Trump y la purga de funcionarios: una orden ejecutiva allana el camino para que Elon Musk les pueda despedir desde DOGE
Tan pronto como Trump juró su cargo ante la atenta mirada de su nueva Guardia Pretoriana formada por las mayores fortunas del mundo, se puso manos a la obra firmando los primeros decretos. Uno de los decretos prioritarios fue la creación oficial de DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental que estará dirigido por Elon Musk. La segunda, cambiar el estatus de los trabajadores federales para que Musk pueda despedirlos a su criterio. Despedir a funcionarios de carrera. Uno de los puntos más polémicos de la orden ejecutiva que firmó Donald Trump tras su nombramiento es el cambio de estatus para los funcionarios de carrera, encargados de hacer cumplir la normativa independientemente de quien ocupe el despacho oval. Para garantizar esa independencia, estos funcionarios contaban con una protección adicional contemplada en el Anexo F (Schedule F). Una de las órdenes ejecutiva de Trump ordena cambiar este estatus protegido, por lo que ahora pueden ser despedidos si no cumplen con los mandatos de sus superiores. Esta era una de las exigencias del Proyecto 2025 que ha elaborado el ala más radical del Partido republicano, y del que Trump ha renegado durante toda la campaña, hasta justo después de su nombramiento. En Xataka El saludo nazi de Elon Musk es en realidad la culminación de algo más profundo: su giro a la extrema derecha Solo funcionarios leales. En otro apartado de esta orden ejecutiva se estable que "Debido a que los funcionarios del SES ejercen una autoridad gubernamental significativa, deben actuar a voluntad del presidente", haciendo especial hincapié en esa figura presidencial, para lo cual ha modificado distintos apartados del Anexo F. "El no hacerlo será motivo de despido", señala la orden. Scott Michelman, director jurídico de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Distrito de Columbia, aseguraba desde un comunicado emitido por la organización que " La orden ejecutiva sobre la fuerza laboral federal es una toma de poder por parte de Trump, que amplía su autoridad para despedir a los empleados que percibe como insuficientemente leales". Michelman asegura que, "durante la última administración de Trump, se topó con trabajadores federales que estaban siguiendo la ley, en lugar de seguir indiscriminadamente sus órdenes. Los trabajadores federales no deberían ser despedidos porque son más leales a la Constitución de los EE UU que al presidente. Eso es una amenaza tanto para nuestros valores constitucionales como para el estado de derecho". "El verdadero objetivo de la orden es atacar a los trabajadores en función de su deslealtad real o percibida hacia el presidente y sus objetivos políticos", concluye Scott Michelman. En Xataka A Elon Musk reunir la mayor fortuna jamás vista se le queda corto. Ahora quiere reestructurar la deuda de Estados Unidos La excusa de la eficiencia. Otro de los puntos polémicos que complementan esta orden ejecutiva es que todos los funcionarios y los 2,3 millones de empleados civiles federales deberán ser evaluados por la eficiencia de su trabajo y, en caso de no ser satisfactoria, podrían ser despedidos. Sin embargo, en esa misma orden se prohíben "ciertas acciones de personal" y "acciones basadas en la afiliación partidista del empleado, otras características protegidas o debido a la condición del empleado como denunciante". Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, declaraba a la CNN: "La orden del presidente Trump es un intento flagrante de corromper al gobierno federal eliminando los derechos de los empleados al debido proceso para que puedan ser despedidos por razones políticas. Eliminará cientos de miles de empleos federales del servicio civil profesional no partidista y los hará responsables ante la voluntad de un hombre". Cierre de contrataciones y del teletrabajo. Ante el filtrado masivo al que se va a ver abocada toda la administración federal de EEUU, la orden ejecutiva firmada por Trump horas después de su nombramiento, cancelaba de forma indefinida cualquier proceso de contratación de la administración. Además, la orden firmada por Trump insta a todos los empleados federales sin excepción que acudan a sus oficinas, quedando revocados todos los acuerdos de teletrabajo. La única excepción sería que, tal y como sucedió en algunas oficinas de Amazon, las instalaciones no tuvieran la capacidad suficiente para alojarlos a todos. En ese caso, se anticipa que "siempre que los jefes de departamento y agencia hagan las exenciones que consideren necesarias", por lo que podrían enviar a algunos funcionarios de vuelta a casa. Según datos proporcionados por fuentes cercanas al nuevo gobierno, en sus cálculos consta que solo el 6% de los empleados públicos trabaja desde las oficinas de sus agencias. Sin embargo, un informe elaborad
Tan pronto como Trump juró su cargo ante la atenta mirada de su nueva Guardia Pretoriana formada por las mayores fortunas del mundo, se puso manos a la obra firmando los primeros decretos.
Uno de los decretos prioritarios fue la creación oficial de DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental que estará dirigido por Elon Musk. La segunda, cambiar el estatus de los trabajadores federales para que Musk pueda despedirlos a su criterio.
Despedir a funcionarios de carrera. Uno de los puntos más polémicos de la orden ejecutiva que firmó Donald Trump tras su nombramiento es el cambio de estatus para los funcionarios de carrera, encargados de hacer cumplir la normativa independientemente de quien ocupe el despacho oval.
Para garantizar esa independencia, estos funcionarios contaban con una protección adicional contemplada en el Anexo F (Schedule F). Una de las órdenes ejecutiva de Trump ordena cambiar este estatus protegido, por lo que ahora pueden ser despedidos si no cumplen con los mandatos de sus superiores. Esta era una de las exigencias del Proyecto 2025 que ha elaborado el ala más radical del Partido republicano, y del que Trump ha renegado durante toda la campaña, hasta justo después de su nombramiento.
Solo funcionarios leales. En otro apartado de esta orden ejecutiva se estable que "Debido a que los funcionarios del SES ejercen una autoridad gubernamental significativa, deben actuar a voluntad del presidente", haciendo especial hincapié en esa figura presidencial, para lo cual ha modificado distintos apartados del Anexo F. "El no hacerlo será motivo de despido", señala la orden.
Scott Michelman, director jurídico de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Distrito de Columbia, aseguraba desde un comunicado emitido por la organización que " La orden ejecutiva sobre la fuerza laboral federal es una toma de poder por parte de Trump, que amplía su autoridad para despedir a los empleados que percibe como insuficientemente leales".
Michelman asegura que, "durante la última administración de Trump, se topó con trabajadores federales que estaban siguiendo la ley, en lugar de seguir indiscriminadamente sus órdenes. Los trabajadores federales no deberían ser despedidos porque son más leales a la Constitución de los EE UU que al presidente. Eso es una amenaza tanto para nuestros valores constitucionales como para el estado de derecho". "El verdadero objetivo de la orden es atacar a los trabajadores en función de su deslealtad real o percibida hacia el presidente y sus objetivos políticos", concluye Scott Michelman.
La excusa de la eficiencia. Otro de los puntos polémicos que complementan esta orden ejecutiva es que todos los funcionarios y los 2,3 millones de empleados civiles federales deberán ser evaluados por la eficiencia de su trabajo y, en caso de no ser satisfactoria, podrían ser despedidos. Sin embargo, en esa misma orden se prohíben "ciertas acciones de personal" y "acciones basadas en la afiliación partidista del empleado, otras características protegidas o debido a la condición del empleado como denunciante".
Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, declaraba a la CNN: "La orden del presidente Trump es un intento flagrante de corromper al gobierno federal eliminando los derechos de los empleados al debido proceso para que puedan ser despedidos por razones políticas. Eliminará cientos de miles de empleos federales del servicio civil profesional no partidista y los hará responsables ante la voluntad de un hombre".
Cierre de contrataciones y del teletrabajo. Ante el filtrado masivo al que se va a ver abocada toda la administración federal de EEUU, la orden ejecutiva firmada por Trump horas después de su nombramiento, cancelaba de forma indefinida cualquier proceso de contratación de la administración.
Además, la orden firmada por Trump insta a todos los empleados federales sin excepción que acudan a sus oficinas, quedando revocados todos los acuerdos de teletrabajo. La única excepción sería que, tal y como sucedió en algunas oficinas de Amazon, las instalaciones no tuvieran la capacidad suficiente para alojarlos a todos. En ese caso, se anticipa que "siempre que los jefes de departamento y agencia hagan las exenciones que consideren necesarias", por lo que podrían enviar a algunos funcionarios de vuelta a casa.
Según datos proporcionados por fuentes cercanas al nuevo gobierno, en sus cálculos consta que solo el 6% de los empleados públicos trabaja desde las oficinas de sus agencias. Sin embargo, un informe elaborado por el Congreso de EEUU revela que la cifra es mucho mayor, superando el 54%, y solo el 10% de los funcionarios civiles lo hace de forma totalmente remota.
Imagen | Flickr (Gage Skidmore, Gobierno de India)
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Trump y la purga de funcionarios: una orden ejecutiva allana el camino para que Elon Musk les pueda despedir desde DOGE
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Rubén Andrés
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