Una intromisión innecesaria
La reciente aprobación en el Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, se presenta como un avance histórico en materia de derechos laborales, cuando se trata de una muestra más del intrusismo de la peor política en un ámbito donde las organizaciones de la sociedad civil han resuelto durante años de manera pacífica sus diferencias. La medida ha sido convertida en «un proyecto de país para modernizar España» por la vicepresidenta Yolanda Díaz que, ayuna de influencia política real y de respaldo ciudadano para su proyecto político, ha decidido recurrir a una medida populista que, de salir adelante, podría oxigenar sus ambiciones. Sin embargo, la propia Díaz ha reconocido que su anteproyecto no tendrá fácil tramitación parlamentaria porque necesita los votos de Junts y del PNV, dos partidos con fuertes lazos con la burguesía empresarial. Ambas fuerzas políticas saben que esta medida, aparentemente progresista, esconde tras de sí una serie de consecuencias económicas que podrían resultar devastadoras para el tejido empresarial español y, por ende, para el conjunto de la sociedad. No es casualidad que esta iniciativa surja en un momento en que la productividad de España continúa en un profundo bache con avances tan modestos que nos sitúa entre las cinco peores economías de Europa y mantiene una de las tasas de paro más elevadas del continente. La propuesta, lejos de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía, amenaza con agravarlos significativamente. La subida del salario mínimo y la reducción de jornada van contra la España vaciada, las empresas pequeñas y los autónomos. Las pymes, que constituyen el 99% del tejido empresarial español y generan el 66% del empleo, serán las principales damnificadas, porque las grandes compañías tienen un margen mayor de maniobra. La reducción de la jornada, sin una disminución proporcional del salario, supondrá un incremento de los costes que muchas no podrán asumir. Y no podrán hacerlo porque el Gobierno de Pedro Sánchez hace ya tiempo que ha descubierto que apropiarse de los costes laborales, como ya hizo para incrementar los ingresos de la reforma de pensiones del ministro Escrivá, es una forma sutil y poco evidente de imponer sus objetivos. En un contexto de elevada inflación y con un comercio inestable, esta medida podría ser el golpe de gracia para miles de negocios que ya operan con márgenes muy ajustados. Un reciente estudio de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid indica que la reducción le costará 2.635 millones de euros a los comerciantes y hosteleros de la región. También en Cataluña, una veintena de organizaciones empresariales se han opuesto a la medida porque los aboca a la «inviabilidad económica». Los defensores de la reducción argumentan que la medida es perfectamente asumible y que los que se oponen también lo hicieron con la reducción a 40 horas semanales que se adoptó en 1983. Su afirmación carece de respaldo empírico, aunque es probable que el PSOE no pudiera cumplir su promesa electoral de crear 800.000 puestos de trabajo entonces por tal decisión. Pero lo más importante de este dato es que sin necesidad de que intervenga ningún gobierno, la jornada laboral española ha pasado de 40 horas semanales en 1982 a las 37,6 horas reales que en promedio se hacen hoy en España, ponderando los horarios de todos los sectores y el impacto del absentismo. Esto ha sido posible gracias a la negociación colectiva que se desarrolla en cada empresa, que es el ámbito lógico de decisión de cuestiones como el horario de trabajo.
La reciente aprobación en el Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, se presenta como un avance histórico en materia de derechos laborales, cuando se trata de una muestra más del intrusismo de la peor política en un ámbito donde las organizaciones de la sociedad civil han resuelto durante años de manera pacífica sus diferencias. La medida ha sido convertida en «un proyecto de país para modernizar España» por la vicepresidenta Yolanda Díaz que, ayuna de influencia política real y de respaldo ciudadano para su proyecto político, ha decidido recurrir a una medida populista que, de salir adelante, podría oxigenar sus ambiciones. Sin embargo, la propia Díaz ha reconocido que su anteproyecto no tendrá fácil tramitación parlamentaria porque necesita los votos de Junts y del PNV, dos partidos con fuertes lazos con la burguesía empresarial. Ambas fuerzas políticas saben que esta medida, aparentemente progresista, esconde tras de sí una serie de consecuencias económicas que podrían resultar devastadoras para el tejido empresarial español y, por ende, para el conjunto de la sociedad. No es casualidad que esta iniciativa surja en un momento en que la productividad de España continúa en un profundo bache con avances tan modestos que nos sitúa entre las cinco peores economías de Europa y mantiene una de las tasas de paro más elevadas del continente. La propuesta, lejos de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía, amenaza con agravarlos significativamente. La subida del salario mínimo y la reducción de jornada van contra la España vaciada, las empresas pequeñas y los autónomos. Las pymes, que constituyen el 99% del tejido empresarial español y generan el 66% del empleo, serán las principales damnificadas, porque las grandes compañías tienen un margen mayor de maniobra. La reducción de la jornada, sin una disminución proporcional del salario, supondrá un incremento de los costes que muchas no podrán asumir. Y no podrán hacerlo porque el Gobierno de Pedro Sánchez hace ya tiempo que ha descubierto que apropiarse de los costes laborales, como ya hizo para incrementar los ingresos de la reforma de pensiones del ministro Escrivá, es una forma sutil y poco evidente de imponer sus objetivos. En un contexto de elevada inflación y con un comercio inestable, esta medida podría ser el golpe de gracia para miles de negocios que ya operan con márgenes muy ajustados. Un reciente estudio de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid indica que la reducción le costará 2.635 millones de euros a los comerciantes y hosteleros de la región. También en Cataluña, una veintena de organizaciones empresariales se han opuesto a la medida porque los aboca a la «inviabilidad económica». Los defensores de la reducción argumentan que la medida es perfectamente asumible y que los que se oponen también lo hicieron con la reducción a 40 horas semanales que se adoptó en 1983. Su afirmación carece de respaldo empírico, aunque es probable que el PSOE no pudiera cumplir su promesa electoral de crear 800.000 puestos de trabajo entonces por tal decisión. Pero lo más importante de este dato es que sin necesidad de que intervenga ningún gobierno, la jornada laboral española ha pasado de 40 horas semanales en 1982 a las 37,6 horas reales que en promedio se hacen hoy en España, ponderando los horarios de todos los sectores y el impacto del absentismo. Esto ha sido posible gracias a la negociación colectiva que se desarrolla en cada empresa, que es el ámbito lógico de decisión de cuestiones como el horario de trabajo.
