Quim Torra y Josep Costa llevan a España al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el espionaje con Pegasus

El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, y el exvicepresidente de la Mesa del Parlament, Josep Costa, han llevado por primera vez a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por el uso del programa Pegasus para espiar al independentismo.

Torra, que un informe del laboratorio Citizen Lab reconoce fue espiado con Pegasus en 2020, y Costa, cuyo móvil fue infectado con el software malicioso en 2019, han anunciado la presentación de sendas demandas ante el TEDH, al que piden que condene a España por vulnerar sus derechos fundamentales.

Tras resaltar que fue espiado entre mayo y julio de 2020, cuando aún era presidente de la Generalitat, Torra se ha mostrado indignado de que ese hecho "no haya tenido ninguna repercusión política", pese al contexto en que tuvieron lugar las infecciones: en plena pandemia y cuando ya estaba próxima su inhabilitación por desobediencia.

Torra y Costa figuran entre los afectados por el caso de espionaje político al independentismo mediante Pegasus -software que la empresa israelí NSO comercializa en principio solo a Estados- que el laboratorio Citizen Lab destapó en un informe en 2022.

Una ley de inteligencia que vulnera derechos

A diferencia de otras víctimas del espionaje que acudieron a la vía penal -como el expresidente catalán Pere Aragonès, que ha logrado la imputación de la exdirectora del CNI Paz Esteban-, Torra y Costa optaron por presentar una demanda ante la justicia contencioso-administrativa, para que reconociera la vulneración de sus derechos y ordenara eliminar la información que se les extrajo.

La Audiencia Nacional, en un resolución que después confirmó el Supremo, desestimó la demanda ante la falta de "datos objetivos" sobre ese espionaje. Torra y Costa acudieron entonces al Tribunal Constitucional, que al rechazar sus recursos les ha abierto la puerta al Tribunal de Estrasburgo, una vez agotada la vía interna.

Los demandantes piden al TEDH que condene a España por vulnerar su derecho a la tutela judicial, a raíz del portazo a su demanda, junto a otros derechos fundamentales, entre ellos el de la intimidad o el de representación política.

Con la demanda, ha explicado Torra, se pretende que el Tribunal de Estrasburgo declare ilegal la "mayor campaña de espionaje" destapada en una sociedad democrática, aclare qué información se obtuvo mediante Pegasus y reconozca que la legislación española y su política de inteligencia es contraria a la normativa europea y a "los derechos y libertades más básicos".

El expresidente ha aclarado que, una vez estalló el escándalo por Pegasus, decidió apostar por una estrategia judicial que lo llevara lo antes posible ante Estrasburgo, consciente de que la probabilidad de que la justicia española atendiera las demandas de "un miembro de un grupo objetivamente identificable" eran "muy limitadas, si no prácticamente nulas".

"El procedimiento ante la justicia española es una tomadura de pelo constante", se ha lamentado el también abogado Josep Costa, satisfecho de que su caso ya haya llegado al TEDH: "Somos los primeros".

"En este país no ha pasado nada"

Otro de los motivos por los que los demandantes descartaron la vía penal es que no querían llevar a Europa un caso de espionaje que pudiera acreditarse que había sido autorizado por el juez del Tribunal Supremo encargado del control del CNI.

En su comparecencia ante los grupos del Congreso a raíz del escándalo de Pegasus, que motivó su destitución, Paz Esteban reconoció que 18 políticos vinculados al independentismo habían sido atacados con el software malicioso, aunque siempre con aval judicial. Ni Torra ni Costa figuran en esa lista, han recalcado.

Torra, cuyo móvil fue infectado en siete ocasiones entre mayo y julio de 2022, ha lamentado que, mientras las distintas investigaciones en curso han ido acreditando el espionaje destapado por Citizen Lab, "en este país no ha pasado nada, no habido ninguna responsabilidad política, no se ha exigido ninguna dimisión".

En concreto, Torra ha denunciado haber sido espiado con Pegasus mientras estaban en ejercicio y en una "etapa doble", coincidiendo con la pandemia por el coronavirus y su inhabilitación por un delito de desobediencia por negarse a retirar los lazos amarillos de edificios públicos, sentencia que estaba a punto de confirmar el Supremo.

"Que me espiasen por mi actividad política como president me parece grave, pero que me espiaran en un contexto como el de la pandemia, ya no sé como calificarlo", ha remachado.