La UCO señala a Ribera: tragó con documentos falsos de la empresa del fuel ligada al ‘caso Koldo’

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su nuevo informe revela graves irregularidades en la concesión de la licencia de operador mayorista de hidrocarburos a Villafuel SL por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido en ese momento por Teresa Ribera, actual vicepresidenta europea. Los investigadores detectan que el ministerio validó documentación con incoherencias y obviaron señales de alarma evidentes. El sumario recoge que existen fundadas sospechas de que se fabricaron a la carrera documentos para cumplir con lo que pedía el Gobierno.

Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, la empresa presentó actas de juntas generales con la misma fecha pero diferentes resultados económicos, currículums sin acreditar la vinculación real del personal con la empresa y documentación financiera que no coincidía con los registros mercantiles. A pesar de estas irregularidades, el ministerio concedió la autorización en septiembre de 2022 en un trámite exprés de tres días, com desveló OKDIARIO documentalmente.

La situación se agravó cuando CORES, el organismo supervisor del sector, alertó en mayo de 2023 de desviaciones masivas en las ventas: Villafuel superó en un 882% las previsiones en destilados medios durante sus primeros siete meses de operación, con una proyección de desviación del 1.583% para el primer año. Ante estas cifras alarmantes, el ministerio se limitó a revisar las estimaciones sin investigar las causas.

Los investigadores cuestionan especialmente la falta de diligencia en la verificación de las instalaciones físicas de la empresa. Villafuel declaró como sede social una oficina en Villaviciosa de Odón (Madrid) que permanecía vacía en horario comercial, con un simple cartel remitiendo a un teléfono móvil. Una situación similar se encontró en su domicilio fiscal en Móstoles. La UCO se ha personado en esas dependencias e ilustra esas afirmaciones con fotografías.

La empresa, que comenzó con un capital social de apenas 15.000 euros, consiguió la autorización tras tres intentos y dos años de gestiones. El informe destaca que el ministerio ejerció «una supervisión más administrativa que efectiva», centrándose en el cumplimiento formal de requisitos sin verificar la capacidad real de la empresa para operar en el sector.

La UCO señala que esta falta de control permitió que Villafuel operara en el mercado mayorista de hidrocarburos generando un presunto fraude inicialmente cuantificado en más de 182 millones de euros. Los investigadores subrayan que el ministerio tenía potestad para establecer controles más estrictos y revocar la autorización ante los evidentes incumplimientos.

Registros

La Guardia Civil decomisó bienes de lujo y grandes cantidades de efectivo en los registros realizados a los presuntos líderes de una trama de fraude de hidrocarburos. Las intervenciones se centraron principalmente en los dos máximos responsables: Claudio Rivas y Víctor de Aldama.

A Rivas, considerado uno de los «ideólogos» de la organización, se le incautaron en su domicilio de Majadahonda ocho teléfonos móviles, tres relojes Rolex, un Range Rover y 22.000 euros en efectivo. Los agentes también encontraron una tablet, documentación diversa y elementos de almacenamiento digital. Además, se le intervino en la vía pública un Land Rover Defender y 1.530 euros adicionales.

En su propiedad de Cáceres, los investigadores hallaron un arsenal que incluía tres rifles, una escopeta y 328 cartuchos, junto con una flota de vehículos compuesta por dos furgonetas Toyota Hilux, cinco quads Kymco, una motocicleta, un buggy Zforce y un Land Rover Discovery. También se registró una finca rural en Toledo donde se encontraron piezas de caza, municiones y un silenciador de arma.

Por su parte, a Víctor de Aldama se le decomisó una colección de vehículos de alta gama que incluía un Ferrari Berlinetta, un Audi, un Volkswagen Golf y un Range Rover, además de documentación bancaria, tres móviles y varios discos duros.

En total, la operación resultó en la incautación de 152.545 euros en efectivo, nueve vehículos de lujo valorados en 972.300 euros y 14 relojes Rolex con un valor conjunto de 111.269 euros. La investigación señala que la organización habría defraudado más de 182,5 millones de euros a la Hacienda Pública entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, y habría transferido cerca de 74 millones de euros a Portugal, China y Colombia.

La operación también llevó al descubrimiento de un arma marca Blow modelo F92 y munición del calibre 9mm en el domicilio de otro investigado, Félix Aparicio, que según los agentes podría haber sido modificada.