Cancelar o limitar la elección

A veces se requiere de la maduración de una crisis para abordarla e intentar resolverla. El arte de proceder así radica en determinar con precisión cuándo está en su punto. El “timing” es clave, actuar antes o después puede resultar contraproducente y agravarla.

Si bien es reconocible el temple y la serenidad de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el desafío planteado por Donald Trump a su gobierno, a la continuidad de la llamada Cuarta Transformación y al país en su conjunto, falta información para saber si aguarda el momento oportuno para intervenir estratégicamente con mayor arrojo. Como quiera, la situación la insta a emprender acciones que respondan de manera combinada al clamor interno y al reclamo externo, dejándole por beneficio ampliar su margen de maniobra hacia dentro y hacia fuera, sin perder base social.

La mandataria requiere soltar lastre y entre los pesos que le restan credibilidad, libertad y velocidad hay tres asuntos: la elección de jueces, magistrados y ministros; la desaparición de los órganos constitucionales autónomos; y el manifiesto vínculo entre política y delito. El momento de ponderar el provecho de cancelar o limitar esa elección; revisar el destino de los órganos mencionados; e ir por los políticos que no sirven a la ciudadanía, sino al crimen y exponen la soberanía nacional se halla cerca.

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Es probable que, a la par de las declaraciones presidenciales tranquilizando, resaltando algunas reacciones defensivas y manifestando confianza en alcanzar un acuerdo de cooperación sin sumisión con Estados Unidos, se estén desarrollando contactos y desplegando estrategias de mayor fondo que no se divulgan por razones tácticas. Es probable y ojalá así sea, pero la comunicación oficial impide darlo por sentado.

Frente a esa circunstancia y ante la importancia de evitar que la realidad nacional o la voluntad del vecino atrabiliario imponga la necesidad de llevar a cabo acciones más radicales, no puede descartarse la idea de soltar lastre para adquirir agilidad política dentro y fuera. Ahí cobra sentido considerar la conveniencia de cancelar o limitar aquella elección, revisar el rol de aquellos órganos, e ir por los políticos asociados a la delincuencia.

Es pertinente sopesar esas acciones porque resulta impensable que, frente a la situación interna y externa, se pretenda continuar como si nada grave ocurriera. Aquilatar un repliegue les ha de parecer intransitable al gobierno y a los guardianes del proyecto original, pero hay elementos para reflexionarlo. No hacerlo supone correr el peligro no sólo de no poder echar el llamado segundo piso de la transformación, sino también de ver cómo se resquebraja el primero.

Los ajustes del gobierno de Claudia Sheinbaum a algunas de las políticas desarrolladas por su antecesor advierten conciencia y prudencia por parte de la mandataria, pero no está claro si serán suficientes. Y, ahora, la vesania del vecino urge a adoptar una actitud proactiva, no sólo reactiva. No es para menos, los recursos se agotaron y las condiciones cambiaron. La circunstancia es otra, ignorarla o minimizarla es un error.

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El Plan México reconoce el imperativo de replantear la relación entre el sector público y privado a fin de animar la inversión e impulsar el crecimiento y desarrollo, pero no puede fincarse sólo en la palabra empeñada.

No hay duda de la voluntad y necesidad presidencial de reestablecer el vínculo entre ambos sectores a partir de la recolocación del Estado frente al mercado, pero aun así reclama mandar señales significativas para generar confianza. Y una duda que flota en el ambiente interno y externo es si se contará con certeza jurídica para invertir. Desde esa óptica, cancelar o limitar la reforma del Poder Judicial establecería con absoluta claridad dentro y fuera del país el afán de dar certeza a la participación privada y mostrar disposición a buscar un nuevo entendimiento.

Por lo demás, concepto, diseño, legislación, organización y aterrizaje de la elección de los impartidores de justicia pintan por destino el fracaso o el fraude de la reforma judicial. Mejor, cancelarla o limitarla. ¿Qué caso sostener una reforma que, en vez de atemperar, agrava la situación?

Algo semejante sucede con los organismos autónomos. La desaparición o integración de algunos es justificable, no la de otros. El diseño y la operación de esas entidades, sí reclamaba su reforma, pero no borrarlas, sobre todo, siendo contrapesos del Poder Ejecutivo. Revisar la situación creada con su desaparición, integración o fusión también mandaría señales positivas dentro y fuera.

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El ajuste operado a la política anticriminal por parte de la presidenta Sheinbaum es un signo claro del propósito de abandonar la inacción y, de seguro, en el país vecino se ha tomado nota.

El gabinete de seguridad ha hecho bien su trabajo, pero ante el amago formulado por el presidente Trump de intervenir directa y unilateralmente y el reclamo nacional de garantizar la seguridad, ese giro requiere ir más lejos. Exige ir por los criminales, pero también por los políticos asociados a ellos. Al menos en Sinaloa, Tabasco, Guerrero y Morelos se anuló la frontera entre política y delito. Dejar impunes a los políticos y policías que sirven a la delincuencia y no a la ciudadanía es un acto de solapamiento, sino es que de complicidad. El gobierno y Morena precisan disociarse de ellos, aun si tienen que poner tras las rejas a cuadros propios.

Esa determinación encontraría respaldo dentro y fuera.

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El momento de emprender esas acciones proactivas está enfrente. Hacerlo sería una decisión propia, no impuesta ni ajena y, sin duda, la mandataria estamparía su sello al tiempo de ampliar dentro y fuera su margen de maniobra.