¿En dónde ha quedado el respeto al Estado de derecho?

Una de las frases más trilladas de los últimos tiempos es el “respeto al Estado de derecho”, que no es otra cosa que la irrestricta observancia del orden constitucional por parte de absolutamente todos los mexicanos, incluyendo, por supuesto, el mismo presidente de la República.

Algo tan obvio no fue respetado por López Obrador en su sexenio en niveles tan absurdos que dieron pie a frases como: “la ley soy yo” o “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, en clara alusión a los fallos judiciales que fueron contrarios a sus caprichos y voluntad y, bueno, luego de esos desencuentros que tuvo con el Poder Judicial y, por supuesto, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se diseñó e implementó la reforma judicial, cuyo epítome es la elección popular de juzgadores o, lo que es lo mismo, a los jueces, magistrados y ministros los pone la presidenta.

En este contexto, no resulta extraño que la presidenta Sheinbaum no haya invitado a la ceremonia del 108 aniversario de la Constitución a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se atrevió a mantener sus criterios bajo la observancia de la Carta Magna y, bueno, provocó que la dueña del balón no la invitara a su fiesta de cumpleaños.

Más allá del desaire y desdén a los ministros que no están alineados a ella, el acto representa una afrenta al orden republicano y al respeto a la división de poderes, pero eso qué importa, si ya se van a tener a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alineados a su voluntad.

Obvio, en la conmemoración estuvieron presentes las tres ministras del oficialismo, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes pretenden encabezar el máximo tribunal de justicia, aunque es muy evidente que será la ministra Yasmín la que ostentará el honroso cargo.

Qué importa si lo que queda de la Suprema Corte haya listado un proyecto que descalifica las sentencias del Tribunal Electoral para sacar adelante la elección judicial.

Es común observar ahora lo que antes era impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas, conforme a lo que ha señalado, con razón, el ministro Alfredo Gutiérrez.

El desacato a resoluciones judiciales se premia desde la Presidencia de la República, aunque eso solo lo hacen aquellos que son miembros de la élite del poder, porque si eso lo hiciera un ciudadano común y corriente, en menudo lío se metería; incluso, terminaría tras las rejas.

La depuración y rasurado de las listas finales de los candidatos que participarán en la elección de juzgadores ya tiene los candados necesarios para que no se vaya a colar algún juez incómodo y mucho menos que vaya a filtrar una persona non grata a la Suprema Corte. De hecho, ya se diseñó todo el esquema legal necesario para que, al máximo tribunal, solo lleguen simpatizantes del oficialismo y así sucederá en la elección de magistrados y jueces.

Lo que menos importa al régimen es que en la elección del próximo 1 de junio no acuda a las urnas más del 80% del padrón electoral o que se instalen menos de la mitad de casillas, porque el resultado ya está garantizado: aniquilar al Poder Judicial que le daba sustento a la Carta Magna, a la separación de poderes y, por supuesto, al régimen democrático.

La soberbia no es buena consejera, sobre todo cuando va acompañada de la ignorancia de la historia de México y la suprema lección que representó la Revolución de 1910 con el derrocamiento del dictador Porfirio Díaz y que, a la postre, costó la vida de cientos de miles de mexicanos.

La historia es cíclica y, guardando las proporciones, se replica el modelo que llevaron a cabo los grandes dictadores que ha tenido nuestro país, desde el referido Porfirio Díaz hasta la dictadura perfecta del PRI en el siglo pasado y que ahora se pretende replicar con su clon de Morena.

Para la nueva clase gobernante, la pretensión es evitar la alternancia en el poder, ya no digamos para el 2030, sino para más sexenios; empero, hay diversas razones que impedirán ese sueño guajiro.

La reforma judicial de AMLO-Sheinbaum avanza en medio de grandes escollos, principalmente de orden legal, pero eso no importa, mientras todas las instituciones electorales, el Poder Legislativo y todo el andamiaje institucional que ha levantado el oficialismo respalden la voluntad presidencial.

Desde luego, al gobierno estadounidense le inquieta que en su patio trasero se instaure una dictadura de izquierda que responde a los designios del Foro de São Paulo, pero esa es otra historia.