El pasado 3 de diciembre ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, presentó una denuncia ante la Comisión Europea por el retraso del Reino de España en la transposición de la Directiva 2020/ 1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE. En efecto, la Directiva debía transponerse en un plazo de 24 meses, en diciembre de 2022 y seis meses después, en junio de 2023, tendría efecto directo si los mecanismos procesales existentes en el país correspondiente lo permitían. No es hasta enero de 2023, un mes después de finalizado el plazo, cuando el Gobierno publicó la audiencia pública del Anteproyecto de Ley para que los interesados, como ASUFIN junto con otras asociaciones de consumidores, presentaran aportaciones a la nueva norma. Tras recabar los preceptivos informes y pasar otro año más, en marzo de 2024, el Proyecto de Ley entró finalmente en el Congreso. Sin embargo, por razones que desconozco, éste no versaba exclusivamente de las acciones colectivas, como sucedía en la tramitación previa, sino que aparecía acompañado de un paquete […]