La empresa de la trama de hidrocarburos consiguió la licencia tras una reunión en Transición Ecológica

El Ministerio de Transición Ecológica que comandaba Teresa Ribera concedió en septiembre de 2022 una licencia de operadora de hidrocarburos a la empresa de Claudio Rivas Villafuel, sin que esta, como ha evidenciado ahora la investigación de la Guardia Civil para la Audiencia Nacional, cumpliese los requisitos para conseguir un permiso que le permitiría a la postre maniobras por las que se estima, habría defraudado a Hacienda más de 182,5 millones de euros en apenas dos años. Les habían denegado el permiso en septiembre de 2021, pero tras una reunión con los responsables de este área, se reconsideró su situación en junio de 2022 y después, comenzaron a operar. Según refleja el sumario de la causa, al que tuvo acceso ABC, Villafuel no cumplía con «el requisito financiero que la normativa exige», esto es, una capacidad de tres millones de euros . De ahí que dos años antes intentasen conseguir esa licencia por medio del comisionista Víctor de Aldama , que se encontraba «relacionado directamente con altos cargos del Gobierno y del PSOE». Fue él quien gestionó a través del asesor ministerial Koldo García, la primera reunión de Claudio Rivas con el Ministerio de Industria y en concreto, con el que era jefe de gabinete de la titular del departamento, según consta en esa otra causa. El siguiente paso era solicitar telemáticamente la licencia de operador enviando documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ahí es donde la UCO de Guardia Civil encuentra las grietas: cumplía la capacidad legal, no requería cumplir la capacidad técnica y solventó la capacidad financiera con una ampliación sobre una sociedad que ya controlaba Claudio Rivas, pero su capital suscrito no llegó a la cuantía de tres millones establecida. Como refleja el expediente que la UCO fue a reclamar al Ministerio de Transición Ecológica , en primera vuelta se denegó la licencia de operador, era septiembre de 2021. Sin embargo, Villafuel persistió y presentó alegaciones y más documentación, junto a un escrito que reclamaba «una reunión con los responsables del órgano administrativo para la consecución del título de operador, dado que la relación en este amplio periodo parece enquistada al no conseguir justificar, con la adecuada solvencia, el cumplimiento de capacidades legales, técnicas y financieras establecidas». «Insisten en concertar una reunión al objeto de subsanar los inconvenientes trasladados por parte del ministerio, exponiendo la 'intención de reunirnos, conocernos, exponer nuestra mejor voluntad, con la única intención de seguir creciendo de forma honesta' lo que a la postre no sería así, dado el fraude inicialmente cuantificado, en el tiempo que lleva operando, establecido en más de 182,5 millones de euros», dice la UCO. El encuentro debió producirse porque el siguiente escrito de Villafuel en el expediente, de julio de 2022, la da por hecha: «Conforme con la reunión mantenida por videoconferencia el pasado 2 de febrero con D. José Luis Cabo Sánchez, Subdirector General de Hidrocarburos y con Da Ana Belén Manzano, jefa del área de Hidrocarburos Líquidos, en relación a la autorización como Operadora de productos petrolíferos de la mercantil Villafuel«, dice el encabezado. Aportan documentos para »la subsanación de las deficiencias observadas« y solicita que se de por arreglado y se inicie la actividad de la operadora. Presentaron un acta de la junta de accionistas con la misma fecha que las que había aportado en 2021, pero con «una modificación sustancial en el resultado positivo para cubrir en parte las reservas voluntarias, siendo incrementado en 892.384,82 euros, o bien, en 1.269.107,45 euros , lo que determinaría la aportación del capital diferencial para cubrir las reservas estratégicas, o bien, la justificación documental o ficticia para acreditar la capacidad financiera ante el ministerio». «Esto es así, dado que entre la documentación aportada el 9 de marzo de 2021 ante el ministerio, se presentan dos Actas de la Junta General Ordinaria y Universal de socios de Villafuel, las cuales son fechadas el mismo día, 12 de marzo del 2021, presentando cuantías dispares, lo que podría haber creado, en el órgano receptor de la información, dudas a la hora de verificar los citados fondos afectos a la actividad desarrollada por la mercantil», dice la UCO. Pero no fue así. El 9 de septiembre de 2022, Transición Ecológica aprobó la licencia de operadora para Villafuel, con su plan de ventas, y dio traslado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, informando de que, desde el día 15, empezarían a operar, «dando por cumplidos los requisitos» con esa documentación que habían aportado y que «podría haber creado dudas» en el Ministerio. La UCO subraya además que al cabo de unos meses, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) escribió al director general de política energética y minas, Manuel García Hernández avisando del «desvío de ventas aprobadas por el Ministerio para la operadora Villafuel», que sólo entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, había «superado la previsión de ventas aprobada por el Ministerio en un 29% en el grupo de las gasolinas y en un 882% en el grupo de los destilados medios». «Además, si la compañía continua con un nivel de ventas similar en los próximos meses, al final del primer año de actividad se podría superar en un 121% la previsión de ventas en el grupo de gasolinas y en un 1.583% la previsión de ventas en el grupo de destilados medios, en base a la estimación que realiza la Corporación», alertaba. Villafuel no había comunicado »en ningún caso« a los organismos de control que esto estuviera sucediendo. En mayo y junio, la Dirección General de Política Energética y Minas fijó »nueva previsión de ventas para la empresa Villafuel basada en las ventas reales declaradas a Cores«. Fue el pasado 4 de junio cuando el subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos combustibles del Ministerio de Transición Ecológica entregó a la UCO, por orden del juez, un pendrive con 32GB de información relativa a Villafuel que, después, la Guardia Civil sometió a análisis. Además también se dirigieron a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC).