no vamos a permitir que Sánchez invada la vida privada de los ciudadanos porque atenta contra la libertad individual y contra la normativa de protección de datos. Este GH no es más seguridad, es más control”. Por ello, asegura que llevará esta denuncia “hasta el final en Europa”.

Desde Baleares, la eurodiputada Rosa Estarás también se ha sumado a las críticas, señalando que “en las Islas se está viviendo con especial preocupación esta vulneración de las leyes de protección de datos”. Al mismo tiempo, ha insistido en la importancia de que Interior suspenda el registro, ya que “frenará un sector esencial en productividad y creación de empleo”.

Como viene publicando Preferente, la normativa exige que las empresas turísticas recopilen hasta 43 datos personales de sus clientes, incluidos detalles sensibles de carácter parental y financiero. Estas obligaciones, según el PP, no solo vulneran las leyes europeas, sino que también suponen un riesgo económico para un sector clave en España, con sanciones de hasta 43.000 euros en caso de incumplimiento.