Los cimientos franquistas de la (nula) política de vivienda

Este artículo forma parte del dossier de #LaMarea104, dedicado a la vivienda social. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

Hay una frase atribuida al dictador Francisco Franco que dice que “un propietario más es un comunista menos”. Parece que no existe constancia documental de que la pronunciase, pero el acerbo popular ha interiorizado el enunciado como resumen del modelo ideológico impuesto por el franquismo y heredado por la democracia que convirtió la propiedad inmobiliaria en el sustrato cultural de la sociología española.

José Candela, en su libro Del pisito a la burbuja inmobiliaria, radiografía “la herencia cultural falangista de la vivienda en propiedad”, a la cual el franquismo otorgaba un “poder moderador” sobre “el radicalismo social” y que sirvió para la entrada del capital financiero en el negocio del ladrillo. Una idea ejecutada por el exministro franquista José Luis Arrese –autor de la alocución “No queremos una España de proletarios sino de propietarios”– que usó el aparato estatal para lograr los objetivos.

Para entenderlo, conviene comprender el contexto. España acababa de salir del racionamiento a principios de los 50. Los flujos migratorios de las zonas rurales a las grandes ciudades eran constantes y la necesidad de construir vivienda rápida y barata fue una de las principales tareas franquistas. Según datos de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, entre 1939 y 1960 se levantaron casi 140.000 inmuebles.

Pero, a partir de 1954, la dictadura franquista creó la figura de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) en venta, que se ha convertido en prácticamente la única herramienta pública con la que las diferentes administraciones han tratado, de forma simbólica, de dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales. Durante y después de la dictadura.

El Plan de Urgencia Social de 1957, el año en el que fue creado el Ministerio de Vivienda por primera vez, ya creó los cimientos sobre los que se iba a asentar la política de vivienda en España durante décadas. Según su artículo segundo, la norma pretendía “despertar la iniciativa privada” de manera que el Estado pudiera “descansar en ella gran parte de las energías que hoy dedica a la construcción”. Así, como explica la arquitecta Lenimar Arends en un artículo del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya, “mientras que en Europa del Norte se preocupaban por crear un parque de viviendas públicas en alquiler, el gobierno de Franco diseñó el parque social para propietarios”.

De no haber optado por la despatrimonialización del Estado a través de la venta de vivienda protegida y ejecutada con fondos públicos, el país contaría con un parque inmobiliario social que supondría, aproximadamente, entre el 40% y 60% del total.

Desde entonces, la política pública se orientó hacia ese sentido, hinchando la cuenta de resultados de los grandes promotores inmobiliarios y haciendo de la propiedad la fórmula de ahorro de las familias. Así, según el censo de población del INE, los propietarios pasaron de ser el 49% en 1950 al 82% a principios de los 2000. Sin embargo, la cifra no ha parado de caer, hasta llegar al 75,2% en 2021, mientras el número de personas que residen de alquiler ha crecido. Muestra, por tanto, un cambio de tendencia como consecuencia del aumento de la especulación y la concentración de vivienda en cada vez menos manos. Como desveló La Marea, en los últimos diez años, el número de propietarios de un solo bien inmueble ha descendido, mientras que todas las categorías de multipropietarios han aumentado. Solo en 2023, un tercio de las nuevas viviendas dadas de alta fueron para grandes tenedores.

VPO, una figura obsoleta

A través de la VPO se obliga a los promotores privados a construir un pequeño porcentaje de sus viviendas a un precio menor a cambio de subvenciones públicas. En su libro Vivienda. La revolución más urgente, el economista Alejandro Inurrieta define la VPO como una fórmula “tan anacrónica como estéril para las personas vulnerables”. En conversación con La Marea, el especialista considera que esta figura se ha usado por parte de muchas administraciones para transferir subvenciones públicas a promotores y ha servido para favorecer a personas que no lo necesitaban: “Conozco casos de personas con rentas familiares de 100.000 y 200.000 euros al año a las que se les ha otorgado una VPO”, asegura.

Asimismo, al tratarse de viviendas en régimen de compraventa, estos inmuebles han terminado por favorecer la especulación al terminar su periodo de protección: “Durante la vida de una persona puede mejorar su situación económica y decidir cambiar de casa, por lo que acaban vendiéndola y, además, consiguen una plusvalía, hinchando así la burbuja. Esto no es nada parecido a una política de vivienda social”, denuncia.

Ante esto, el especialista apuesta por el alquiler social perpetuo y erradicar la venta del patrimonio inmobiliario público. Con esta base y estableciendo un control de precios a corto plazo, el economista considera que el Estado debe trabajar en tres vertientes: “Por un lado debe construir vivienda tradicional. Por otro lado, comprar todo lo que los fondos están comprando ahora mismo, utilizando su capacidad de retracto para poner edificios enteros en alquiler público y social. Y, por último, utilizar todo el suelo público, más lo que se puede expropiar y comprar, para levantar viviendas modulares de forma rápida, apostando por el modelo centroeuropeo, que son más baratas y eficientes”, defiende.Además de los recursos con los que ya cuenta el Estado, aboga por la imposición de un impuesto a la tierra como tienen en lugares como Dinamarca o Reino Unido: “Si se grava todo el suelo ocioso que hay ahora mismo en el mercado, esto redundaría en una recaudación muy golosa”, asegura el especialista.

El tipo de protección

Desde el Sindicato de Inquilinas reconocen que, tras décadas de machaque ideológico, existe en la actualidad un conflicto muy fuerte “generacional y de clase” pero sostienen que hay una generación preparada para este cambio social, cultural y político: “Hemos visto cómo este modelo especulativo nos impide acceder a la vivienda y limita nuestro futuro. Sabemos que existe una resistencia de sectores que ven la vivienda como una forma de ahorro e inversión, pero creemos que el cambio es posible articulando un discurso colectivo que rechace el rentismo de forma frontal y que coloque a la vivienda en el centro de las políticas públicas”.

El tipo de protección es también un elemento esencial para las organizaciones en defensa de la vivienda, que denuncian la despatrimonialización del parque público estatal durante los últimos años a través de fórmulas que caducaban a los 10 o 15 años. La ministra de Vivienda ha pedido “blindar a perpetuidad la protección de las viviendas del parque público”. A preguntas de este medio, sin embargo, desde el ministerio aluden a la sentencia del Constitucional que otorga a las autonomías la regulación de la vivienda protegida. De esta forma, aunque la Ley de Vivienda estatal pretendía establecer un periodo de 30 años de protección para los inmuebles construidos con recursos públicos y que estos se dedicasen exclusivamente a la vivienda habitual, el Constitucional anuló esos artículos y dejó en manos de las diferentes comunidades dicha regulación. No obstante, por obligación de la Unión Europea, las casi 25.000 viviendas que se construirán con dinero procedente de los fondos Next Generation estarán protegidas durante al menos 50 años: “A partir de ese momento, será cada comunidad la que determine si se mantiene la protección o no”, explican desde el Gobierno.

Javier Burón, asesor en materia de Vivienda de diferentes administraciones públicas, defiende que el Estado cuenta con diferentes herramientas para hacer permanente la protección de las nuevas viviendas: “Si el suelo es estatal, se puede blindar también lo que se construya encima de ese suelo”, afirma. Asimismo, remarca que el Constitucional sí permite al Estado establecer una protección permanente de todas aquellas actuaciones que se lleven a cabo con fondos estatales, una salvedad que, según Burón, es indispensable para el trabajo de la empresa pública.

Para el Sindicato de Inquilinas es fundamental garantizar la propiedad pública para evitar que terminen en manos privadas: “Pero es que, además, hay que recuperar todas aquellas que ya acabaron en el sector privado, porque son viviendas pagadas con dinero público o que se han construido sobre suelo público”, subrayan.

Finalmente, el pasado mes de enero, el presidente del Gobierno anunció que todas las viviendas construidas por la nueva empresa pública estarán protegidas de forma permanente.

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