“Es una yincana”: los problemas de las personas migrantes para acceder al empadronamiento

Las personas migrantes y algunas entidades alertan desde hace meses de las dificultades de la población extranjera para empadronarse en Canarias y que tiene como consecuencia la imposibilidad de acceso a derechos fundamentales. En Gran Canaria puede haber entre 300 y 400 personas afectadas, según una fuente cercana a esta problemática y que prefiere guardar el anonimato. Las trabas pasan por el requerimiento de documentación que no se encuentra entre los requisitos recogidos en las webs de los ayuntamientos hasta el cuestionamiento hacia la persona y sus papeles. “Como persona empadronada en este municipio y de las personas que conozco, no he visto que a nadie le pongan tantas trabas como a las personas extranjeras. Es una yincana”, sostiene Susana Castañón, técnica de inclusión de CEAR Canarias. 

El registro en el padrón municipal es un deber de los ayuntamientos y una puerta de entrada a servicios y derechos básicos de alcance universal. Sin el empadronamiento, la persona no tiene acceso a asistencia sanitaria (que en el caso de los migrantes sin papeles se trata de una asistencia en situación especial), a la asignación de un centro escolar, al bono residente canario, a ciertas ayudas de los servicios sociales municipales y, en algunos casos, al banco de alimentos. Solo para algunas ayudas de emergencia es suficiente el pasaporte, pero no es la norma. “Lo primero que le piden en cualquier lugar a una persona que ha migrado es el empadronamiento hasta que regularice su situación”, señala Castañón. 

Para las personas de origen migrante, el empadronamiento es especialmente importante, ya que es uno de los documentos fundamentales a la hora de solicitar su regularización en España. La norma exige documentación acreditativa de la permanencia continuada en nuestro país durante un periodo mínimo de tres años -ahora dos con el cambio de la Ley de Extranjería- y para ello se suele hacer entrega del certificado de empadronamiento. Además, los extracomunitarios sin permiso de residencia tienen que renovar cada dos años el empadronamiento para no perder esta condición, ya que esto les dificultaría solicitar sus papeles por primera vez.

Generalmente, los ayuntamientos solicitan para la inscripción en el padrón municipal para una vivienda de alquiler el documento identificativo de la persona a empadronar, contrato con la referencia catastral y un recibo domiciliado. Sin embargo, hay consistorios canarios que incluso cuando el solicitante es el titular del contrato de alquiler, piden una autorización por escrito del propietario de la vivienda, su documento identificativo original y su copia o, tal y como detalla Castañón, en algún caso se ha solicitado las escrituras originales de la casa o el documento original de la compraventa. Alexa Mazabel, integrante de Regularización Ya Canarias, subraya que la demanda de documentación a los propietarios de la vivienda genera desconfianza y aumenta las dificultades de las personas migrantes para encontrar alojamiento. “Esto hace que la gente se mosquee porque el extranjero siempre es sospechoso y se nos trata bajo sospecha”, recalca. 

“He visto un caso que pedían la partida de nacimiento de la persona migrante”, relata la técnica de CEAR. También en otras ocasiones se ha exigido algún requisito fuera del marco normativo: “Cuando la persona va al ayuntamiento plantean algunos puntos que no están incluidos en la ley, como por ejemplo que si no llevas seis meses viviendo en este municipio no te puedes empadronar”, revela Justo Miranda, técnico del programa Canarias Convive. 

Luisa (nombre ficticio) cuenta que desde julio a octubre del año pasado intentó tres veces empadronarse junto a su hija y sus nietas menores de edad teniendo ella el contrato de alquiler a su nombre. Esta mujer de origen colombiano apunta que tuvo que solicitar documentación a su país de origen, la cual reflejara que el padre de sus nietas las autorizaba a haber salido del país y a residir en España. Aparte de esta autorización y de su documento identificativo, contrato de alquiler, recibo y documentación de sus familiares, señala que tuvo que presentar una autorización por escrito y firmada por el propietario de la vivienda quien la autorizaba a empadronarse en su casa, el DNI original del propietario y una copia. Otra mujer migrante procedente de Senegal y con documentación en regla también relata que para empadronar a su hijo mayor de edad junto a ella le exigieron una autorización de su padre residente en Senegal. 

La desconfianza hacia quien quiere empadronarse es otra de las barreras que denuncian los migrantes y colectivos. “Aunque depende del funcionario, es como si uno estuviera cometiendo un fraude con los documentos”, se lamenta Luisa. En esta línea, Castañón apunta que ha conocido casos en los que se cuestiona si la documentación que se entrega es verdadera o no. “Tú vas a empadronar a una familia extranjera y cuestionan si son sus hijos. Dicen que quieren los documentos de los hijos, las partidas de nacimiento, libro de familia español, algo que tampoco tienen. Eso a una familia española no se lo piden; ven el mismo apellido y ya está”, sostiene. 

Las entidades consultadas matizan que algunos ayuntamientos dificultan este servicio más que otros y que a algunas personas nacionales y comunitarias también se les exige documentación extra. Sin embargo, también coinciden en que la imposibilidad de empadronarse a los migrantes en situación administrativa irregular dificulta su integración y agrava sus condiciones de vida, ya de por sí vulnerables.

Ante la desesperación de los migrantes, ha surgido en Canarias, como ya ocurre en otras partes del país, un negocio del padrón, en el que el inquilino paga al casero por empadronarse. Sol (nombre ficticio) es una mujer migrante de Perú que después de varios meses pudo empadronarse junto a su marido y su hijo pequeño en la capital grancanaria. Señala que tuvo que pagar a la casera 300 euros para que ella accediera a hacer el trámite. “La dueña nunca me llegó a empadronar sin dar nada a cambio. Y cuando les da la gana te botan, que es lo que me está pasando a mí ahora”. Mazabel también señala que hay gente que cobra una cuota mensual o semestral por haber  empadronado y que para renovar hay que volver a pagar. 

La integrante de Regularización Ya Canarias recalca que las barreras en el empadronamiento para personas ya de por sí invisibilizadas a nivel social, aumenta sus probabilidades de sufrir acoso, violencia y problemas de salud mental y estrés. Luisa recuerda que la preocupación durante los meses que pasó sin poder empadronarse ella y su familia la llevó a tener problemas para conciliar el sueño. 

Para intentar aliviar esta problemática, CEAR busca mediar con los ayuntamientos explicándoles que la ley ampara la falta de documentación de una persona refugiada y se les explica el contexto para que faciliten el acceso al padrón. Esto ocurre, por ejemplo, con los solicitantes de asilo, quienes tienen derecho al empadronamiento con la tarjeta roja o con el resguardo de presentación de solicitud de protección internacional. 

Por su parte, el programa Canarias Convive también trabaja en la creación de un protocolo de empadronamiento homogéneo para todos los municipios canarios que incluirá una serie de recomendaciones para agilizar este trámite. “Esto sería en beneficio de los municipios y de las propias personas migrantes que forman parte de la sociedad canaria, para que puedan ser ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en igualdad de condiciones que sus vecinos y vecinas”, resalta Miranda. 

En la misma línea también se ha pronunciado la Diputada del Común, Lola Padrón, quien reconoce la existencia de esta problemática. Por ello, hace unos meses mantuvo una reunión con representantes de CEAR Canarias y Cruz Roja para abordar los diversos problemas a los que se tienen que enfrentar la población migrante en las Islas, en la que se incidió, entre otros puntos, en la cuestión del empadronamiento en las Islas.