Catalá (PP Valencia) adjudica al marido de una compañera un 'supercontrato' de 155 millones de euros
El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por la 'popular' María José Catalá, ha adjudicado un 'supercontrato' de construcción de vivienda protegida (VPO) para alquiler por valor de 155 millones de euros al marido de una compañera del partido. El ámbito de actuación son cuatro parcelas de propiedad municipal cuya edificación dará una cantidad millonariade la que se beneficiará Javier Timoner Lloret, esposo de la diputada del PP Alma Alfonso Silvestre y persona que forma parte de la junta directiva y del comité ejecutivo del partido en la Ciudad del Turia. La adjudicación, realizada por procedimiento abierto, aporta a la empresa el derecho de superficie para construir un total de 221 viviendas de protección pública en los terrenos mencionados. Se presentó en solitario al proceso de licitación, un hecho que no escapa a la polémica y que desde la oposición utilizan para ampliar los motivos a la hora de tachar de "pelotazo" la operación. El decreto, que ya se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Sector Público, muestra a la sociedad de Timoner como la "única licitadora" y añade que el promotor inmobiliario "ha presentado la oferta económicamente más ventajosa", que cifra las garantías definitivas en un total de más de un millón de euros. El contrato incluye tres parcelas en el barrio de Nou Moles del distrito de l'Olivereta, con una superficie total de 3.327 metros cuadrados, y una cuarta de 1.728 metros cuadrados, en su caso en el sector de La Torre de los Poblados del Sur, un barrio que se encuentra situado al oro lado del nuevo cauce del Turia que quedó completamente arrasado tras el paso del temporal que asoló la provincia el pasado 29 de octubre. El Ayuntamiento de Valencia se defiende de las acusaciones emplazando que se trata de un "procedimiento abierto", de carácter "transparente y objetivo" avalado por los técnicos al que se han podido presentar todos los que lo han considerado oportuno. Las mismas fuentes, proyecta elDiario.es dicen que la adjudicación no es "definitiva". La promotora, por su parte, tiene un plazo de diez días para presentar la documentación justificativa, según consta en el decreto municipal. Según refleja el estudio de viabilidad económica, los ingresos para la parte adjudicataria ascienden hasta los 315 millones de euros por el arrendamiento de viviendas, garajes y trasteros y se quedan en 155 después de impuestos. Asimismo, la inversión de construcción de las viviendas que incluye el documento tiene un valor estimado de 413,5 millones de euros y está cifrada en 82. Mismo 'modus operandi' que Mazón Los contratos que la Comunidad Valenciana, en su caso liderada por Carlos Mazón, está llevando a cabo tras el paso de la DANA tampoco están exentos de controversia. En este sentido, entre los documentos que ha facilitado la Generalitat a personas que guardan vínculos con el PP se encuentran una de las personas de máxima confianza de Mazón, José Manuel Cuenca, exsecretario autonómico de Comunicación; o la empresa Becsa, de la que ejerce como accionista uno de los condenados...
El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por la 'popular' María José Catalá, ha adjudicado un 'supercontrato' de construcción de vivienda protegida (VPO) para alquiler por valor de 155 millones de euros al marido de una compañera del partido. El ámbito de actuación son cuatro parcelas de propiedad municipal cuya edificación dará una cantidad millonariade la que se beneficiará Javier Timoner Lloret, esposo de la diputada del PP Alma Alfonso Silvestre y persona que forma parte de la junta directiva y del comité ejecutivo del partido en la Ciudad del Turia. La adjudicación, realizada por procedimiento abierto, aporta a la empresa el derecho de superficie para construir un total de 221 viviendas de protección pública en los terrenos mencionados. Se presentó en solitario al proceso de licitación, un hecho que no escapa a la polémica y que desde la oposición utilizan para ampliar los motivos a la hora de tachar de "pelotazo" la operación. El decreto, que ya se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Sector Público, muestra a la sociedad de Timoner como la "única licitadora" y añade que el promotor inmobiliario "ha presentado la oferta económicamente más ventajosa", que cifra las garantías definitivas en un total de más de un millón de euros. El contrato incluye tres parcelas en el barrio de Nou Moles del distrito de l'Olivereta, con una superficie total de 3.327 metros cuadrados, y una cuarta de 1.728 metros cuadrados, en su caso en el sector de La Torre de los Poblados del Sur, un barrio que se encuentra situado al oro lado del nuevo cauce del Turia que quedó completamente arrasado tras el paso del temporal que asoló la provincia el pasado 29 de octubre. El Ayuntamiento de Valencia se defiende de las acusaciones emplazando que se trata de un "procedimiento abierto", de carácter "transparente y objetivo" avalado por los técnicos al que se han podido presentar todos los que lo han considerado oportuno. Las mismas fuentes, proyecta elDiario.es dicen que la adjudicación no es "definitiva". La promotora, por su parte, tiene un plazo de diez días para presentar la documentación justificativa, según consta en el decreto municipal. Según refleja el estudio de viabilidad económica, los ingresos para la parte adjudicataria ascienden hasta los 315 millones de euros por el arrendamiento de viviendas, garajes y trasteros y se quedan en 155 después de impuestos. Asimismo, la inversión de construcción de las viviendas que incluye el documento tiene un valor estimado de 413,5 millones de euros y está cifrada en 82. Mismo 'modus operandi' que Mazón Los contratos que la Comunidad Valenciana, en su caso liderada por Carlos Mazón, está llevando a cabo tras el paso de la DANA tampoco están exentos de controversia. En este sentido, entre los documentos que ha facilitado la Generalitat a personas que guardan vínculos con el PP se encuentran una de las personas de máxima confianza de Mazón, José Manuel Cuenca, exsecretario autonómico de Comunicación; o la empresa Becsa, de la que ejerce como accionista uno de los condenados...
