La Fiscalía pide nuevas leyes contra las mafias y la cocaína: «Trabajamos con normas del siglo XIX»
La fiscal delegada antidroga de la provincia de Cádiz y Ceuta, Ana Villagómez, ha alertado del incremento de entradas de cocaína en Europa a través de los puertos españoles por «una superproducción» en los países de origen y ha advertido además de que las actuales leyes para hacer frente a este tipo de organizaciones criminales … Continuar leyendo "La Fiscalía pide nuevas leyes contra las mafias y la cocaína: «Trabajamos con normas del siglo XIX»"
La fiscal delegada antidroga de la provincia de Cádiz y Ceuta, Ana Villagómez, ha alertado del incremento de entradas de cocaína en Europa a través de los puertos españoles por «una superproducción» en los países de origen y ha advertido además de que las actuales leyes para hacer frente a este tipo de organizaciones criminales están «muy obsoletas».
«La Fiscalía actúa con unas leyes muy obsoletas que necesitan cambiarse. El Código Penal está adaptado, hay penas altas para los traficantes, pero después la norma que lleva a cabo el procedimiento para conseguir esas penas (Ley de Enjuiciamiento Criminal) es del siglo XIX. Se han ido haciendo parches, pero necesitamos una reforma integral para que esto sea ágil. Las defensas pueden recurrirlo todo y los procesos se alargan mucho. Este sistema no funciona para este tipo de casos tan complejos, nos encontramos con procedimientos que duran años y esto no puede ser», ha manifestado la fiscal antidroga en una entrevista en Canal Sur Radio.
En cuanto al hachís, «las vías de entrada siguen siendo prácticamente las mismas que años atrás, la zona del río Guadalquivir, que siempre ha sido muy activa, y toda la costa de Andalucía, especialmente el Campo de Gibraltar, Conil, Chiclana, Barbate y El Puerto de Santa María». «Ahora, con el uso de embarcaciones de alta velocidad (narcolanchas) se visibiliza más porque se ven desde tierra y se sabe que esas embarcaciones sólo se utilizan para el tráfico de drogas o seres humanos. Antes era más disimulado, con pesqueros y embarcaciones deportivas que no llamaban tanto la atención», ha explicado Villagómez.
Preguntada por la entrada de cocaína en Europa, la fiscal ha señalado que las rutas y las embarcaciones «son las mismas» que las utilizadas para el hachís, sólo que en lugar de cooperar con organizaciones marroquíes lo hacen con organizaciones sudamericanas, fundamentalmente Colombia, Bolivia y Perú.
«La cocaína es más cara que el hachís, pero últimamente hay una superproducción de cocaína en los países de origen. Los cultivos han crecido y tienen que introducir esa droga en el mercado. Por eso se está llevando a cabo el transporte de grandísimas cantidades de droga, con toneladas entrando en contenedores por los puertos de Algeciras (Cádiz), Valencia, Barcelona o Málaga. También en Amberes (Bélgica) y Róterdam (Países Bajos). Desde las agencias europeas y mundiales se está alertando de este incremento», ha explicado.
Cuestionada por el apoyo social a los narcos en distintos puntos de Cádiz y Málaga, la fiscal ha reconocido que la droga conlleva un dinero «goloso» y «fácil». «Hay una parte de la población que se beneficia directamente, con los transportes y las guarderías, y otra parte de la sociedad que lo hace indirectamente, porque tienen negocios y hacen la vista gorda, y tampoco tienen por qué saber de dónde viene ese dinero».
En el Campo de Gibraltar hay clanes familiares muy asentados en la zona, «con gente muy arraigada que no se va a ir de ahí», y que «a pesar de haber sido condenados están ya en libertad provisional a la espera de juicio y siguen con sus negocios». «Y como los juicios tardan tanto, les compensa. No van a cambiar de actividad porque les sale muy rentable. También están las suborganizaciones dedicadas al petaqueo para sutir de gasolina a las narcolanchas. No sólo hay que traer la droga, hacen falta coches y narcolanchas para transportarla, guarderías para custodiarla y armas para defenderse», indica la fiscal.
Sobre la colaboración ciudadana en asuntos de drogas, Villagómez apunta que «nadie se atreve a denunciar dando la cara» porque hay «represalias» y es «peligroso», pero sí que hay «denuncias» anónimas que dan pie a «investigaciones», porque la mayoría de la población «trabaja», es «honrada» y es consciente de que supone una «lacra».