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Los funcionarios siguen con el sueldo congelado sin que el Gobierno haya iniciado la negociación
Transcurrido todo el mes de enero y metidos de lleno en febrero, los funcionarios españoles aún desconocen cuál va a ser la revalorización de sueldos que les corresponde para este año, así como cuál será la evolución de sus salarios en los próximos ejercicios, en función del acuerdo al que deberían llegar el Ministerio de la Función Pública y las organizaciones sindicales. Las remuneraciones de los empleados públicos siguen siendo las mismas que las del año pasado, con la excepción del 0,5% adicional que el Ejecutivo debe abonarles para compensar la inflación. Después de más de un mes de 2025, las organizaciones sindicales aún no tienen noticias del departamento dirigido por el ministro Óscar López, que es el competente para determinar cuánto subirán los sueldos de los funcionarios. Porque el 31 de diciembre pasado expiró el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, rubricado por el Ejecutivo, UGT y CC.OO., pero rechazado por CSIF, el sindicato con mayor representatividad en la Administración. El último contacto oficial con los sindicatos se mantuvo antes de final de año, en un encuentro en el que Función Pública instó a las organizaciones a esperar a que comenzara 2025 para iniciar la mesa de negociación que debería establecer las condiciones de los sueldos de los funcionarios para los próximos años. Mientras ese contacto no se formalice, y no se llegue a un acuerdo, los trabajadores públicos seguirán con el mismo sueldo que tenían hasta el año pasado, aunque una vez que se llegue a un pacto, sería con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Se da la circunstancia de que en el último mes todas las miradas han estado centradas en la revalorización de las pensiones . Una cuestión clave que ha pasado por un veto al primer decreto ómnibus, que incluía la subida de las prestaciones en un 2,8% de media, tal y como recomienda el Pacto de Toledo al calcularla en función de la inflación de noviembre de 2023 al de 2024. De hecho, esta cuestión aún se encuentra en el trámite parlamentario , a la espera de la votación final que avale la subida. Tras la firma del anterior acuerdo, en 2022 se alcanzó una subida del 3,5 % . Durante 2023, se aplicó una subida del 2,5 % , a la que se sumaron otros dos incrementos: uno del 0,5 % para compensar los efectos de la inflación y otro 0,5 % adicional por la subida del PIB nominal. Desde CSIF sostienen que a pesar de esta paguilla, los más de tres millones de trabajadores públicos perdieron finalmente poder adquisitivo el año pasado después del repunte que experimentó la inflación en el último trimestre de 2024, cuando cerró en el 2,8% . Esta cifra supera al incremento previsto para los funcionarios, de un 2% inicial más medio punto adicional, que el Gobierno espera autorizar en algún próximo Consejo de Ministros. Con la subida pactada para 2024 y aun con el incremento extra del 0,5%, pierden 0,3 puntos de poder adquisitivo en el último año al ver superado el coste de la vida a lo que han avanzado sus retribuciones, tal y como denuncia el sindicato CSIF, organización desde la que exigen la convocatoria urgente de la Mesa General para negociar la subida salarial para este año. «El IPC de diciembre confirma la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos: un 5,8% desde 2022 y más del 20% desde 2010», apuntan desde esta organización sindical. Sus cálculos indican que se trataría del cuarto ejercicio consecutivo en el que pierden poder adquisitivo , tras arrastrar una merma de 2,2 puntos en 2021; otros 5 puntos en 2022, en plena crisis de precios; 0,5 puntos en 2023; y ahora otros 0,3 puntos. Junto a la necesidad de actualizar los sueldos de los funcionarios, al no haber aún Presupuestos Generales del Estado para 2025, no hay atisbo de una nueva oferta de empleo público para este año. Hay otros temas pendientes en la negociación, como la posible eliminación de la tasa de reposición, el balance de los procesos de estabilización, la equiparación salarial entre administraciones, la jornada laboral de 35 horas efectivas semanales en el conjunto del Estado, la adecuación de los grupos profesionales, las carrera profesional y las mejoras en las condiciones de jubilación, entre otros asuntos.
Transcurrido todo el mes de enero y metidos de lleno en febrero, los funcionarios españoles aún desconocen cuál va a ser la revalorización de sueldos que les corresponde para este año, así como cuál será la evolución de sus salarios en los próximos ejercicios, en función del acuerdo al que deberían llegar el Ministerio de la Función Pública y las organizaciones sindicales. Las remuneraciones de los empleados públicos siguen siendo las mismas que las del año pasado, con la excepción del 0,5% adicional que el Ejecutivo debe abonarles para compensar la inflación. Después de más de un mes de 2025, las organizaciones sindicales aún no tienen noticias del departamento dirigido por el ministro Óscar López, que es el competente para determinar cuánto subirán los sueldos de los funcionarios. Porque el 31 de diciembre pasado expiró el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, rubricado por el Ejecutivo, UGT y CC.OO., pero rechazado por CSIF, el sindicato con mayor representatividad en la Administración. El último contacto oficial con los sindicatos se mantuvo antes de final de año, en un encuentro en el que Función Pública instó a las organizaciones a esperar a que comenzara 2025 para iniciar la mesa de negociación que debería establecer las condiciones de los sueldos de los funcionarios para los próximos años. Mientras ese contacto no se formalice, y no se llegue a un acuerdo, los trabajadores públicos seguirán con el mismo sueldo que tenían hasta el año pasado, aunque una vez que se llegue a un pacto, sería con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Se da la circunstancia de que en el último mes todas las miradas han estado centradas en la revalorización de las pensiones . Una cuestión clave que ha pasado por un veto al primer decreto ómnibus, que incluía la subida de las prestaciones en un 2,8% de media, tal y como recomienda el Pacto de Toledo al calcularla en función de la inflación de noviembre de 2023 al de 2024. De hecho, esta cuestión aún se encuentra en el trámite parlamentario , a la espera de la votación final que avale la subida. Tras la firma del anterior acuerdo, en 2022 se alcanzó una subida del 3,5 % . Durante 2023, se aplicó una subida del 2,5 % , a la que se sumaron otros dos incrementos: uno del 0,5 % para compensar los efectos de la inflación y otro 0,5 % adicional por la subida del PIB nominal. Desde CSIF sostienen que a pesar de esta paguilla, los más de tres millones de trabajadores públicos perdieron finalmente poder adquisitivo el año pasado después del repunte que experimentó la inflación en el último trimestre de 2024, cuando cerró en el 2,8% . Esta cifra supera al incremento previsto para los funcionarios, de un 2% inicial más medio punto adicional, que el Gobierno espera autorizar en algún próximo Consejo de Ministros. Con la subida pactada para 2024 y aun con el incremento extra del 0,5%, pierden 0,3 puntos de poder adquisitivo en el último año al ver superado el coste de la vida a lo que han avanzado sus retribuciones, tal y como denuncia el sindicato CSIF, organización desde la que exigen la convocatoria urgente de la Mesa General para negociar la subida salarial para este año. «El IPC de diciembre confirma la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos: un 5,8% desde 2022 y más del 20% desde 2010», apuntan desde esta organización sindical. Sus cálculos indican que se trataría del cuarto ejercicio consecutivo en el que pierden poder adquisitivo , tras arrastrar una merma de 2,2 puntos en 2021; otros 5 puntos en 2022, en plena crisis de precios; 0,5 puntos en 2023; y ahora otros 0,3 puntos. Junto a la necesidad de actualizar los sueldos de los funcionarios, al no haber aún Presupuestos Generales del Estado para 2025, no hay atisbo de una nueva oferta de empleo público para este año. Hay otros temas pendientes en la negociación, como la posible eliminación de la tasa de reposición, el balance de los procesos de estabilización, la equiparación salarial entre administraciones, la jornada laboral de 35 horas efectivas semanales en el conjunto del Estado, la adecuación de los grupos profesionales, las carrera profesional y las mejoras en las condiciones de jubilación, entre otros asuntos.
