Los sindicatos exigen una reunión urgente al Gobierno para solucionar solucione la atención sanitaria del millón de funcionarios en Muface
CCOO y UGT acusan a las aseguradoras de presionar para que el Ejecutivo eleve la financiación y pide a Función Pública que aclare los escenarios posibles en caso de que la segunda licitación quede desierta de nuevo.
CCOO y UGT han emplazado al ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, a convocar una reunión "urgente" y poner sobre la mesa soluciones para resolver la crisis que atraviesa Muface. En este sentido, ha hecho un llamamiento tanto al Gobierno como a las aseguradoras para que alcancen un acuerdo "razonable y satisfactorio, que garantice la estabilidad en los servicios de asistencia".
"Las dudas respecto a la licitación se mantendrán por varios días más, después de que el Ejecutivo decidiera postergar el plazo de cierre hasta el 27 de enero", critican desde ambas organizaciones. En este sentido, los sindicatos solicitan a López aclarar qué ocurrirá si la segunda adjudicación queda desierta de nuevo y cuáles serían los escenarios posibles en caso de llegar a esta situación.
"Pese a los intentos del Ministerio de Función Pública por calmar a las personas mutualistas, no hay nada claro respecto a su futuro", remarcan tras acusar a las aseguradoras de presionar para "elevar los financiación". Tanto UGT como CCOO ven "prioritario" ofrecer "garantías" a los mutualistas y que se presenten las medidas "necesarias" para evitar un colapso de la sanidad pública en caso de que ninguna compañía acepte las condiciones.
Asisa es la única de las tres que prestan el servicio en el último convenio que sigue analizando las oferta, que incluye una mejora de las condiciones de hasta el 33,5%. Por el contrario, SegurCaixa Adeslas y DKV se han desmarcado, dado que la continuidad les abocaría a agrandar las pérdidas de los últimos tres años en 250 millones y 70 millones, respectivamente.
Por último, han hecho un llamamiento a abrir un espacio de reflexión para garantizar la viabilidad de la asistencia sanitaria de los funcionarios y evitar la incertidumbre cada dos o tres años.
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