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En defensa de la acción popular
I. En los últimos días se ha suscitado un debate acerca de la proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados, que —entre otras cuestiones— propone una drástica reforma de la acción popular. En nuestro ordenamiento, el Ministerio Fiscal tiene una función primordial que es la de ejercer la acción penal en nombre del Estado; en correspondencia con la concepción de dicha acción como una función pública. Sin embargo, y a diferencia de otros ordenamientos, no goza del monopolio sobre la misma, ya que la comparte con la acusación particular y, también, con la acusación popular. Los tres actores son de ámbito estatal, pero cada uno de ellos ejerce la acción representando unos intereses: el Ministerio Fiscal el interés público, la acusación particular los legítimos que le son propios; y la popular los intereses generales. Y, más recientemente —en 2021—, ha entrado en este escenario un nuevo actor de carácter supranacional: la Fiscalía Europea, cuya función es promover el ius puniendi en relación con los delitos contra los presupuestos de la Unión Europea. II. Esta compleja configuración del poder de acusar mediante el reconocimiento de la acción popular permite la concurrencia de diversos actores en defensa de los […]
I. En los últimos días se ha suscitado un debate acerca de la proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados, que —entre otras cuestiones— propone una drástica reforma de la acción popular. En nuestro ordenamiento, el Ministerio Fiscal tiene una función primordial que es la de ejercer la acción penal en nombre del Estado; en correspondencia con la concepción de dicha acción como una función pública. Sin embargo, y a diferencia de otros ordenamientos, no goza del monopolio sobre la misma, ya que la comparte con la acusación particular y, también, con la acusación popular. Los tres actores son de ámbito estatal, pero cada uno de ellos ejerce la acción representando unos intereses: el Ministerio Fiscal el interés público, la acusación particular los legítimos que le son propios; y la popular los intereses generales. Y, más recientemente —en 2021—, ha entrado en este escenario un nuevo actor de carácter supranacional: la Fiscalía Europea, cuya función es promover el ius puniendi en relación con los delitos contra los presupuestos de la Unión Europea. II. Esta compleja configuración del poder de acusar mediante el reconocimiento de la acción popular permite la concurrencia de diversos actores en defensa de los […] 
