Trump da la orden de realizar redadas contra migrantes en escuelas e iglesias

En medio de la amenaza de redadas alrededor del país, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, ha anunciado este martes que se permitirán redadas dentro de las escuelas e iglesias, así como en sus alrededores. La administración de Joe Biden había establecido que el ICE –U.S. Immigration and Customs Enforcement, los agentes anti migración– tenía restringida su actuación en estas áreas, consideradas “sensibles”.

Ahora, el nuevo gobierno de Trump ha cambiado las directrices.

“Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de América para evitar ser arrestados. La administración Trump no atará las manos de nuestros valientes agentes de la ley, sino que confía en su sentido común”, dice el comunicado publicado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Las escuelas e iglesias son dos pilares fundamentales y puntos de encuentro dentro de la comunidad latina y migrante. Para muchos migrantes, la iglesia es un lugar de reunión con otras personas migrantes y un espacio desde el cual construir redes de apoyo. Algunas iglesias también brindan ayuda proporcionando comida y ropa a personas migrantes y en situación de vulnerabilidad. Ahora, la administración Trump ha convertido uno de los pocos espacios seguros para la comunidad migrante en un lugar a evitar.

“Quieren meter miedo y que la gente se quede en casa”, explica Abel Núñez, director de Carecen, una organización que trabaja con la comunidad latina y migrante en Washington DC.

Núñez señalaba, poco antes de que se hiciera público el anuncio, que tenía miedo de que muchas familias migrantes dejaran de llevar a los niños a la escuela porque la salida de los centros educativos es un lugar donde los agentes de inmigración pueden realizar detenciones con facilidad. Ahora, con el anuncio de redadas incluso dentro de los colegios, la situación se recrudece y la sensación de cercamiento hacia las personas migrantes aumenta.

Redadas en todo el país 

Este martes por la mañana, organizaciones humanitarias que trabajan en la frontera de Arizona contaban a elDiario.es que ya habían detectado presencia de militares en la frontera con Nogales. El Universal publicaba un vídeo del lado mexicano de la frontera, en el que las autoridades ya habían habilitado la instalación de la Unidad Deportiva Estrellas Nogales, donde se recibirán a los mexicanos deportados de EEUU.

El nuevo director del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Thomas Homan, había anunciado que este martes empezaban las redadas contra los migrantes indocumentados. El “zar de la frontera” ha explicado que desplegará efectivos del ICE por todo el país para arrestar y deportar a personas sin papeles. Aunque no se ha informado de en qué lugares serán las redadas, la semana pasada ya se habló de Chicago. La cadena estadounidense NBC también publicó la semana pasada que se esperaban redadas de este tipo en Washington. 

Las organizaciones que apoyan a los migrantes llevan semanas repartiendo carteles por la ciudad, explicando cómo reaccionar si el ICE se persona en sus hogares y cuáles son sus derechos. Julia, voluntaria de Carece, una organización que trabaja para apoyar a los latinos en la ciudad, explica que muchas familias llevan días preparándose para quedarse en casa ante el miedo a posibles detenciones en las calles.

El Congreso ultima una ley clave para deportaciones

El Congreso de Estados Unidos está ultimando un proyecto de ley para facilitar la deportación de migrantes indocumentados que hayan sido acusados de delitos menores. El texto es una salva por parte de la mayoría republicana a la recién inaugurada Administración de Donald Trump y, de convertirse en ley, puede ser clave pare llevar a cabo las deportaciones masivas que prometió el nuevo presidente. 

El documento, bautizado como Laken Riley Act, solo necesita pasar una última votación en la Cámara de los Representantes –que podría tener lugar esta misma semana– para que acabe en la mesa del Despacho Oval y que Trump la firme, convirtiéndola en ley.

El texto empezó a tramitarse a principios de mes con el objetivo de preparar el terreno para cuando el republicano jurara el cargo este 20 de enero. 

La ley obligaría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a detener a aquellos migrantes indocumentados acusados de delitos menores, como pequeños hurtos o robos en un supermercado. Actualmente, el DHS solo detiene a los migrantes sin papeles que han sido acusados de delitos graves como violación, violencia doméstica, asesinato y crímenes relacionados con drogas.  

En la última votación en la Cámara Alta, además, se amplió el abanico de delitos con las enmiendas de dos senadores para que la ley incluya también a los migrantes indocumentados que hayan sido acusados de agredir a un oficial de Policía y de causar la muerte o lesiones corporales graves a una persona.

“Esta ley puede ampliar el número de personas que caen dentro de la detención obligatoria y puede ser empleada para perseguir a las personas simplemente por ser inmigrantes o latinos. Supone una amenaza muy grave”, expone a elDiario.es Setareh Ghandehari, abogada de Detention Watch Network, una organización que trabaja con los migrantes detenidos y en contra de las detenciones raciales.  

Ghandehari advierte que la Laken Riley Act incentivará las detenciones por raza, poniendo especialmente el foco en la comunidad latina, y que la norma puede ser utilizada para agilizar las deportaciones. “Actualmente, ya hay agencias locales que han adoptado posturas antiinmigrantes y utilizan sus sistemas de detención para canalizar a personas hacia el sistema de inmigración y, eventualmente, deportarlas”.

Un ejemplo de estas prácticas –que, según Ghandehari, ya existen– son los controles de tráfico en las carreteras. “En muchas partes del país, los inmigrantes son el blanco en los controles de carreteras. Se les para más, con la excusa de que van con exceso de velocidad o cualquier cosa, con la intención de averiguar si esa persona tiene papeles. Son identificaciones por perfil racial que con esta ley no solo se incitarán, sino que incluso se legitimarán”, denuncia la abogada. 

La American Civil Libertis Union (ACLU) advertía en una carta a los senadores que incluso los individuos que hace años cometieron este tipo de delitos menores podrían ser objeto de detención obligatoria, “especialmente, bajo una administración antiinmigrante con la intención de realizar deportaciones masivas”, señalaba el texto en referencia al Gobierno Trump.

Al establecer la obligatoridad de arresto por un delito menor, los inmigrantes indocumentados puede ser internados en un centro de detención o prisión simplemente por una acusación, sin siquiera haber sido juzgados o condenados en firme. El ACLU señala que la ley exigiría el encarcelamiento para la persona migrante, incluso “cuando un juez de inmigración determine que no representa una amenaza para la comunidad ni hay riesgo de fuga”.

Una vez que estas personas acaben en centros de detención o prisión, es mucho más fácil empezar con el proceso de deportación. El marco de esta nueva ley, como advierte Ghandehari y la ACLU, facilitaría mucho el trabajo de las agencias de inmigración a la hora de llevar a cabo las deportaciones masivas que prometió Trump.

La aprobación de la ley resultaría un complemento perfecto a la montaña de órdenes ejecutivas que firmó el presidente en su primer día, declarando la “emergencia nacional” en la frontera sur y revocando el derecho a la ciudadanía por haber nacido en suelo americano.

La mayoría republicana en el Congreso garantiza que la ley sea aprobada en la última ronda de votación. Aunque también ha contado con el apoyo de congresistas demócratas. En el Senado, uno de los votos favorables fue el del senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego. 

Durante el anterior mandato de Trump, Gallego fue uno de los congresistas de Arizona que envió una carta conjunta al presidente pidiéndole que no concediera el indulto al sheriff Joe Arpaio, condenado en su día por realizar persecuciones y detenciones de perfil racial contra la comunidad latina en Arizona. Ahora, Gallego ha votado a favor de una ley que amenaza con incentivar este tipo de detenciones.  

El apoyo de los demócratas a esta ley también es una muestra de cómo la retórica antiimigratoria de Trump ha conseguido calar en todo el espectro político. El pasado mes de octubre, las organizaciones humanitarias y abogados que trabajaban en la frontera ya se preparaban ante el aumento de la mano dura contra los migrantes, tanto si ganaba Kamala Harris como Trump.

La adopción de posiciones más duras contra la inmigración responde también a la crisis que aún afronta el Partido Demócrata después de su derrota en las urnas el pasado mes de noviembre.