La mala práctica que acorta la vida de tu ordenador o móvil: cuesta miles de euros
Una ley europea obliga ahora a abaratar los recambios, evitando la compra de un producto nuevo si tiene arreglo.
¿Cuánto tiempo dura un móvil, un ordenador o un televisor? Muchos consumidores se preguntan al adquirir determinados productos cuál será su vida útil y si tendrán que volver a comprarlos en un par o tres de años. La duda es pertinente pues el desembolso que hacemos en ciertos artículos, sobre todo los relacionados con la tecnología, es importante.
Esta inquietud por parte de los ciudadanos está basada en la certeza de que muchas empresas limitan a conciencia el tiempo que un determinado producto va a estar en funcionamiento en plenas condiciones. Es lo que se conoce como obsolescencia programada.
"La obsolescencia programada es la programación del fin de la vida útil de un producto, de tal forma que, después de un periodo de tiempo calculado por el fabricante, éste se vuelva obsoleto", explica la Comunidad de Madrid en su espacio web dedicado temas específicos de Consumo. Esta circunstancia, continúa, "obliga al consumidor a adquirir un producto de nueva fabricación, ya que la reparación de los productos afectados por estas prácticas resulta, como norma general, muchísimo más costosa que la adquisición de uno nuevo".
Esta misma fuente detalla que el origen de estas prácticas, que se han extendido a todo tipo de productos tecnológicos y electrodomésticos, está en "la limitación de la vida útil de las bombillas, de las baterías de material electrónico o de los cartuchos de impresoras".
El problema es que en España "no existe ninguna legislación que controle la reducción deliberada de la vida útil de un producto" y penalice una práctica que hace gastar constantemente dinero al consumidor.
"Sólo el Real Decreto 110/2015 sobre aparatos eléctricos y electrónicos incluye dentro de las obligaciones para los fabricantes, que estos aparatos sean diseñados y producidos de forma que se prolongue lo máximo posible su vida útil", aunque en la norma "no se penaliza expresamente la obsolescencia programada".
Según la Comisión Europea, la eliminación prematura de bienes de consumo hace que los consumidores malgasten "alrededor de 12.000 millones de euros al año al sustituir los bienes en lugar de repararlos". Además, "produce 261 millones de toneladas de emisiones equivalentes de CO2, consume 30 millones de toneladas de recursos y genera 35 millones de toneladas de residuos en la UE cada año".
Esta problemática, sin embargo, tiene los días contados. La Unión Europea (UE) ha actualizado en 2024 la Ley del Derecho a Reparar, aprobada en abril de 2021, para incluir nuevos derechos para los ciudadanos y ajustar la normativa más a la realidad actual, donde a veces los fabricantes no suministran repuestos o elevan el precio de las piezas para encarecer el arreglo y que no sea rentable. Los Estados miembros disponen de dos años para incorporar a su legislación una norma que fomenta la economía circular y el ahorro. En el caso de España, se incorporará en la futura Ley de Consumo Sostenible.
"Las nuevas medidas sobre el derecho a reparar pretenden reducir los residuos y reforzar el sector de la reparación, para lo que se facilitará el arreglo de bienes a un precio más asequible", ha señalado el Ejecutivo comunitario.
De esta forma, la nueva normativa contempla, por ejemplo, que los fabricantes tendrán que poner a disposición de los consumidores "piezas de recambio y herramientas a un precio razonable" y que se les prohibirá "impedir el uso de repuestos de segunda mano o impresos en 3D por talleres de reparación independientes, ni negarse a reparar un producto únicamente por razones económicas o porque anteriormente fue reparado por terceros".
Un año más de garantía para productos reparados
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aseguran que "la idea central de la normativa es favorecer que los productos se puedan arreglar fácilmente, después de que su garantía haya terminado".
Ahora mismo, la garantía dura tres años para los productos comprados del 1 de enero de 2022 en adelante y la directiva también tiene previsto mejorarla y ampliarla. "Durante esos tres años, el consumidor puede pedir que el producto estropeado sea reparado o sustituido por otro nuevo; pues bien, optar por la reparación será recompensado con doce meses extra de garantía".
De momento, los productos incluidos en la norma sujetos a requisitos técnicos de reparabilidad son lavadoras, secadoras, lavadoras-secadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, pantallas electrónicas, tablets, teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, servidores y productos de almacenamiento de datos, productos que incorporan baterías de medios de transporte ligeros y equipos de soldadura.
