La ‘okupación’ se convierte en una amenaza real para los hoteleros

La 'okupación' se ha convertido en un problema real para los hoteleros españoles. El esperpéntico episodio que se vive en los apartamentos Sol y Mar, en Mallorca, pone de manifiesto que la actividad turística no está al margen de las carencias una ley que castiga a los propietarios para beneficiar a los delincuentes.

El caso de Mallorca debe convertirse en una preocupante voz de alarma para los hoteleros. La situación que se vive en el apartahotel Sol y Mar es esperpéntica, pero se trata de un 'modus operandi' conocido por todos. Los 'okupas' irrumpen ilegalmente en una propiedad, fuerzan cerraduras para entrar en los edificios y acto seguido hacen compras a domicilio para demostrar que llevan más de 48 horas en los inmuebles okupados. A partir de dos días ni policías ni guardias civiles pueden hacer nada para expulsar a estos delincuentes, que están protegidos por la ley española.

Los 'okupantes' de Sol y Mar aseguran que llevan desde noviembre en el aparthotel y por ello consideran que la ley les protege. Una empresa de desokupación consiguió que todos aquellos que abandonaban el lugar no volviesen a entrar en el edificio, pero aún quedan algunas personas sin desalojar los apartamentos. Y solo un juez puede dictar el desalojo. Incompresiblemente, las sentencias de desokupación tardan una media de dos años en resolverse. (Los ‘okupas’ ya tienen en su punto de mira hoteles cerrados en Mallorca)

Con una clara posición de fuerza gracias a una ley que les protege, los 'okupantes' de los apartamentos de Sol y Mar apelan a sus derechos y reclaman dinero para desalojar el edificio. En principio exigían 300.000 euros al propietario del negocio turístico, luego 240.000 y ahora hablan de 60.000 euros. De momento los 'okupantes' no tienen intención de marcharse mientras no reciban alguna compensación. Y ni el propio consejero de Turismo de Balears puede hacer nada para solucionar el problema.

El episodio de Mallorca de 'okupación' es el más grave que se ha vivido hasta el momento en el sector turístico español, pero no es el primero. Hace unos meses la cadena Four Seasons tuvo graves problemas para impulsar su nuevo hotel en Marbella ya que el solar donde debía construirse el nuevo establecimiento turístico de lujo se encontraba ocupado de manera ilegal.

En Valencia, el antiguo hotel del Saler, otrora establecimiento de lujo y muy popular por convertirse en el cuartel general de la selección española durante el Mundial de fútbol en 1992, también está okupado desde hace años y cualquier plan de rehabilitación se topa con una realidad que sufren miles de españoles, que esperan la modificación de la ley para expulsar a todos aquellos que invaden propiedades privadas y que en apenas 48 horas consiguen estar protegidos por la ley.

Excepto España, la mayor parte de los países europeos han endurecido las leyes contra el movimiento okupa ante el problema social que se ha creado desde hace años. Por ejemplo, Italia ha aumentado las penas de cárcel para los okupas mientras Alemania contempla el desalojo de okupas denunciados en solo 24 horas, aunque los propietarios de inmuebles abandonados pueden ser expropiados o multados. En Gran Bretaña es suficiente la sospecha policial de una okupación para que se produzca su actuación sin siquiera orden judicial y si hay denuncia de usurpación en sus primeros 28 días, el desalojo se lleva a cabo en 24 horas.

Frente a ese panorama legal que permite una rápida intervención policial, España acaba de ampliar una moratoria para los desahucios que cubre también a los okupas. Solo el PNV ha planteado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir los delitos de allanamiento y usurpación de morada en el sistema de juicios rápidos, lo que reducirá el tiempo de espera a un máximo de 15 días, pero no parece que sea una de las iniciativas legislativas que más preocupe por el Gobierno de Sánchez.