EDITORIAL: sobre la propuesta de reforma de la acción popular
La acción popular es una figura singular del Derecho español que, como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, “cuenta con un profundo arraigo en nuestro ordenamiento”, siendo una “manifestación de la participación ciudadana en la Administración de Justicia (STC 50/1998). Además, la misma también ha servido como un mecanismo de fiscalización del propio Ministerio Fiscal, a quien corresponde en primer lugar “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad” (art. 124 CE). De hecho, la Constitución de 1978 quiso consagrar este instrumento al establecer en su artículo 125 CE que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular…, en la forma y con respecto a los procesos penales que la ley determine”. Su sentido nuclear es así apoderar a cualquier ciudadano para que pueda impulsar la acción de la justicia penal sin tener que invocar ningún perjuicio ni interés propio, sino en defensa de la pura legalidad, permitiéndole que se sitúe como una parte más en el proceso penal, pudiendo actuar con plena autonomía, sin depender de la acusación pública o de la particular. Es cierto que este instrumento procesal ha dado lugar a abusos y fraudes (pueden recordarse, por ejemplo, las extorsiones de Ausbanc y Manos Limpias a cambio […]
La acción popular es una figura singular del Derecho español que, como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, “cuenta con un profundo arraigo en nuestro ordenamiento”, siendo una “manifestación de la participación ciudadana en la Administración de Justicia (STC 50/1998). Además, la misma también ha servido como un mecanismo de fiscalización del propio Ministerio Fiscal, a quien corresponde en primer lugar “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad” (art. 124 CE). De hecho, la Constitución de 1978 quiso consagrar este instrumento al establecer en su artículo 125 CE que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular…, en la forma y con respecto a los procesos penales que la ley determine”. Su sentido nuclear es así apoderar a cualquier ciudadano para que pueda impulsar la acción de la justicia penal sin tener que invocar ningún perjuicio ni interés propio, sino en defensa de la pura legalidad, permitiéndole que se sitúe como una parte más en el proceso penal, pudiendo actuar con plena autonomía, sin depender de la acusación pública o de la particular. Es cierto que este instrumento procesal ha dado lugar a abusos y fraudes (pueden recordarse, por ejemplo, las extorsiones de Ausbanc y Manos Limpias a cambio […] 
