Cuenta atrás de Muface: los funcionarios denuncian falta de asistencia sanitaria

La cuenta atrás en la crisis de Muface avanza. El próximo 27 de enero se cumple el plazo para acudir a la segunda licitación del Gobierno. En juego, la asistencia sanitaria de más de un millón de funcionarios. Son muchos, hasta 1.000 al día, los que se están pasando al sistema público de salud. El futuro de su salud, tras el portazo de DKV y Adeslas a la mutualidad y la falta de respuesta de Asisa, que sigue estudiando los pliegos, les lleva a convocar concentraciones en las que denuncian falta de atención desde que se iniciara esta crisis en el mes de noviembre. Mañana 22 de enero será la primera.

Al respecto desde el Partido Popular de Granada resaltan que "no es aceptable que miles de personas con tratamientos oncológicos, intervenciones programadas o embarazos estén en esta situación de incertidumbre y miedo por la inacción de un gobierno absolutamente incapaz de resolver este problema".

Exigencias de los sindicatos

Así, el último paso en la reivindicación de los mutualistas viene desde CCOO y UGT, que instaron al Gobierno y a las empresas aseguradoras a alcanzar un acuerdo "razonable y satisfactorio" que garantice la estabilidad en los servicios de asistencia y calidad sanitaria de las personas mutualistas que actualmente están en Muface.

Ambos sindicatos indicaron que la incertidumbre sobre el futuro de Muface no acaba este 27 de enero "pues habrá que ver cómo finaliza el proceso y cuáles serán las medidas que se implementarán para asegurar la continuidad del servicio y garantizar la cobertura y la calidad".

Asimismo, indicaron que, a pesar de los intentos del Ministerio de Función Pública por calmar a las personas mutualistas, no hay nada claro respecto a su futuro. "Las aseguradoras, en su ambición insaciable de rédito económico, siguen presionando para que el Gobierno aumente la financiación. Por su parte, el Gobierno tampoco ha aclarado qué pasará si la segunda licitación quedara desierta y cuáles serían los escenarios posibles en caso de llegar a esa situación", lamentaron ambas organizaciones.

Por todo ello, ambas entidades piden que el Gobierno ofrezca "certezas y garantías" a quienes actualmente están en la entidad mutualista y que se presenten las medidas que hagan falta para "evitar el colapso de la sanidad pública" en caso de que la licitación no llegue a buen puerto. Por último, consideraron que será imprescindible abrir un espacio de reflexión para garantizar a futuro la asistencia sanitaria de los funcionarios públicos, evitando la incertidumbre cada dos o tres años.

Plazos del nuevo concierto

En la marcha de DKV la compañía informó a los mutualistas de los plazos de cambio, aunque ha avisado de que pueden ir actualizándose. Así, del 1 al 31 de enero se podrá solicitar el cambio a los servicios públicos de salud de comunidades autónomas e Ingesa en Ceuta y Melilla, "en cumplimiento del convenio suscrito con dicho organismo".

Además, a partir del momento en que esté vigente el nuevo concierto y hasta la fecha que se disponga, se abrirá un segundo plazo para realizar el cambio desde el servicio de salud autonómico a una entidad concertada o entre entidades concertadas que sean adjudicatarias del servicio.

En todo caso, explicaba a sus mutualistas que de forma transitoria y "obligada por la orden de continuidad dictada por Muface", seguirá dando cobertura a los mutualistas, en los mismos términos y condiciones.

Las pérdidas que argumenta las aseguradoras

DKV calculó que, de continuar, por efecto de la normativa contable IFRS17, en el año 2024 habría que imputar las pérdidas del nuevo contrato, que se estima que serían superiores a las del anterior concierto, de entre 70 y 100 millones de euros. Su petición pasaba por un incremento de la prima del 40% en un año y vinculación con el aumento del gasto sanitario público, lejos de la propuesta gubernamental de un aumento de la prima del 33,5% en tres años.

Antes de DKV, Adeslas había anunciado su rechazo a continuar por el mismo motivo. Sus cálculos son de unas pérdidas estimadas de 250 millones de euros en los tres años de duración del nuevo contrato (2025-2027), similares a las obtenidas en el periodo 2022-2024 del convenio actual, y su petición era de una actualización de primas de un 24% para el año 2025 y de un 10% para el segundo año.