La desinformación es un arma contra la democracia
En la sociedad digital resulta más fácil crear confusión en la opinión pública mediante la mentira, los bulos y las campañas organizadas en las plataformas gracias a la aplicación de algoritmos e inteligencia artificial. La entrada La desinformación es un arma contra la democracia se publicó primero en Ethic.
La desinformación, con noticias falsas y bulos, discursos de odio y otros contenidos ilícitos o peligrosos, discurre sin control por plataformas digitales y redes sociales que, son la fuente en donde se informan, sin garantía de rigor y veracidad, un número creciente de personas, especialmente jóvenes. La manipulación de las herramientas digitales, al servicio de posiciones ultras y trumpistas, las ha convertido en una amenaza para la democracia, y la situación empeora a pesar de la reciente regulación europea que los gigantes tecnológicos no están respetando.
La historia se repite y la comunicación juega un papel clave en la pervivencia de la democracia. Ahora, el canal de la información es digital como consecuencia de la revolución tecnológica, al perder influencia y capacidad de intermediación los medios clásicos de prensa, radio y televisión. En la sociedad digital resulta más fácil crear confusión en la opinión pública mediante la mentira, los bulos y las campañas organizadas en las plataformas gracias a la aplicación de algoritmos e inteligencia artificial. Lo hemos visto con ocasión de la pandemia y las vacunas; en las elecciones de Estados Unidos, Rumanía, Brasil, Alemania y otros países; durante la DANA, sobre su origen y el número de fallecidos; con el ensalzamiento de una dictadura franquista de 40 años; o con la campaña de Elon Musk en favor de la extrema derecha alemana.
La democracia representativa no es eterna ni está garantizado que pueda resistir la estrategia de desinformación que promueven sus enemigos y los errores y vicios que arrastra el propio sistema. Si no regeneramos y perfeccionamos la democracia, sin demora, la perderemos. Olvidamos que su defensa costó millones de vidas y sacrificios el pasado siglo. Ahora, el asedio del populismo ultra es más sutil. No precisa de golpes de estado militar pero cuenta con otras armas con las que ganan elecciones y debilitan el sistema democrático: entre ellas, las aplicaciones tecnológicas, la mentira como estrategia y una narrativa antisistema y antipolítica.
La democracia representativa no es eterna ni está garantizado que pueda resistir la estrategia de desinformación
En el siglo pasado, las fuerzas totalitarias –desde el nazismo alemán al comunismo soviético– eliminaron la democracia en media Europa por medio del terror, el uso de la propaganda y los bulos racistas. También tenían en sus manos la mayor parte de los medios de prensa.
Hoy, las redes sociales están invadidas por la desinformación porque los gigantes tecnológicos no cumplen la regulación europea y solo les importa ganar poder y obtener más beneficio económico. Por eso permiten contenidos ilegales y amplifican noticias falsas de gravedad desde cuentas tóxicas, sin retirarlas con rapidez ni suspender las cuentas de los autores. Por todo ello, se precisan respuestas efectivas que regulen una desinformación que acelera la polarización y promuevan otro modelo de redes sociales.
Las grandes plataformas digitales de información, comunicación e interacción pública son propiedad de seis gigantes tecnológicos que actúan como un cuarto poder al ejercer el oligopolio. Su plan de negocio, formulado desde una posición política y económica ultraliberal, pasa por encima del interés general de la ciudadanía, de la ética digital y de la regulación europea que trata de ordenar su funcionamiento en un Estado de Derecho.
Los gigantes tecnológicos no garantizan el acceso a una información veraz
Los gigantes tecnológicos no garantizan el acceso a una información veraz (artículo 20 de la CE), el respeto al honor de las personas y a la privacidad de sus datos, la comunicación y el debate en libertad en sus redes. Por ello, la Comisión Europea decidió regular su actividad para prevenir contenidos ilegales o peligrosos, así como para garantizar los derechos fundamentales de las personas y en particular los derechos de los menores, la seguridad de los usuarios y un funcionamiento transparente y controlado del ecosistema de servicios digitales.
El Reglamento sobre Servicios Digitales (conocido como DSA) aprobado en 2022 por el Europarlamento, así como el Código de buenas prácticas contra la desinformación –una norma de autorregulación a seguir por las plataformas digitales–, constituyen la normativa en el ámbito de la Unión Europea. Es de aplicación a las grandes corporaciones como Google, Instagram, X, TikTok, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Zalando, Booking, YouTube, Dropbox, Telegram y Amazon.
Sin embargo, con ser un avance, la norma resulta insuficiente porque la DSA no establece la responsabilidad de las plataformas por los contenidos ilegales o tóxicos que difunden y amplifican ni la obligación de aplicar filtros éticos y realizar una fiscalización constante de carácter preventivo.
Necesitamos una ley que identifique y tipifique aquellos casos de desinformación ilegal, verificables y con intención de engañar, que causen perjuicios muy graves. Esta tarea, en desarrollo del Reglamento de la UE, se deja en manos de los Estados miembros mediante una ley nacional que esté de acuerdo con los criterios que fija el Reglamento. Un proceso legislativo que requiere un consenso amplio y plural, que será complejo y resbaladizo porque el resultado no puede colisionar con el ejercicio de la libertad de expresión ni servir para practicar la censura política.
La nueva ley tendría que hacer especial referencia a las campañas de desinformación que provienen de cuentas tóxicas organizadas y automatizadas con empleo de bots que buscan desestabilizar las instituciones de la democracia y provocar graves alteraciones de la convivencia.
A pesar de sus limitaciones, la efectiva aplicación de un Reglamento muy garantista es un reto para los Estados de la UE y para la propia Comisión Europea a la vista de la actitud de Musk, Meta y TikTok. La clave reside en actuar con voluntad política real de supervisar y democratizar el funcionamiento de las redes y hacerlo sin dilación desde la autoridad administrativa y la judicial, bien a iniciativa propia o atendiendo denuncias fundadas de usuarios y de alertadores fiables.
Odón Elorza es licenciado en Derecho y ex Diputado por el PSOE
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