Laporta se desmarca de la acusación de estafa y alega que fue denunciado por su "notoriedad"
El presidente del F.C. Barcelona declara a la jueza que no gestionaba la sociedad a la que una familia prestó y perdió 4,7 millones de eurosUna jueza imputa a Joan Laporta por estafa en una inversión de una familia que ganó la Primitiva ¿Préstamo impagado o estafa? Esta es la pregunta que sobrevuela la denuncia contra el presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, acusado por una familia de haberles engañado para invertir 4,7 millones que habían ganado en la Primitiva en una sociedad, una apuesta que resultó fallida. Ante la jueza, Laporta se ha desmarcado de la gestión del dinero y ha alegado que ha sido denunciado por su “notoriedad”, según fuentes jurídicas. Ante el juzgado de instrucción 6 de Barcelona han comparecido este lunes como investigados Laporta y otros dos querellados a través de los que se habría urdido la estafa, un matrimonio formado por un vendedor de coches de lujo y una asesora de Bankinter, y que también han negado delito alguno. Según fuentes jurídicas, Laporta se ha desvinculado de las inversiones fallidas, ya que ha alegado que no gestionaba la sociedad de la que era accionista. El día a día y las decisiones correspondía a su antiguo hombre de confianza en el Barça, Joan Olivé, investigado asimismo en la causa. Las mismas fuentes han resaltado que en la causa no hay ningún documento firmado por Laporta y que no todos los socios de la sociedad querellada han sido denunciados. El caso fue desestimado en un primer momento por el juez al no ver delito, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirlo. Los denunciantes ganaron un total de 34 millones de euros en la lotería Primitiva. Según su relato, tras comprar un coche de lujo, Lamborghini, el comercial del concesionario les puso en contacto con su pareja para invertir parte del dinero obtenido en la lotería. Fue entonces cuando, siempre según los denunciantes, apareció el nombre de Laporta. La asesora les ofreció primero poner en la sociedad CSSB unos 2,4 millones por un periodo de 3 años al 6% de interés anual. En total, se firmaron cinco contratos por valor de 4,7 millones de euros. Sin embargo, cuando vencieron los contratos, no se devolvió casi nada del dinero invertido. En conjunto, la familia esperaba cobrar 792.000 euros de intereses, pero solo recibieron 84.000. Tampoco se retornaron los 4,7 millones de capital invertido. En un primer momento, el juez de instrucción archivó el caso al descartar cualquier indicio de delito y considerar que se trataba, como máximo, de un “incumplimiento contractual” cuya controversia debía dirimirse por la vía civil y no la penal. La familia recurrió el archivo y la Audiencia de Barcelona le dio la razón y ordenó tomar declaración a los querellados, entre ellos Laporta. A la hora de reclamar el dinero, resaltaron los magistrados, la familia se encontró con que los inmuebles de las sociedades a las que se prestó dinero “estaban gravados con múltiples cargas que no aparecían inscritas en el Registro de la Propiedad”. Junto a la “solvencia de algunas personalidades” vinculadas a CSSB, esto es, Joan Laporta, estas propiedades generaron la “confianza” para que la familia invirtiera, remarcaron los jueces. Es más, la Audiencia de Barcelona advirtió de que los cinco contratos bajo sospecha “distan de ser el típico préstamo”, ya que en algunos se pactaba “específicamente” que era motivo de incumplimiento no destinar las cantidades entregadas a la adquisición de las participaciones en sociedades ubicadas en el extranjero y relacionadas con el negocio de equipos de fútbol. Según fuentes jurídicas, Laporta ha explicado que, con las inversiones, CSSB (radicada en Hong Kong de la que era accionista a través de la sociedad Core Store) buscaba el ascenso a primera división de un equipo chino, algo similar a lo que intentó con el Reus. La aventura terminó igual en España y en China, esto es, con la quiebra empresarial y deudas para los inversores. Las defensas del caso alegan que no hubo engaño a los inversores, por lo que no cabe hablar de estafa, sino simplemente de una inversión fallida. Con la declaración de Laporta y el resto de querellados, el caso se encamina a la decisión de la jueza sobre si lo archiva, como ocurrió la pasada primavera, o lo envía a juicio.
El presidente del F.C. Barcelona declara a la jueza que no gestionaba la sociedad a la que una familia prestó y perdió 4,7 millones de euros
Una jueza imputa a Joan Laporta por estafa en una inversión de una familia que ganó la Primitiva
¿Préstamo impagado o estafa? Esta es la pregunta que sobrevuela la denuncia contra el presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, acusado por una familia de haberles engañado para invertir 4,7 millones que habían ganado en la Primitiva en una sociedad, una apuesta que resultó fallida. Ante la jueza, Laporta se ha desmarcado de la gestión del dinero y ha alegado que ha sido denunciado por su “notoriedad”, según fuentes jurídicas.
Ante el juzgado de instrucción 6 de Barcelona han comparecido este lunes como investigados Laporta y otros dos querellados a través de los que se habría urdido la estafa, un matrimonio formado por un vendedor de coches de lujo y una asesora de Bankinter, y que también han negado delito alguno.
Según fuentes jurídicas, Laporta se ha desvinculado de las inversiones fallidas, ya que ha alegado que no gestionaba la sociedad de la que era accionista. El día a día y las decisiones correspondía a su antiguo hombre de confianza en el Barça, Joan Olivé, investigado asimismo en la causa.
Las mismas fuentes han resaltado que en la causa no hay ningún documento firmado por Laporta y que no todos los socios de la sociedad querellada han sido denunciados.
El caso fue desestimado en un primer momento por el juez al no ver delito, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirlo. Los denunciantes ganaron un total de 34 millones de euros en la lotería Primitiva. Según su relato, tras comprar un coche de lujo, Lamborghini, el comercial del concesionario les puso en contacto con su pareja para invertir parte del dinero obtenido en la lotería.
Fue entonces cuando, siempre según los denunciantes, apareció el nombre de Laporta. La asesora les ofreció primero poner en la sociedad CSSB unos 2,4 millones por un periodo de 3 años al 6% de interés anual. En total, se firmaron cinco contratos por valor de 4,7 millones de euros. Sin embargo, cuando vencieron los contratos, no se devolvió casi nada del dinero invertido. En conjunto, la familia esperaba cobrar 792.000 euros de intereses, pero solo recibieron 84.000. Tampoco se retornaron los 4,7 millones de capital invertido.
En un primer momento, el juez de instrucción archivó el caso al descartar cualquier indicio de delito y considerar que se trataba, como máximo, de un “incumplimiento contractual” cuya controversia debía dirimirse por la vía civil y no la penal. La familia recurrió el archivo y la Audiencia de Barcelona le dio la razón y ordenó tomar declaración a los querellados, entre ellos Laporta.
A la hora de reclamar el dinero, resaltaron los magistrados, la familia se encontró con que los inmuebles de las sociedades a las que se prestó dinero “estaban gravados con múltiples cargas que no aparecían inscritas en el Registro de la Propiedad”. Junto a la “solvencia de algunas personalidades” vinculadas a CSSB, esto es, Joan Laporta, estas propiedades generaron la “confianza” para que la familia invirtiera, remarcaron los jueces.
Es más, la Audiencia de Barcelona advirtió de que los cinco contratos bajo sospecha “distan de ser el típico préstamo”, ya que en algunos se pactaba “específicamente” que era motivo de incumplimiento no destinar las cantidades entregadas a la adquisición de las participaciones en sociedades ubicadas en el extranjero y relacionadas con el negocio de equipos de fútbol.
Según fuentes jurídicas, Laporta ha explicado que, con las inversiones, CSSB (radicada en Hong Kong de la que era accionista a través de la sociedad Core Store) buscaba el ascenso a primera división de un equipo chino, algo similar a lo que intentó con el Reus. La aventura terminó igual en España y en China, esto es, con la quiebra empresarial y deudas para los inversores.
Las defensas del caso alegan que no hubo engaño a los inversores, por lo que no cabe hablar de estafa, sino simplemente de una inversión fallida. Con la declaración de Laporta y el resto de querellados, el caso se encamina a la decisión de la jueza sobre si lo archiva, como ocurrió la pasada primavera, o lo envía a juicio.
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