España quiere acabar con las llamadas 'spam': las normas que ya serán efectivas en febrero
La orden ministerial se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Ejecutivo para reforzar la protección de los derechos digitales.
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El Gobierno de España dará un paso más en la lucha contra las llamadas comerciales no deseadas y las estafas telefónicas con la aprobación inminente de una orden ministerial que prohibirá el uso de números móviles para este tipo de comunicaciones, cuyos detalles preliminares ya se dieron a conocer el pasado mes de octubre.
La norma, anunciada por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, entrará en vigor antes de que finalice febrero y establecerá medidas concretas para frenar estas prácticas abusivas.
Desde hace tiempo, el Ejecutivo trabaja para poner freno a las llamadas comerciales, que quedaron prohibidas con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones a mediados de 2023. No obstante, la ley solo impide las llamadas sin consentimiento previo, por lo que las empresas a las que el usuario haya dado autorización pueden seguir comunicándose con él.
Adiós a las llamadas comerciales desde móviles
Uno de los cambios más significativos es la prohibición total de las llamadas comerciales realizadas desde números móviles. A partir de la entrada en vigor de la norma en este mes de febrero, las empresas solo podrán contactar a los consumidores desde números con prefijos provinciales o a través de líneas gratuitas que comiencen con 800 o 900.
Según explicó López en una entrevista con Rac1, el objetivo es evitar que los ciudadanos respondan llamadas comerciales creyendo que provienen de familiares o conocidos. “Nosotros recibimos desde un móvil, pensamos que es un conocido, un familiar, no sabemos quién es, y luego resulta que es una llamada comercial. Esto quedará prohibido por la orden ministerial”, detalló el ministro.
“Hay mucho que hacer, no hay que quedarse de brazos cruzados, hay que actuar”, ha defendido el ministro, que ha reivindicado los pasos que está haciendo España en materia de regulación y también a nivel europeo y global.
Denuncias y sanciones para quienes incumplan la norma
El nuevo marco regulador también habilitará un mecanismo para que los ciudadanos puedan denunciar incumplimientos ante la oficina de atención al consumidor de telecomunicaciones. Las empresas que ignoren la prohibición podrán enfrentarse a sanciones, aunque el Gobierno aún no ha detallado el alcance de estas multas.
Además de combatir el spam telefónico, esta iniciativa busca reforzar la seguridad frente a las ciberestafas, un problema creciente en España que afecta a miles de ciudadanos cada año.
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