La subida de las pensiones y del SMI, las ayudas al transporte y la suspensión de los desahucios, en el aire por el rechazo del Congreso al decreto Ómnibus
Tras muchos dimes y diretes, y según ha avanzado ABC esta mañana, finalmente el Partido Popular y Junts han decidido no apoyar el llamado 'decreto ómnibus', norma que recoge un amplio paquete de medidas que fueron aprobadas en el último Consejo de Ministros de 2024. Lo que se ha votado hoy es una convalidación, es decir, la confirmación de unas iniciativas que ya estaban en vigor desde el pasado 23 de diciembre. Entre estas se contaban la prórroga de las ayudas al transporte público (hasta junio de 2025), la prohibición de cortes de los suministros básicos a personas vulnerables, la revalorización de las pensiones (un 2,8% para las contributivas) , ayudas para los afectados por la DANA, la prórroga de la suspensión de los desahucios a determinados colectivos y la revalorización del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Era un cajón de sastre, uno que incorporaba medidas de mucho calado y que en algunos casos cuentan con el apoyo del PP. Ese era el caso, por ejemplo, de la revalorización de las pensiones. Sin embargo, el problema con esta norma es que era «una ensaladilla rusa de intereses» del Gobierno, ha denunciado el portavoz del PP Miguel Tellado. Los populares han decidido no abstenerse tanto por lo que el decreto contiene -la cesión de la sede del Instituto Cervantes de París al PNV-, como por lo que no contiene -léase, la rebaja del IVA a los alimentos básicos. A partir de ahí, lo que pasará con las rebajas de los transportes, la subida de las pensiones y el SMI o la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables está por ver. Por el momento esas medidas quedan derogadas, pero el Gobierno puede tratar de convalidarlas a través de otra iniciativa parlamentaria. Esta mañana mismo, a pocos minutos de anunciar que votarían en contra, los populares han anunciado que presentarán una proposición de ley para salvar la revalorización de las pensiones. Este era quizá el elemento más sensible de todo el paquete y el que más ha usado el Gobierno para tratar de conseguir la abstención de la oposición. La revalorización supone una subida del 2,8% con carácter general (en línea con la inflación) para las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado. En el caso de las no contributivas y del IMV, el aumento es del 9%, y para las mínimas, del 6%. En total, la subida se iba a aplicar sobre 12 millones de pensiones, con efectos desde el uno de enero. Como ya se ha dicho, por el momento esta alza queda en suspenso, a la espera de lo que pueda suceder de aquí a finales de febrero, fecha del próximo pago. En la norma también estaba la ampliación del plazo -hasta el 31 de diciembre de 2025- de la suspensión de los desahucios, medida que antes de quedar derogada iba a seguir aplicándose en los mismos supuestos que hasta ahora. Es decir, en los casos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la LAU de 1994 y en los casos de hogares que habiten una vivienda sin título que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda esté en manos de un gran tenedor (persona física o jurídica titular de más de 10 viviendas). Asimismo, hoy tenía que extenderse hasta el 31 de enero de 2026 la posibilidad de solicitar compensación por parte del propietario si la Administración y los servicios públicos no encuentran una alternativa habitacional para el inquilino. Precisamente, y coincidiendo con esta votación, hoy la Asociación de Propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica se ha concentrado frente al Congreso de los Diputados en protesta por la votación de esta prórroga. La lista de lo no-convalidado sigue con las ayudas al transporte público, que era una de las medidas heredadas de la crisis que provocó la guerra de Ucrania en 2022. A la espera de que el uno de julio de 2025 entrara en vigor un nuevo esquema de bonificaciones -también figura en el Real decreto-ley que se ha rechazado hoy-, el Real decreto mantenía las medidas excepcionales hasta el uno de julio. Entre estas últimas estaban los abonos gratuitos de Renfe (solo para determinados usuarios) y de las líneas de autobús estatal, así como las ayudas directas a las comunidades autónomas y entidades locales para promover la reducción de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano y metropolitano.
Tras muchos dimes y diretes, y según ha avanzado ABC esta mañana, finalmente el Partido Popular y Junts han decidido no apoyar el llamado 'decreto ómnibus', norma que recoge un amplio paquete de medidas que fueron aprobadas en el último Consejo de Ministros de 2024. Lo que se ha votado hoy es una convalidación, es decir, la confirmación de unas iniciativas que ya estaban en vigor desde el pasado 23 de diciembre. Entre estas se contaban la prórroga de las ayudas al transporte público (hasta junio de 2025), la prohibición de cortes de los suministros básicos a personas vulnerables, la revalorización de las pensiones (un 2,8% para las contributivas) , ayudas para los afectados por la DANA, la prórroga de la suspensión de los desahucios a determinados colectivos y la revalorización del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Era un cajón de sastre, uno que incorporaba medidas de mucho calado y que en algunos casos cuentan con el apoyo del PP. Ese era el caso, por ejemplo, de la revalorización de las pensiones. Sin embargo, el problema con esta norma es que era «una ensaladilla rusa de intereses» del Gobierno, ha denunciado el portavoz del PP Miguel Tellado. Los populares han decidido no abstenerse tanto por lo que el decreto contiene -la cesión de la sede del Instituto Cervantes de París al PNV-, como por lo que no contiene -léase, la rebaja del IVA a los alimentos básicos. A partir de ahí, lo que pasará con las rebajas de los transportes, la subida de las pensiones y el SMI o la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables está por ver. Por el momento esas medidas quedan derogadas, pero el Gobierno puede tratar de convalidarlas a través de otra iniciativa parlamentaria. Esta mañana mismo, a pocos minutos de anunciar que votarían en contra, los populares han anunciado que presentarán una proposición de ley para salvar la revalorización de las pensiones. Este era quizá el elemento más sensible de todo el paquete y el que más ha usado el Gobierno para tratar de conseguir la abstención de la oposición. La revalorización supone una subida del 2,8% con carácter general (en línea con la inflación) para las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado. En el caso de las no contributivas y del IMV, el aumento es del 9%, y para las mínimas, del 6%. En total, la subida se iba a aplicar sobre 12 millones de pensiones, con efectos desde el uno de enero. Como ya se ha dicho, por el momento esta alza queda en suspenso, a la espera de lo que pueda suceder de aquí a finales de febrero, fecha del próximo pago. En la norma también estaba la ampliación del plazo -hasta el 31 de diciembre de 2025- de la suspensión de los desahucios, medida que antes de quedar derogada iba a seguir aplicándose en los mismos supuestos que hasta ahora. Es decir, en los casos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la LAU de 1994 y en los casos de hogares que habiten una vivienda sin título que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda esté en manos de un gran tenedor (persona física o jurídica titular de más de 10 viviendas). Asimismo, hoy tenía que extenderse hasta el 31 de enero de 2026 la posibilidad de solicitar compensación por parte del propietario si la Administración y los servicios públicos no encuentran una alternativa habitacional para el inquilino. Precisamente, y coincidiendo con esta votación, hoy la Asociación de Propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica se ha concentrado frente al Congreso de los Diputados en protesta por la votación de esta prórroga. La lista de lo no-convalidado sigue con las ayudas al transporte público, que era una de las medidas heredadas de la crisis que provocó la guerra de Ucrania en 2022. A la espera de que el uno de julio de 2025 entrara en vigor un nuevo esquema de bonificaciones -también figura en el Real decreto-ley que se ha rechazado hoy-, el Real decreto mantenía las medidas excepcionales hasta el uno de julio. Entre estas últimas estaban los abonos gratuitos de Renfe (solo para determinados usuarios) y de las líneas de autobús estatal, así como las ayudas directas a las comunidades autónomas y entidades locales para promover la reducción de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano y metropolitano.
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