La Abogacía acusa al juez Hurtado de ir a por el fiscal general sin "sospechas" ni pruebas que demuestren la filtración
La Abogacía del Estado se ha pronunciado sobre el procedimiento que está llevando a cabo el juez Ángel Hurtado en su investigación sobre el caso de la filtración de los documentos en los que el novio de Isabel Díaz Ayuso admitía sus delitos por doble fraude fiscal, señalando así, como parte defensora del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que esta causa en el Tribunal Supremo por supuesta revelación de secretos está omitiendo pruebas relevantes que exculparían a su defendido ante las acusaciones de la supuesta filtración. De esta manera, el recurso de la Abogacía viene denunciando que la instrucción del magistrado "omite elementos de relevancia esencial" sobre García Ortiz que muestran que "no ocurren sospechas fundadas para considerarles posibles autores de delitos contemplados en el artículo 417 del Código Penal". Y es que sostiene así la defensa del fiscal general que el proceso judicial comprende "múltiples contraindicios", ejemplo de ello, que los secretos supuestamente revelados ya eran conocidos previamente por varios medios de comunicación. Debido a que la defensa de García Ortiz considera así que el magistrado Hurtado "ha omitido y desdeñado en su valoración" estas contradicciones, coloca al fiscal general "en una situación de indefensión". Según las declaraciones de los periodistas ante el Tribunal Supremo que publicaron la información de la filtración, entre ellas la que resultó ser falsa por parte de El Mundo debido a la intervención del asesor de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, declararon que fueron "fuentes directas que intervinieron en las negociaciones" -entre la defensa de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto- que dieron cuenta de los términos del pacto de conformidad ofrecido por el letrado del novio de Ayuso para eludir la cárcel por el fraude fiscal de los 350.000 euros a la Agencia Tributaria. Como el juez del Supremo eludió referirse a esta confesión en su auto, en el que citaba como imputado al fiscal general y lo llamó a declarar el próximo 29 de enero, la Abogacía del Estado cita detalles que lo exculpan de la causa penal aún abierta: desde el cruce de correos y la pretensión de desmentir bulos hasta vulnerar un artículo de la Constitución. La postura de la Abogacía como defensora del fiscal general En primer lugar, la defensa de García Ortiz sostiene que los correos entre el abogado Carlos Neira y el fiscal Salto "no forman parte de las diligencias de investigación preprocesal" del Ministerio Fiscal, tampoco se incluyen en el expediente de investigación y, por ende, no surten efecto en el proceso. Tal y como vinieron explicando los fiscales Salto y Lastra en sus respectivas declaraciones, fueron "conversaciones preliminares" y que, en esencia, eran "un intercambio de opiniones, lo que manda el señor Neira no era un secreto ni información privada, es una información que manda a un buzón genérico; los correos no son privados". Por este motivo, la Abogacía tilda de "difícil" decir que los datos y estas informaciones plasmadas en los correos mencionados "merecen la protección penal que dispensa el artículo...
La Abogacía del Estado se ha pronunciado sobre el procedimiento que está llevando a cabo el juez Ángel Hurtado en su investigación sobre el caso de la filtración de los documentos en los que el novio de Isabel Díaz Ayuso admitía sus delitos por doble fraude fiscal, señalando así, como parte defensora del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que esta causa en el Tribunal Supremo por supuesta revelación de secretos está omitiendo pruebas relevantes que exculparían a su defendido ante las acusaciones de la supuesta filtración. De esta manera, el recurso de la Abogacía viene denunciando que la instrucción del magistrado "omite elementos de relevancia esencial" sobre García Ortiz que muestran que "no ocurren sospechas fundadas para considerarles posibles autores de delitos contemplados en el artículo 417 del Código Penal". Y es que sostiene así la defensa del fiscal general que el proceso judicial comprende "múltiples contraindicios", ejemplo de ello, que los secretos supuestamente revelados ya eran conocidos previamente por varios medios de comunicación. Debido a que la defensa de García Ortiz considera así que el magistrado Hurtado "ha omitido y desdeñado en su valoración" estas contradicciones, coloca al fiscal general "en una situación de indefensión". Según las declaraciones de los periodistas ante el Tribunal Supremo que publicaron la información de la filtración, entre ellas la que resultó ser falsa por parte de El Mundo debido a la intervención del asesor de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, declararon que fueron "fuentes directas que intervinieron en las negociaciones" -entre la defensa de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto- que dieron cuenta de los términos del pacto de conformidad ofrecido por el letrado del novio de Ayuso para eludir la cárcel por el fraude fiscal de los 350.000 euros a la Agencia Tributaria. Como el juez del Supremo eludió referirse a esta confesión en su auto, en el que citaba como imputado al fiscal general y lo llamó a declarar el próximo 29 de enero, la Abogacía del Estado cita detalles que lo exculpan de la causa penal aún abierta: desde el cruce de correos y la pretensión de desmentir bulos hasta vulnerar un artículo de la Constitución. La postura de la Abogacía como defensora del fiscal general En primer lugar, la defensa de García Ortiz sostiene que los correos entre el abogado Carlos Neira y el fiscal Salto "no forman parte de las diligencias de investigación preprocesal" del Ministerio Fiscal, tampoco se incluyen en el expediente de investigación y, por ende, no surten efecto en el proceso. Tal y como vinieron explicando los fiscales Salto y Lastra en sus respectivas declaraciones, fueron "conversaciones preliminares" y que, en esencia, eran "un intercambio de opiniones, lo que manda el señor Neira no era un secreto ni información privada, es una información que manda a un buzón genérico; los correos no son privados". Por este motivo, la Abogacía tilda de "difícil" decir que los datos y estas informaciones plasmadas en los correos mencionados "merecen la protección penal que dispensa el artículo...
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