El desahucio de Josep de la Casa Orsola se suspende de nuevo hasta el 18 de febrero

El desahucio de Josep, un profesor de 49 años, de la Casa Orsola ha quedado prorrogado hasta el próximo 18 de febrero a las 9:30 horas. El primer intento fue el pasado viernes y fue paralizado por una gran concentración de vecinos. El juzgado dio nueva fecha para la madrugada de este martes, pero según apunta el Sindicat de Llogateres, la fecha ha vuelto a ser aplazada. Todavía no se conocen los motivos del juzgado para prorrogar el desalojo.

“Es evidente que el aplazamiento no responde a otra cosa que a la movilización y a la evidencia de que se repetirá tantas veces como haga falta”, ha proclamado frente a la finca Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres. Entre vítores de los integrantes de la Marea Pensionista, concentrados en Casa Orsola este martes, ha calificado de “victoria” la decisión del juez.

El Sindicat ha pedido que estos 15 días de margen sirvan para iniciar una mediación o negociación con la propiedad, bajo el auspicio a poder ser del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán). Aragonès ha recordado que desde el inicio defienden negociar una solución “colectiva” para todos los inquilinos, algo a lo que el titular de la finca rechaza.

La propiedad, abierta a vender la Casa Orsola

El propietario de la finca, Albert Ollé, y responsable de Lioness Inversiones, la empresa que compró la Casa Orsola, se ha mostrado abierto a vender la finca. Así lo ha asegurado en una carta que ha hecho pública la mañana de este lunes, pocas horas después de que se anunciara que el desahucio de Josep quedaba aplazado.

“Después de recibir todo tipo de insultos y ataques, supongo que finalmente acabaré vendiendo la finca”, tal como apunta Ollé en la misiva. En el texto lamenta que Josep no haya querido hablar nunca directamente con la propiedad, sino a través de representantes del Sindicat de Llogateres -como si se tratara de una negociación laboral.

Igualmente, agradece al Sindicat y al Ayuntamiento su voluntad negociadora, aunque asegura que ha llegado “tarde”. Ese mismo argumento es el que tienen los activistas, que aseguran que la propiedad ha estado “cerrada” en todo momento a llegar a acuerdos.

Con todo, después de años de intentos, diversos vecinos como Josep siguen viviendo en sus casas a pesar de estar fuera de contrato (y pagando los alquileres en los juzgados). “Me pregunto, Sr. Torrent, ¿qué valores transmite a sus alumnos cuando defiende huelgas de alquileres y ocupaciones y cuando justifica que no se pueda pagar más de 700€ por un ático con 60 metros de terraza?”.

Ollé se refiere a pisos como los de Josep Torrent, que paga esa cifra por su vivienda, al igual que el resto de sus vecinos (una horquilla de entre 600 y 800), mientras que los pisos que quedaron vacíos en la finca y fueron reformados ahora se alquilan por más de 2.000 euros al mes.

“Se ha hablado mucho de vulnerabilidad, pero hay que diferenciar entre quien la sufre y quien la instrumentaliza”, asegura el propietario, que reitera el perjuicio que la situación le ha causado.

Por eso, ahora se muestra abierto a la posibilidad de vender la finca. Pero también lanza una advertencia: “Paradójicamente, cuando lo haga, es posible que se encuentren con un auténtico fondo buitre que no tendrá ningún interés en preservar el patrimonio ni en alcanzar acuerdos. Yo, en cambio, sólo quería mantener de forma sostenible un edificio modernista que forma parte de la historia de Barcelona”.

Un desahucio parado y otro aplazado

El pasado viernes, una gran movilización de cientos de vecinos logró paralizar el desahucio de unos de los inmuebles ocupados. Entre gritos de huelga de alquileres y vítores al Sindicat de Llogateres, el millar de manifestantes –algunos de los cuales habían dormido en la calle la noche anterior– celebraron la suspensión de la expulsión de Josep, un profesor cuyo caso se ha convertido en la punta de lanza de la reivindicación.

Debido a la gran presencia de manifestantes, la comitiva judicial resolvió aplazar el desahucio de Josep, por no poder realizarse con “las debidas condiciones de seguridad”. Tampoco se vio más presencia policial que la de la Guàrdia Urbana, encargada de cortar y desviar el tráfico. A las 10:30 de la mañana, a la hora prevista, llegó la comitiva judicial, que tuvo una breve negociación con Josep y representantes del Sindicat de Llogateres que se zanjó en aplazamiento.

Pocas horas después, se conocía la nueva fecha: este martes a las 5 horas de la mañana. El Sindicat convocó a la ciudadanía a concentrarse a las puertas del edificio desde las 3 de la madrugada, para poder paralizar el nuevo desahucio.

La Casa Orsola, situada en el corazón del Eixample de Barcelona, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la gentrificación y el alquiler de temporada en la ciudad. El conflicto con la propiedad se remonta a 2021, cuando el fondo Lioness Inversiones compró la finca. Entonces había 27 pisos habitados; de ellos, unos pocos tenían contratos indefinidos y al resto, se les vencería en pocos años.

Un año después del cambio de titularidad, y tras varias concentraciones, intentos fallidos de negociación y una también fracasada mediación del Ayuntamiento, cinco de los vecinos de la Casa Orsola siguen viviendo en el inmueble sin contrato.