Adif desaloja a los últimos inquilinos de las viviendas expropiadas para la llegada del AVE a Almería
Durante la mañana de este lunes se ha producido el desalojo, por orden judicial, por parte de Adif de los últimos inquilinos que residían en las viviendas afectadas a consecuencia de las obras del soterramiento para la llegada del AVE a Almería capital. La actuación debía haberse realizado en abril de 2024, pero la resistencia de los moradores ha alargado el proceso. El operativo, que se ha desarrollado con la presencia de Policía Nacional y el Servicio de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería, ha afectado a ocho viviendas de un edificio con un total de 40 inmuebles. La titularidad de los pisos fue adquirida por Adif a través de un expediente de expropiación forzosa. Según la Subdelegación de Gobierno, los propietarios han recibido la indemnización correspondiente de acuerdo a la normativa vigente. Durante la actuación policial se han identificado a 14 personas y detenido a tres , dos de ellas en relación con la ley de Extranjería y otra por una reclamación judicial previa. En diciembre de 2024, un juzgado almeriense autorizó el desalojo forzoso solicitado por Adif. Los últimos moradores son familias sin recursos que vivían en régimen de alquiler sin posibilidad de encontrar una salida acorde con sus posibilidades económicas. Tres de las familias con menores y una mujer que vivía sola han sido realojados en diferentes instalaciones como el albergue Inturjoven, la Casa de Nazaret y el Centro de Acogida, según fuentes municipales. Se tratan de medidas provisionales puesto que la situación de cada grupo se analizará a través de los Servicios Sociales. La situación de vulnerabilidad de estos inquilinos, unas cincuenta personas entre adultos y niños, se abordó en el último pleno del Ayuntamiento de Almería a través de una moción que fue aprobada con los votos de todos los partidos, a excepción de Vox, para pedir al Gobierno de España recursos extraordinarios para financiar alternativas habitacionales a los afectados por el desalojo. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, aseguró que se habían cumplido con todos los requisitos legales y que las competencias en vivienda y servicios sociales son tarea de la Junta y el Ayuntamiento. Las viviendas afectadas se ubican en la calle Ferrobús , dentro del área de la ejecución del soterramiento del AVE. La gran mayoría de los vecinos abandonó los domicilios dentro de los plazos acordados, pero uno de los grupos se ha resistido hasta el último momento. Una vez derribado el puente de la autovía del Aeropuerto y de la avenida del Mediterráneo, la maquinaria sigue trabajando para la llegada de la Alta Velocidad a la capital almeriense. Las demolición de las viviendas desalojadas ha sido hasta el momento uno de los escollos que ha tenido que salvar Adif a través de una orden judicial. Estas casas pertenecían a trabajadores ferroviarios y sus moradores se negaban a abandonarlas. A través de un abogado presentaron un recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que paralizará el desalojo de los vecinos.
Durante la mañana de este lunes se ha producido el desalojo, por orden judicial, por parte de Adif de los últimos inquilinos que residían en las viviendas afectadas a consecuencia de las obras del soterramiento para la llegada del AVE a Almería capital. La actuación debía haberse realizado en abril de 2024, pero la resistencia de los moradores ha alargado el proceso. El operativo, que se ha desarrollado con la presencia de Policía Nacional y el Servicio de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería, ha afectado a ocho viviendas de un edificio con un total de 40 inmuebles. La titularidad de los pisos fue adquirida por Adif a través de un expediente de expropiación forzosa. Según la Subdelegación de Gobierno, los propietarios han recibido la indemnización correspondiente de acuerdo a la normativa vigente. Durante la actuación policial se han identificado a 14 personas y detenido a tres , dos de ellas en relación con la ley de Extranjería y otra por una reclamación judicial previa. En diciembre de 2024, un juzgado almeriense autorizó el desalojo forzoso solicitado por Adif. Los últimos moradores son familias sin recursos que vivían en régimen de alquiler sin posibilidad de encontrar una salida acorde con sus posibilidades económicas. Tres de las familias con menores y una mujer que vivía sola han sido realojados en diferentes instalaciones como el albergue Inturjoven, la Casa de Nazaret y el Centro de Acogida, según fuentes municipales. Se tratan de medidas provisionales puesto que la situación de cada grupo se analizará a través de los Servicios Sociales. La situación de vulnerabilidad de estos inquilinos, unas cincuenta personas entre adultos y niños, se abordó en el último pleno del Ayuntamiento de Almería a través de una moción que fue aprobada con los votos de todos los partidos, a excepción de Vox, para pedir al Gobierno de España recursos extraordinarios para financiar alternativas habitacionales a los afectados por el desalojo. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, aseguró que se habían cumplido con todos los requisitos legales y que las competencias en vivienda y servicios sociales son tarea de la Junta y el Ayuntamiento. Las viviendas afectadas se ubican en la calle Ferrobús , dentro del área de la ejecución del soterramiento del AVE. La gran mayoría de los vecinos abandonó los domicilios dentro de los plazos acordados, pero uno de los grupos se ha resistido hasta el último momento. Una vez derribado el puente de la autovía del Aeropuerto y de la avenida del Mediterráneo, la maquinaria sigue trabajando para la llegada de la Alta Velocidad a la capital almeriense. Las demolición de las viviendas desalojadas ha sido hasta el momento uno de los escollos que ha tenido que salvar Adif a través de una orden judicial. Estas casas pertenecían a trabajadores ferroviarios y sus moradores se negaban a abandonarlas. A través de un abogado presentaron un recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que paralizará el desalojo de los vecinos.
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