El caso Brown y la segregación racial

Estamos en septiembre de 1950 en Topeka, Kansas (Estados Unidos). Oliver Brown lleva a su hija Linda Brown a la escuela de su barrio para inscribirla en el tercer curso de primaria. En aquel momento, el Summer School, como la mayor parte de los centros, acoge exclusivamente a personas blancas y se niegan a inscribirla. Muchas familias afroestadounidenses atravesaban esta misma situación; de hecho, la decisión de la escuela se basaba en la doctrina «segregados pero iguales», que regía la educación pública del país desde el año 1896 a raíz del fallo Plessy contra Ferguson y confirmaba la pertinencia de la separación racial.

Inmersas en la lucha por los derechos de la comunidad negra, trece familias encabezadas por Brown presentaron una demanda colectiva ante un Tribunal Federal de Estados Unidos, que derivó en el caso conocido como «Brown vs Board of Education» («Brown contra la Junta de Educación»). El argumento principal en el que se basaban se centraba en la violación de la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la protección igualitaria.

Lo que sucedió entonces marcaría un antes y un después. Por primera vez, la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación racial y en 1954 dictaminó una sentencia histórica en la que expuso unas consecuencias muy claras de la práctica que se venía llevando a cabo: «separar a las niñas y niños negros de otros de edad y calificaciones similares únicamente por su raza genera un sentimiento de inferioridad en cuanto a su posición en la comunidad que puede afectar a sus corazones y mentes de un modo improbable de revertir». Además, eliminaba la autoridad de la dirección de los centros para realizar una acción racista de esta magnitud: «Concluimos que en el campo de la enseñanza pública no tiene cabida la doctrina “separados pero iguales”. Un sistema con escuelas separadas es intrínsecamente desigualitario. Por lo cual afirmamos que a los demandantes, y a todos aquellos que se encuentran en una situación similar, la segregación de la que se quejan les ha privado de la protección equitativa de las leyes». El Derecho Constitucional avanzó ampliamente en los años siguientes a este caso, ya que esta sentencia se considera pionera en la concepción actual de la prohibición de discriminación. Además, constituyó un punto de inflexión en la reivindicación y la organización para conseguir otros derechos vetados a la comunidad afroamericana, como el voto, que lograron en 1965.

La segregación racial se ha llevado a cabo, de una u otra forma, en Italia, Reino Unido, Canadá o Malasia

La segregación racial se ha llevado a cabo, de una u otra forma, en Italia, Reino Unido, Canadá o Malasia. En Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano no logró ilegalizar el apartheid hasta 1992. Actualmente, Israel también la ejerce con la población palestina a través de una guerra abierta que busca apartarles de su territorio originario. En cualquier caso, no es necesario retroceder varias décadas para hablar de la segregación o discriminación racial, aunque existan todo tipo de acuerdos internacionales, leyes y documentos que amparen la igualdad. Los colectivos racializados (todos aquellos que no son blancos) continúan sufriendo diversas manifestaciones racistas.  En España, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) registró en 2023 más de 2.500 incidentes discriminatorios, de los que se denuncian una mínima parte. Entre estos, se encuentran la denegación de acceso a bienes o servicios –bares, restaurantes o centros de ocio– por la pertenencia de la persona a un grupo poblacional determinado. En cuanto a la administración pública, figuran, entre otras, el rechazo de las solicitudes de empadronamiento, que repercute directamente en el acceso a derechos ciudadanos. Los ámbitos del empleo y la vivienda también registran algunos de las acciones excluyentes más habituales. La perpetuación de estereotipos y prejuicios generados por ideas generalizadas sobre ciertos colectivos son la base que cimienta estos hechos.

Entre los incidentes discriminatorios denunciados en España en 2023 figura el rechazo de las solicitudes de empadronamiento o la denegación de acceso a servicios

En el ámbito educativo se han intentado paliar los efectos de la discriminación. La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, más conocida como «ley Celaá», se redactó con varios objetivos, entre ellos, frenar la segregación que se estaba produciendo en los centros educativos y que derivaba en la concentración del alumnado vulnerable exclusivamente en los colegios públicos. Sin embargo, pese a que la ley tiene carácter estatal, las competencias educativas corresponden a las Comunidades Autónomas y su aplicación no es unánime ni homogénea. Un estudio reciente sobre la segregación escolar de la Federación de Mujeres Gitanas Kamira revela que en España «el 60 % de las y los niños gitanos están escolarizados en centros guetizados, donde todos o la mayoría son de esta etnia».

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