Moreno Bonilla insiste en sus prórrogas sanitarias privadas perseguidas por corrupción
El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla continúa apostando por las contrataciones con la sanidad privada, pese a los cercos en casos de corrupción que le rodean en este ámbito. La Junta ha aprobado así una nueva prórroga de estos contratos, sin publicidad pública, hasta este verano para seguir derivando a pacientes a las listas de espera quirúrgicas en clínicas privadas. De esta manera, el próximo Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar próximamente estas prórrogas en centros privados hasta el verano de este año, en concreto, hasta el 18 de julio, duplicando a su vez el presupuesto total llegando a los 222 millones de euros con cargo en los Presupuestos autonómicos para este año y bajo la premisa de "asistencia quirúrgica complementaria". El pasado mes de junio, la Junta de Moreno Bonilla ya adjudicó a dedo a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS) más de 110 millones de euros a hospitales privados para derivar a pacientes en listas de espera. Una dinámica en forma de prórrogas directas a la sanidad privada en distintas provincias andaluzas que se viene alimentando desde los contratos de emergencia de la pandemia de coronavirus en 2020. Debido a que las clínicas de Sevilla y Almería fueron las primeras en las que se firmaron estos contratos a dedo, han sido las primeras en cumplir el plazo de vigencia, por ende, las primeras en las que se ejecutarán las consiguientes prórrogas de otros seis meses. Según viene defendiendo la Consejería de Salud, dirigida por Rocío Hernández Soto, en sus conocidos como Acuerdos Marco sobre estas contrataciones sin publicidad pública o concurrencia competitiva, el proceso en abierto podría regresar a finales de este año, aunque señalan que estos contratos vigentes también siguen abiertos a otra nueva extensión dentro de los parámetros legales. Contratos bajo investigación judicial por presunta prevaricación en el SAS Desde el estallido de la pandemia de coronavirus, la Junta maniobró con este mecanismo en la primavera de 2020 para atender las urgencias sanitarias derivadas de esta crisis. Sin embargo, y pese al paso del tiempo, estas prórrogas, lejos de desactivarse, han continuado prolongándose durante casi el último lustro. De esta manera, eludiendo el concurso público con las correspondientes licitaciones, así como de hacer un hábito el salto de los controles habituales en este procedimiento, ha generado que la situación no presente un horizonte claro en su continuidad. El Gobierno central impulsó como medida urgente una vía de contratación más rápida de personal sanitario a gestión de las comunidades autónomas, pero cuando en mayo de 2021 el Real Decreto fue derogado, la Junta de Andalucía siguió amparándose en el mismo marco legal para ejecutar dichas prórrogas. Fueron hasta 79 contratos concedidos a clínicas privadas que, actualmente, están bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, abierta por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla contra el Gobierno de Moreno Bonilla, al considerar que el Ejecutivo incurrió en un presunto delito de prevaricación por estas contrataciones a dedo, que ascienden a 243 millones de euros...
El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla continúa apostando por las contrataciones con la sanidad privada, pese a los cercos en casos de corrupción que le rodean en este ámbito. La Junta ha aprobado así una nueva prórroga de estos contratos, sin publicidad pública, hasta este verano para seguir derivando a pacientes a las listas de espera quirúrgicas en clínicas privadas. De esta manera, el próximo Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar próximamente estas prórrogas en centros privados hasta el verano de este año, en concreto, hasta el 18 de julio, duplicando a su vez el presupuesto total llegando a los 222 millones de euros con cargo en los Presupuestos autonómicos para este año y bajo la premisa de "asistencia quirúrgica complementaria". El pasado mes de junio, la Junta de Moreno Bonilla ya adjudicó a dedo a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS) más de 110 millones de euros a hospitales privados para derivar a pacientes en listas de espera. Una dinámica en forma de prórrogas directas a la sanidad privada en distintas provincias andaluzas que se viene alimentando desde los contratos de emergencia de la pandemia de coronavirus en 2020. Debido a que las clínicas de Sevilla y Almería fueron las primeras en las que se firmaron estos contratos a dedo, han sido las primeras en cumplir el plazo de vigencia, por ende, las primeras en las que se ejecutarán las consiguientes prórrogas de otros seis meses. Según viene defendiendo la Consejería de Salud, dirigida por Rocío Hernández Soto, en sus conocidos como Acuerdos Marco sobre estas contrataciones sin publicidad pública o concurrencia competitiva, el proceso en abierto podría regresar a finales de este año, aunque señalan que estos contratos vigentes también siguen abiertos a otra nueva extensión dentro de los parámetros legales. Contratos bajo investigación judicial por presunta prevaricación en el SAS Desde el estallido de la pandemia de coronavirus, la Junta maniobró con este mecanismo en la primavera de 2020 para atender las urgencias sanitarias derivadas de esta crisis. Sin embargo, y pese al paso del tiempo, estas prórrogas, lejos de desactivarse, han continuado prolongándose durante casi el último lustro. De esta manera, eludiendo el concurso público con las correspondientes licitaciones, así como de hacer un hábito el salto de los controles habituales en este procedimiento, ha generado que la situación no presente un horizonte claro en su continuidad. El Gobierno central impulsó como medida urgente una vía de contratación más rápida de personal sanitario a gestión de las comunidades autónomas, pero cuando en mayo de 2021 el Real Decreto fue derogado, la Junta de Andalucía siguió amparándose en el mismo marco legal para ejecutar dichas prórrogas. Fueron hasta 79 contratos concedidos a clínicas privadas que, actualmente, están bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, abierta por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla contra el Gobierno de Moreno Bonilla, al considerar que el Ejecutivo incurrió en un presunto delito de prevaricación por estas contrataciones a dedo, que ascienden a 243 millones de euros...
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