El Gobierno andaluz pone la mano en el fuego por la balsa de residuos tóxicos de la minera en Huelva que investiga la UE
Las consejerías de Medio Ambiente y de Industria, que han autorizado un depósito de desechos mineros de 15 millones de metros cúbicos próximo a una pedanía de Cortegana (Huelva), defienden que su aval al proyecto es fruto de un "proceso técnico, transparente y garantista"La UE abre una investigación al Gobierno andaluz por autorizar la balsa de residuos tóxicos de una minera en Huelva “No se ha desestimado ninguna objeción sin un análisis técnico fundamentado y las decisiones adoptadas se basan en criterios científicos y en la normativa vigente”. El Gobierno andaluz ha cerrado filas con la empresa minera Sandfire-MATSA y ha avalado, con rotundidad, la autorización ambiental unificada que otorgó a la construcción de una balsa de residuos tóxicos próxima al municipio onubense de Cortegana (Huelva). Lo hace después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), un órgano que atiende denuncias de ciudadanos ante las instituciones europeas, haya solicitado a la Comisión Europea que “lleve a cabo una investigación preliminar” sobre el citado depósito de residuos, con capacidad para 15 millones de metros cúbicos, riesgos para la población cercana y el posible impacto en el medioambiente. La apertura de esta investigación surge a resultas de una denuncia de los vecinos de Valdelamusa, una pedanía de Cortegana ubicada a unos 500 metros del enclave donde la Junta ha autorizado el depósito de residuos mineros. En la petición que elevaron al Parlamento Europeo argumentaban que la minera MATSA prevé almacenar residuos de metales pesados que “exceden de los niveles de referencia permitidos por motivos de salud, como plomo, arsénico o talio, con riesgo para la población y con un impacto permanente sobre las aguas, las tierras y el aire”. La respuesta de la Comisión de Peticiones de la UE, adelantada por elDiario.es Andalucía, fue ordenar la apertura de una investigación, al entender que la balsa de residuos tóxicos en Huelva podía colisionar con dos directivas marco de la Comisión Europea: una sobre contaminación del agua y otra sobre gestión de residuos. Los desechos mineros que contempla MATSA tienen la clasificación A, es decir, están considerados como “peligrosos” para la población. Dos km de seguridad Una de las directivas a las que se alude en la apertura de la investigación fija una distancia de seguridad mínima de dos kilómetros entre un almacén de residuos tóxicos y la población más próxima, cuando los vecinos de Valdelamusa hablan de 500 metros hasta la balsa minera autorizada por la Junta de Andalucía, y la Administración eleva esa cifra hasta los 700 metros. En todo caso, esa distancia depende del reglamento de Minas, de la Consejería de Industria, que dio luz verde al proyecto minero de Huelva una vez que el departamento de Medio Ambiente aprobó la autorización ambiental unificada. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que pilota Catalina García, no ha recibido aún la notificación de Bruselas, pues se encuentra en una fase muy incipiente. Tampoco el Ministerio de Transición Ecológica, que será en primera instancia quien tenga que responder a la Comisión Europea cuando empiece a demandar documentación sobre el proyecto minero de Huelva. De hecho, la Comisión Europea tiene tres meses de plazo para iniciar formalmente la investigación, confirman fuentes comunitarias a este periódico. Sin embargo, la Junta ha reaccionado de manera contundente a raíz de la información publicada por este medio, con una respuesta conjunta elaborada por los dos departamentos implicados en la autorización de la balsa de residuos tóxicos: “Ante las afirmaciones vertidas en la petición de amparo presentada al Parlamento Europeo, la Consejería de Medio Ambiente desea aclarar que la tramitación de la autorización ambiental unificada se ha realizado con total transparencia, dando respuesta a las alegaciones formuladas y asegurando que se cumplen todos los requisitos legales. No se ha desestimado ninguna objeción sin un análisis técnico fundamentado, y las decisiones adoptadas se basan en criterios científicos y en la normativa vigente”. Esas alegaciones a las que alude la Junta son las que presentó la asociación Valdelamusa Viva, tras recoger más de 5.000 firmas contra el depósito de desechos minerales por la proximidad a sus casas, demandando que se cambiase la ubicación de la balsa, alejándola del municipio. Seis emplazaciones alternativas para la balsa Los terrenos en los que se ubicará la instalación minera fueron adquiridos en 2015 por la empresa MATSA a propietarios locales, “sin que formen parte de ningún espacio natural o protegido”, subraya la Junta, y asegura también que “el emplazamiento seleccionado ha sido objeto de un exhaustivo análisis, evaluándose hasta seis alternativas distintas”. “La opción aprobada responde a criterios técnicos que priorizan la menor afección posible a espacios
Las consejerías de Medio Ambiente y de Industria, que han autorizado un depósito de desechos mineros de 15 millones de metros cúbicos próximo a una pedanía de Cortegana (Huelva), defienden que su aval al proyecto es fruto de un "proceso técnico, transparente y garantista"
La UE abre una investigación al Gobierno andaluz por autorizar la balsa de residuos tóxicos de una minera en Huelva
“No se ha desestimado ninguna objeción sin un análisis técnico fundamentado y las decisiones adoptadas se basan en criterios científicos y en la normativa vigente”. El Gobierno andaluz ha cerrado filas con la empresa minera Sandfire-MATSA y ha avalado, con rotundidad, la autorización ambiental unificada que otorgó a la construcción de una balsa de residuos tóxicos próxima al municipio onubense de Cortegana (Huelva).
Lo hace después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), un órgano que atiende denuncias de ciudadanos ante las instituciones europeas, haya solicitado a la Comisión Europea que “lleve a cabo una investigación preliminar” sobre el citado depósito de residuos, con capacidad para 15 millones de metros cúbicos, riesgos para la población cercana y el posible impacto en el medioambiente.
La apertura de esta investigación surge a resultas de una denuncia de los vecinos de Valdelamusa, una pedanía de Cortegana ubicada a unos 500 metros del enclave donde la Junta ha autorizado el depósito de residuos mineros. En la petición que elevaron al Parlamento Europeo argumentaban que la minera MATSA prevé almacenar residuos de metales pesados que “exceden de los niveles de referencia permitidos por motivos de salud, como plomo, arsénico o talio, con riesgo para la población y con un impacto permanente sobre las aguas, las tierras y el aire”.
La respuesta de la Comisión de Peticiones de la UE, adelantada por elDiario.es Andalucía, fue ordenar la apertura de una investigación, al entender que la balsa de residuos tóxicos en Huelva podía colisionar con dos directivas marco de la Comisión Europea: una sobre contaminación del agua y otra sobre gestión de residuos. Los desechos mineros que contempla MATSA tienen la clasificación A, es decir, están considerados como “peligrosos” para la población.
Dos km de seguridad
Una de las directivas a las que se alude en la apertura de la investigación fija una distancia de seguridad mínima de dos kilómetros entre un almacén de residuos tóxicos y la población más próxima, cuando los vecinos de Valdelamusa hablan de 500 metros hasta la balsa minera autorizada por la Junta de Andalucía, y la Administración eleva esa cifra hasta los 700 metros. En todo caso, esa distancia depende del reglamento de Minas, de la Consejería de Industria, que dio luz verde al proyecto minero de Huelva una vez que el departamento de Medio Ambiente aprobó la autorización ambiental unificada.
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que pilota Catalina García, no ha recibido aún la notificación de Bruselas, pues se encuentra en una fase muy incipiente. Tampoco el Ministerio de Transición Ecológica, que será en primera instancia quien tenga que responder a la Comisión Europea cuando empiece a demandar documentación sobre el proyecto minero de Huelva. De hecho, la Comisión Europea tiene tres meses de plazo para iniciar formalmente la investigación, confirman fuentes comunitarias a este periódico.
Sin embargo, la Junta ha reaccionado de manera contundente a raíz de la información publicada por este medio, con una respuesta conjunta elaborada por los dos departamentos implicados en la autorización de la balsa de residuos tóxicos: “Ante las afirmaciones vertidas en la petición de amparo presentada al Parlamento Europeo, la Consejería de Medio Ambiente desea aclarar que la tramitación de la autorización ambiental unificada se ha realizado con total transparencia, dando respuesta a las alegaciones formuladas y asegurando que se cumplen todos los requisitos legales. No se ha desestimado ninguna objeción sin un análisis técnico fundamentado, y las decisiones adoptadas se basan en criterios científicos y en la normativa vigente”.
Esas alegaciones a las que alude la Junta son las que presentó la asociación Valdelamusa Viva, tras recoger más de 5.000 firmas contra el depósito de desechos minerales por la proximidad a sus casas, demandando que se cambiase la ubicación de la balsa, alejándola del municipio.
Seis emplazaciones alternativas para la balsa
Los terrenos en los que se ubicará la instalación minera fueron adquiridos en 2015 por la empresa MATSA a propietarios locales, “sin que formen parte de ningún espacio natural o protegido”, subraya la Junta, y asegura también que “el emplazamiento seleccionado ha sido objeto de un exhaustivo análisis, evaluándose hasta seis alternativas distintas”. “La opción aprobada responde a criterios técnicos que priorizan la menor afección posible a espacios protegidos, hábitats de interés, montes públicos, vías pecuarias, cauces hídricos y núcleos de población”, advierten desde la consejería.
Los ecologistas también se han manifestado contra el proyecto y defendieron alegaciones de carácter medioambiental contra una construcción “que se ubica encima de un pantano de rescate que suministra agua a poblaciones del entorno y que llega al río Odiel”.
La balsa de residuos tóxicos que prevé construir la empresa Sandfire-MATSA ocupará 130 hectáreas y para ello se talarán 36.000 pinos en las cercanías de la pedanía onubense de Valdelamusa. La legislación europea sobre este asunto obliga a los Estados miembro a “reducir progresivamente la contaminación” de sus aguas naturales, les exige “garantizar”, en el caso de las aguas superficiales, que “se alcance el estado ecológico y químico más elevado posible, dados los impactos que no podrían haberse evitado razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o la contaminación”.
El Gobierno andaluz sostiene que su “compromiso con la protección ambiental es incuestionable” y defiende que las autorizaciones que otorgó al depósito de residuos mineros en Huelva “responden a una evaluación rigurosa de los impactos y establecen medidas de control que aseguran el cumplimiento de la normativa más exigente en materia de residuos mineros”.
Promete un “control exhaustivo”
La Junta promete “un control exhaustivo” del proyecto, se muestra comprensiva con “la sensibilidad” y las “opiniones expresadas en el proceso de participación pública”, y reitera que “las decisiones adoptadas han sido fruto de un proceso técnico, transparente y garantista, en el que se han ponderado todos los intereses en juego”.
El pasado 28 de agosto, la Consejería de Medio Ambiente firmó la autorización ambiental para la construcción de la balsa de residuos tóxicos en Huelva. En diciembre, el departamento de Industria también dio su visto bueno al proyecto. La capacidad del depósito de residuos que ha autorizado el Gobierno de Moreno en la localidad de Cortegana triplica el volumen de desechos que arrojó la famosa balsa de lodos mineros de Aznalcóllar al romperse en 1998, inundando con materiales tóxicos el río Guadiamar (5,5 millones de metros cúbicos), que alimenta el Parque Natural de Doñana.
El futuro depósito de residuos tóxicos viene a sustituir un almacén de desechos mineros que ya existe, pero que se encuentra próximo a alcanzar su capacidad máxima y su vida útil finalizará en marzo de 2026.
