La Fiscalía archiva las diligencias contra Abascal por sus palabras sobre «colgar de los pies» a Sánchez

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido archivar las diligencias abiertas contra Santiago Abascal, presidente de Vox, por sus declaraciones sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre «colgarle de los pies». El decreto que avanza OKDIARIO ha sido firmado por la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde y zanja definitivamente la polémica originada por unas declaraciones realizadas en Argentina que generaron una intensa controversia política.

Todo comenzó el pasado 13 de diciembre de 2023, cuando el PSOE presentó una denuncia contra Abascal por unas declaraciones realizadas en una entrevista con el diario Clarín. El líder de Vox afirmó textualmente: «Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno. Puede pisar las leyes, puede hacer cualquier cosa, puede poner en riesgo la unidad nacional. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies».

La denuncia socialista argumentaba que estas palabras, junto con las manifestaciones organizadas por Revuelta, una asociación juvenil vinculada a Vox, constituían una clara incitación a la violencia y un ataque directo al pensamiento político socialista. Esos días, había manifestantes que realizaban concentraciones en la sede de Ferraz contra la ley de amnistía.

Tras ello, la Fiscalía que controla el imputado Álvaro García Ortiz se apresuró a comunicar a los cuatro vientos que se abrían diligencias de investigación en el Ministerio Público correspondiente a los aforados. No obstante, tras realizar un exhaustivo análisis, se han archivado las diligencias por la puerta de atrás sin informar motu proprio a los medios de comunicación.

La fiscal Sánchez Conde ha determinado que las expresiones que podrían llegar a ser desagradables no revisten gravedad penal para pedir un procedimiento judicial contra el diputado. Además, su inviolabilidad parlamentaria ampara especialmente a Abascal para realizar afirmaciones de alto voltaje al calor de la refriega política que caracteriza a una democracia con libertad de expresión que ampara la crítica política.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo, en su jurisprudencia, es ciertamente muy restrictivo a la hora de considerar a los políticos como posibles víctimas de delitos de odio, ya que esta figura legal está principalmente destinada a proteger a minorías sociales.

La fiscal, al abrir las diligencias, también apuntaba a los tipos penales de injurias, calumnias y amenazas graves. Hablaba del contexto político como elemento fundamental. La fiscal describió el momento como de «grave agitación política», marcado por múltiples concentraciones y enfrentamientos verbales, especialmente en torno a la sede del PSOE.

Sin embargo, tras un análisis detallado, concluye que las declaraciones no reunían los elementos necesarios para ser consideradas delictivas. Un aspecto adicional es que la entrevista se realizó en Argentina, lo que añadía complejidad a la posible tipificación delictiva.

La fiscal pidió recabar copia de la entrevista, las noticias a las que dio lugar, las declaraciones de Abascal en sus redes y un informe a la Policía Judicial «sobre la identidad de los convocantes de las concentraciones ante la sede de Ferraz». A pesar de ello, un año después, OKDIARIO ha podido saber que el hipotético caso penal ha sido descartado.

Los expertos jurídicos consultados ya eran contundentes cuando se informó de la decisión de la Fiscalía. Un reputado penalista resumía: «Odiar está feo, pero no es delito. Incitar al odio, a veces sí es delito». Esta distinción es fundamental para entender el alcance legal de las palabras de Abascal. El artículo 510 del Código Penal es taxativo: el delito de odio se configura cuando se incita a la discriminación o violencia contra un grupo por motivos de raza, ideología, religión, sexo u orientación sexual. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha establecido un criterio fundamental: la incitación debe dirigirse a colectivos especialmente vulnerables.

«Ni Pedro Sánchez ni el PSOE se ajustan a las características de ser miembros de minorías vulnerables», afirmó Lorenzo Mateo Bujosa, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca. De hecho, hay múltiples precedentes judiciales. El Supremo ha descartado previamente la existencia de delitos de odio en casos que involucraban ataques a colectivos como la policía, el mundo taurino o partidos políticos. Estos grupos no pueden considerarse minorías vulnerables susceptibles de discriminación sistemática.

La polémica por los reproches cruzados entre políticos de distinto color promete continuar. Vox recordó ya entonces episodios similares protagonizados por políticos socialistas en el pasado. Por ejemplo,  una fotografía de Juventudes Socialistas con una guillotina y la imagen de Mariano Rajo, o una diana con la cara de Esperanza Aguirre en el centro.