De la Audiencia a la Fiscalía: estos son todos los excesos que se le reprochan a Peinado y Hurtado
Los jueces 'de moda' de nuestro país cada vez están más en entredicho. Dejando a un lado nombres como el de Adolfo Carretero, encargado de dirigir el juicio contra Íñigo Errejón por presunto acoso sexual hacia Elisa Mouliáa, o las formas de la persona que pregunta a los testigos en el 'caso Rubiales'; las personalidades judiciales del momento son, sin duda, Juan Carlos Peinado -quien instruye la causa contra Begoña Gómez- y Ángel Hurtado, que lleva lo relativo al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Estos dos magistrados, sin embargo, no hacen sino llevarse varapalos por las formas en las que están llevando sendos casos. Al primero le creían los enanos en las últimas horas después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordara anular en análisis del móvil y de todos los dispositivos informáticos del empresario Juan Carlos Barrabés, al que él mismo imputó de la noche a la mañana y al que tampoco ha podido vincular con nada punible respecto de las acciones de la mujer de Pedro Sánchez. Una semana antes, el mismo organismo judicial había declarado nulo el registro en el que se confiscaron los objetos alegando que "no se puede obtener la verdad real a cualquier precio". En lo que se refiere a Hurtado, también queda especialmente arrinconado -si es que su gestión del caso no estaba ya suficientemente en entredicho- tras el (no) interrogatorio de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien se negó a hacer preguntas al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por una supuesta revelación de secretos, por hasta ocho razones. Lo que sobre el papel tendría que haber sido una sucesión de preguntas y respuestas se convirtió en un alegato durísimo contra el juez de instrucción por considerar que había obtenido pruebas mediante la entrada y registro del despacho del fiscal general, lo cual obedece a una diligencia "desproporcionada" para el delito investigado y, además, carente de motivación. Entre los motivos que esgrimió Sánchez para negarse a interrogar al máximo responsable de la Fiscalía General destacaron la "presunta inconstitucionalidad de la prueba", que el secreto que se investiga "fue conocido antes por muchos periodistas" -en relación al papel que desempeñó, principalmente, el jefe de prensa de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez-, que "las conversaciones entre abogados y fiscales en este tipo de delito tienen escaso valor" o que "el querellante ofreció un relato de hechos para desprestigiar al ministerio fiscal". La teniente fiscal llega a inducir en su discurso que "la Fiscalía ha sido víctima de un montaje". Imputación 'a dedo' o "allanamiento imprudente": el 'modus operandi' del juez Peinado La cronología de polémicas del juez Peinado es amplia desde el momento mismo en el que atendió la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias y otros actores de extrema derecha contra la esposa del líder del Ejecutivo basada en recortes de prensa e información sin contrastar. El juez se ha intentado aferrar a cualquier cosa para encontrar un ápice de responsabilidad penal en las actuaciones...
Los jueces 'de moda' de nuestro país cada vez están más en entredicho. Dejando a un lado nombres como el de Adolfo Carretero, encargado de dirigir el juicio contra Íñigo Errejón por presunto acoso sexual hacia Elisa Mouliáa, o las formas de la persona que pregunta a los testigos en el 'caso Rubiales'; las personalidades judiciales del momento son, sin duda, Juan Carlos Peinado -quien instruye la causa contra Begoña Gómez- y Ángel Hurtado, que lleva lo relativo al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Estos dos magistrados, sin embargo, no hacen sino llevarse varapalos por las formas en las que están llevando sendos casos. Al primero le creían los enanos en las últimas horas después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordara anular en análisis del móvil y de todos los dispositivos informáticos del empresario Juan Carlos Barrabés, al que él mismo imputó de la noche a la mañana y al que tampoco ha podido vincular con nada punible respecto de las acciones de la mujer de Pedro Sánchez. Una semana antes, el mismo organismo judicial había declarado nulo el registro en el que se confiscaron los objetos alegando que "no se puede obtener la verdad real a cualquier precio". En lo que se refiere a Hurtado, también queda especialmente arrinconado -si es que su gestión del caso no estaba ya suficientemente en entredicho- tras el (no) interrogatorio de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien se negó a hacer preguntas al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por una supuesta revelación de secretos, por hasta ocho razones. Lo que sobre el papel tendría que haber sido una sucesión de preguntas y respuestas se convirtió en un alegato durísimo contra el juez de instrucción por considerar que había obtenido pruebas mediante la entrada y registro del despacho del fiscal general, lo cual obedece a una diligencia "desproporcionada" para el delito investigado y, además, carente de motivación. Entre los motivos que esgrimió Sánchez para negarse a interrogar al máximo responsable de la Fiscalía General destacaron la "presunta inconstitucionalidad de la prueba", que el secreto que se investiga "fue conocido antes por muchos periodistas" -en relación al papel que desempeñó, principalmente, el jefe de prensa de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez-, que "las conversaciones entre abogados y fiscales en este tipo de delito tienen escaso valor" o que "el querellante ofreció un relato de hechos para desprestigiar al ministerio fiscal". La teniente fiscal llega a inducir en su discurso que "la Fiscalía ha sido víctima de un montaje". Imputación 'a dedo' o "allanamiento imprudente": el 'modus operandi' del juez Peinado La cronología de polémicas del juez Peinado es amplia desde el momento mismo en el que atendió la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias y otros actores de extrema derecha contra la esposa del líder del Ejecutivo basada en recortes de prensa e información sin contrastar. El juez se ha intentado aferrar a cualquier cosa para encontrar un ápice de responsabilidad penal en las actuaciones...
