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'Protocolo técnico o clínico': la segunda criba de la vergüenza en las residencias de Ayuso para evitar derivaciones
Los protocolos de no derivación que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso firmó durante la primera ola de la pandemia del Covid, también conocidos como "protocolos de la vergüenza" y que en la práctica privaron de la asistencia sanitaria a casi la totalidad de las personas internas en residencias, estuvieron complementados por otro documento que facilitaron aquella criba que terminó acelerando la muerte de 7.291 personas. Aquel texto, a lo mejor menos conocido, fue el Protocolo de actuación en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el Covid-19, cuyo nombre informal fue Protocolo clínico o Protocolo técnico. "Absolutamente complementarios" El documento vuelve a estar sobre la mesa gracias a la macrodenuncia de 109 familiares de víctimas que fallecieron en los centros de la tercera edad en las primeras semanas de coronavirus y que han logrado recientemente -aunque la redacción de los folios date del año pasado- que la Fiscalía reabra la causa. Así lo explican en su escrito: "Junto a al Protocolo de no derivación, existió un segundo documento clave a la hora de discriminar a los residentes, conocidos como el 'Protocolo clínico' o 'Protocolo técnico'. Su título oficial era "Protocolo de actuación en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el Covid-19. Era un documento de 28 páginas, frente a las cinco del 'Protocolo de no derivación', donde de especificaban medidas para limitar la transmisión del virus (…) Ambos documentos eran absolutamente complementarios. Si se nos permie el símil, el Protocolo de no derivación era la ley y el Protocolo clínico el reglamento". Dos "criterios discriminatorios por discapacidad" La parte denunciante adjunta un extracto de aquel 'anexo' -si se permite la licencia- que muestra las preguntas sobre los pacientes a las que debían responder las residencias antes de llamar al geriatra hospitalario. El 'formulario' preguntaba sobre los síntomas de las personas de quienes se pedía su derivación, su comorbilidad, si tenían cáncer y el estado del mismo en caso afirmativo, así como alguna neumopatía, cardiopatía, insuficiencia avanzada, párkinson, ELA o derivadas etc. Dentro de las preguntas a las que debía responder el personal de los centros de la tercera edad destacan dos "criterios discriminatorios por discapacidad", según apuntan quienes rubrican la macrodenuncia: el índice de Barthel y la escala GDS. El primero obedece a un instrumento que mide la capacidad de una persona de realizar una decena de actividades de la vida diaria, consideradas como básicas para, a partir de ahí, obtener una estimación cuantitativa de su grado de independencia. Por su parte, el GDS, siglas que atienden a Global Deteriorarion Scale, consiste en la descripción clínica de siete fases diferenciadas desde un estado inalterado hasta los grados más severos de la demencia de enfermedad de Alzheimer. El autor de este segundo protocolo fue Francisco Javier Martínez Peromingo, uno de los 22 doctores que decidieron en aquellos días qué enfermos tenían derecho al hospital. En su caso, tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el...
Los protocolos de no derivación que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso firmó durante la primera ola de la pandemia del Covid, también conocidos como "protocolos de la vergüenza" y que en la práctica privaron de la asistencia sanitaria a casi la totalidad de las personas internas en residencias, estuvieron complementados por otro documento que facilitaron aquella criba que terminó acelerando la muerte de 7.291 personas. Aquel texto, a lo mejor menos conocido, fue el Protocolo de actuación en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el Covid-19, cuyo nombre informal fue Protocolo clínico o Protocolo técnico. "Absolutamente complementarios" El documento vuelve a estar sobre la mesa gracias a la macrodenuncia de 109 familiares de víctimas que fallecieron en los centros de la tercera edad en las primeras semanas de coronavirus y que han logrado recientemente -aunque la redacción de los folios date del año pasado- que la Fiscalía reabra la causa. Así lo explican en su escrito: "Junto a al Protocolo de no derivación, existió un segundo documento clave a la hora de discriminar a los residentes, conocidos como el 'Protocolo clínico' o 'Protocolo técnico'. Su título oficial era "Protocolo de actuación en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el Covid-19. Era un documento de 28 páginas, frente a las cinco del 'Protocolo de no derivación', donde de especificaban medidas para limitar la transmisión del virus (…) Ambos documentos eran absolutamente complementarios. Si se nos permie el símil, el Protocolo de no derivación era la ley y el Protocolo clínico el reglamento". Dos "criterios discriminatorios por discapacidad" La parte denunciante adjunta un extracto de aquel 'anexo' -si se permite la licencia- que muestra las preguntas sobre los pacientes a las que debían responder las residencias antes de llamar al geriatra hospitalario. El 'formulario' preguntaba sobre los síntomas de las personas de quienes se pedía su derivación, su comorbilidad, si tenían cáncer y el estado del mismo en caso afirmativo, así como alguna neumopatía, cardiopatía, insuficiencia avanzada, párkinson, ELA o derivadas etc. Dentro de las preguntas a las que debía responder el personal de los centros de la tercera edad destacan dos "criterios discriminatorios por discapacidad", según apuntan quienes rubrican la macrodenuncia: el índice de Barthel y la escala GDS. El primero obedece a un instrumento que mide la capacidad de una persona de realizar una decena de actividades de la vida diaria, consideradas como básicas para, a partir de ahí, obtener una estimación cuantitativa de su grado de independencia. Por su parte, el GDS, siglas que atienden a Global Deteriorarion Scale, consiste en la descripción clínica de siete fases diferenciadas desde un estado inalterado hasta los grados más severos de la demencia de enfermedad de Alzheimer. El autor de este segundo protocolo fue Francisco Javier Martínez Peromingo, uno de los 22 doctores que decidieron en aquellos días qué enfermos tenían derecho al hospital. En su caso, tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el...
