Debido al historial de expropiaciones y deudas impagas de los últimos gobiernos, en cortes internacionales de justicia se mantienen varias causas abiertas contra la Argentina, con reclamos por indemnizaciones que suman al menos US$18.240 millones.

El caso más conocido es el juicio por la estatización de YPF, que esta semana sumó un nuevo capítulo cuando la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que el Estado argentino presente la información que pidieron los fondos demandantes, que buscan cobrar la indemnización de US$16.100 millones que surgió del fallo de primera instancia.

A ese proceso, además, se le suman el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y los pedidos de cobro por la deuda en default de 2001 y por el caso de los bonos cupón PBI.

La Procuración del Tesoro, a cargo de diseñar la estrategia legal de defensa del Estado, está presidida por Rodolfo Barra, quien en el primer año de gestión de Javier Milei mantuvo los lineamientos del gobierno anterior, bajo la representación de los estudios jurídicos Sullivan & Cromwell y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H).

Según afirma Sebastián Maril, director de la firma Research for Traders, “los juicios abiertos contra el Estado argentino: cupón PBI en Gran Bretaña, por €1732 millones; cupón PBI en Estados Unidos, con dos juicios por US$6000 millones; YPF, por US$17.000 millones; Aerolíneas Argentinas, por US$390 millones; Webuild, con dos juicios por US$60 millones; Bainbridge Fund, por US$95 millones, y Attestor Master, por US$450 millones, donde están embargados los bonos Brady (US$310 millones)”.

Expropiación de YPF

El juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, ocurrido en 2012, es el caso más importante que enfrenta la Argentina. En primera instancia, la jueza Preska determinó que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país pagara una indemnización de US$16.100 millones, pero eximió de responsabilidades a YPF.

Actualmente, el proceso se desarrolla por dos vías distintas. Por un lado, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tanto la Argentina como los fondos Burford y Eton Capital, quienes compraron el derecho a litigar contra el país, están buscando la revisión del fallo de primera instancia. Los demandantes piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización, mientras que el Estado argentino quiere que se revea la sentencia.

Las tres partes (la Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron todos los escritos solicitados y ahora se está a la espera de que la cámara de Apelaciones designe un panel de tres miembros y resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso, que podría ser en los próximos meses.

Mientras tanto, los fondos buscan cobrar de manera anticipada la indemnización. Para evitar el embargo de activos, Preska había concedido el pedido de garantía de pago que solicitaron los fondos. Equivalía a entregar un tercio de las acciones de YPF y un supuesto crédito a favor con Paraguay por la construcción de la represa de Yacyretá. Ninguna de las opciones era viable para el Estado.

Para entregar o vender acciones de YPF es necesario tener la aprobación del Congreso. Y en relación a la supuesta deuda que Paraguay tiene con la Argentina, nunca se formalizó, más allá de algunas declaraciones políticas del gobierno anterior que indicaban que el país financió la mayor parte de la construcción de la central hidroeléctrica, 30 años atrás.

Por lo tanto, ahora los fondos piden que nuestro país entregue información para comprobar que ciertas entidades manejadas por la Argentina son alter ego; es decir, extensiones del Estado y que pueden ser parte de la ejecución de la sentencia. Entre ellas, YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Arsat, Enarsa y el Banco Central. La Argentina se opone a entregar cierta información, porque dice que no es relevante, mientras que los fondos señalan que eso lo tiene que decidir la jueza.

Esta semana, sin embargo, Preska ordenó al Estado entregar toda la información solicitada por los beneficiarios del fallo, incluido datos sobre la ubicación del oro argentino que está en las reservas del Banco Central.

“La jueza Preska aceptó el pedido de los demandantes y ordenó que Argentina les entregue la información sobre las reservas de oro del BCRA que tenga el gobierno nacional. La defensa argentina se había opuesto, argumentando que el oro es propiedad del BCRA y no del gobierno nacional. El Poder Ejecutivo no tiene información sobre esas reservas y el BCRA considera que esa información es confidencial”, explicó el exviceprocurador del Tesoro, Sebastián Soler.

En la Procuración del Tesoro dijeron: “Estamos a disposición de la Justicia, ejerciendo nuestro derecho de legítima defensa de la República Argentina. Como siempre, con extrema prudencia por temas de estrategia y confidencialidad”.

Expropiación de Aerolíneas Argentinas

En 2019, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una institución que depende del Banco Mundial, ratificó que el Estado argentino debía pagar US$320 millones más intereses de indemnización por las expropiaciones de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurridas en 2008.

En 2021, el caso continuó en la justicia estadounidense, en los tribunales del distrito de Columbia, donde el fondo Titan Consortium, quien compró el derecho a litigar, hizo el reclamo para pedir la ejecución del laudo arbitral, luego de que la Argentina nunca pagara.

La defensa argentina, por su parte, primero pidió a la misma corte que confirme que Titan es el titular legítimo del reclamo, y luego dijo que este era extemporáneo y que la cuestión había prescrito. El tribunal rechazó la moción de desestimación del Estado argentino y, recientemente, la defensa apeló esta decisión ante la Corte de Apelaciones de Columbia.

Cupón PBI

La Argentina tiene dos procesos en paralelo por los bonos “cupón PBI”, emitidos en 2005. El Estado fue acusado de perjudicar a los inversores cuando modificó la manera de calcular el producto bruto interno (PBI), que derivó en el pago de menos intereses de deuda, en 2013.

Por un lado, hubo una sentencia en contra en el Tribunal Superior de Londres. El juez Simon Picken le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited, y sentenció daños e indemnizaciones por 1330 millones de euros más intereses. La Corte Suprema de este país rechazó el pedido de la defensa argentina de apelar el fallo y, por lo tanto, la sentencia quedó firme.

En paralelo, la Argentina enfrentaba otro proceso similar en Nueva York, aunque en marzo pasado, la jueza Preska dictó sentencia sumaria a favor de la Argentina, rechazó la demanda y cerró el caso, porque consideró que los demandantes no habían satisfecho los requisitos contractuales indispensables para presentar la demanda. Los demandantes apelaron el fallo. Son los fondos Aurelius, Novoriver, ACP Master, 683 Capital Partners, Adona y APE Group SPA.

Bonos en default

Los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master, entre otros, compraron deuda argentina en default desde 2001 a tenedores que nunca ingresaron a ninguno de los tres canjes que emitió el país, en 2005 (bajo la gestión de Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri).

En total, la Argentina debe alrededor de US$420 millones por esta deuda acumulada.

En agosto, la Justicia estadounidense habilitó el embargo de activos que tiene el Estado argentino depositado en una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal estadounidense (Fed). Según estimaciones privadas, sería un total de US$187 millones.

Se cree que son menos del 3% del total de los tenedores originales que mantuvieron la deuda en default e iniciaron juicio al Estado argentino, llamados coloquialmente holdouts o fondos buitre.