«Las decisiones del Gobierno sobre el Tajo-Segura condenan a la desaparición a la agricultura alicantina»: la Generalitat alerta por el trasvase
«Las decisiones del Gobierno central sobre el Tajo-Segura condenan a la desaparición a la agricultura alicantina». La voz de alerta procede del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en referencia a los recortes en el trasvase. Cuando se avecinan cambios en las normas de explotación del acueducto, que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García- Page , espera con sumo interés, en la Generalitat Valenciana vuelven a rechazar estas «decisiones políticas, tomadas sin aval técnico, que representan una grave amenaza», con un impacto previsible de 6.000 millones de euros en pérdidas y la desaparición de 15.000 puestos de trabajo . El «dogmatismo, sin rigor técnico», del Ejecutivo de Sánchez, conduce a juicio de Barrachina a »una situación insostenible para la agricultura y exige una respuesta urgente». El conseller ha realizado estas declaraciones tras conocer, además, que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Junta de Andalucía contra el aumento del caudal ecológico del río Tajo, que les afecta igualmente por los regantes de Almería. Ante esta deriva, reclama la creación de una comisión técnica entre las autonomías y el Gobierno de España para analizar y revisar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, tal como se había comprometido la entonces ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera , antes de marcharse a Bruselas como vicepresidenta europea. «Es imprescindible que las decisiones que afectan a los recursos hídricos cuenten con el consenso de las comunidades autónomas implicadas y estén basadas en criterios técnicos y no políticos«, ha abundado Barrachina. De ahí la urgencia de alcanzar un Pacto Nacional del Agua porque «el agua es una cuestión de Estado, es de todos. No es propiedad de nadie». A fin de cuentas, «el agua no puede ser un elemento de confrontación política, sino un recurso compartido para garantizar el futuro de todos», ha apostillado.
«Las decisiones del Gobierno central sobre el Tajo-Segura condenan a la desaparición a la agricultura alicantina». La voz de alerta procede del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en referencia a los recortes en el trasvase. Cuando se avecinan cambios en las normas de explotación del acueducto, que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García- Page , espera con sumo interés, en la Generalitat Valenciana vuelven a rechazar estas «decisiones políticas, tomadas sin aval técnico, que representan una grave amenaza», con un impacto previsible de 6.000 millones de euros en pérdidas y la desaparición de 15.000 puestos de trabajo . El «dogmatismo, sin rigor técnico», del Ejecutivo de Sánchez, conduce a juicio de Barrachina a »una situación insostenible para la agricultura y exige una respuesta urgente». El conseller ha realizado estas declaraciones tras conocer, además, que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Junta de Andalucía contra el aumento del caudal ecológico del río Tajo, que les afecta igualmente por los regantes de Almería. Ante esta deriva, reclama la creación de una comisión técnica entre las autonomías y el Gobierno de España para analizar y revisar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, tal como se había comprometido la entonces ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera , antes de marcharse a Bruselas como vicepresidenta europea. «Es imprescindible que las decisiones que afectan a los recursos hídricos cuenten con el consenso de las comunidades autónomas implicadas y estén basadas en criterios técnicos y no políticos«, ha abundado Barrachina. De ahí la urgencia de alcanzar un Pacto Nacional del Agua porque «el agua es una cuestión de Estado, es de todos. No es propiedad de nadie». A fin de cuentas, «el agua no puede ser un elemento de confrontación política, sino un recurso compartido para garantizar el futuro de todos», ha apostillado.
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