García Ortiz justificó ante el juez el borrado de mensajes de forma "regular" porque en su móvil hay "datos ultra sensibles"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recriminó al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que, en su opinión, está instruyendo la causa por revelación de secretos contra él de forma que parte de una "certeza" que "no lleva al descubrimiento de la verdad", algo que cree que le "perjudica". Además, relató cómo, según su versión, suele borrar "todo" en su teléfono móvil "de forma regular", razón por la cual no se han hallado mensajes de ningún tipo durante la investigación.

En la transcripción de la declaración que prestó la semana pasada ante el Supremo, a la que ha tenido acceso 20minutos, García Ortiz fue preguntado por el abogado del Estado que le representa —no contestó al juez ni a las acusaciones— sobre la no existencia de mensajes entre los días clave del 8 al 14 de marzo en el teléfono móvil que le incautó la Guardia Civil en el curso de la investigación. A este respecto, aseguró que borra "todo, absolutamente todo" el contenido de sus terminales "de manera regular" porque en la Fiscalía se manejan "datos ultra sensibles" y no puede permitirse "el lujo de perder o que llegue a manos de terceros un terminal" con esa información.

Según su versión, borró el contenido de su teléfono "porque es una imposición legal": "Debemos borrar los datos de nuestros terminales y no lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la UE, lo dice la ley de protección de datos española, lo dice cualquier instrumento normativo, lo dice el INCIBE, el Ministerio de Justicia, porque hay un principio básico en los datos, que es el de no conservación de datos cuando no son necesarios".

El fiscal general negó "rotundamente" en varias ocasiones haber filtrado los correos electrónicos que se intercambió el fiscal Julián Salto con la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso que está investigado por fraude fiscal y que al mismo tiempo ejerce la acusación particular en la causa contra García Ortiz.

Al empezar la comparecencia, el fiscal general explicó por qué no iba a contestar a las preguntas ni del juez ni de la acusación particular. En cuanto al juez Hurtado, García Ortiz considera que la entrada y registro de su despacho "fue invasiva de derechos fundamentales" y recuerda que ha pedido su nulidad, algo sobre lo que el Supremo hasta ese momento no había dado respuesta. "No ha sido resuelto ese recurso" lamentó, para añadir que lo requisado podía ser "toda la base de la imputación que se realizase".

Además, afeó al magistrado que hubiera ordenado una serie de diligencias de las que no había informado a su defensa, y que eso le impediría ser "exacto" en sus contestaciones. "Me daría a mí poca oportunidad de ser exacto en mis contestaciones si no las tuviera presentes a la hora de contestar", explicó.

Y sumó a esto que entendía que el objeto del proceso "no está fijado" en términos que le puedan garantizar su defensa. Además, aclaró que algunas de las diligencias de defensa que pidió y que eran "absolutamente indispensables" para ejercitar su defensa fueron "denegadas por el magistrado instructor". "Creo que con una predeterminación que yo entiendo, y se lo digo con términos absolutamente de defensa y sin ánimo de entrar en polémica, que el magistrado instructor tiene una certeza que no nos lleva al descubrimiento de la verdad, y creo que esa situación me perjudica", resaltó.

En cuanto a la acusación particular, el fiscal general dijo ante el juez que la querella que interpuso en su contra Alberto González Amador por revelación de secretos "omitió" que su abogado envió al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, al menos uno de los correos que se cruzó con el fiscal de delitos económicos que le investigaba.

"La querella (...) omite datos fundamentales que sí han salido en la instrucción, (...) hay al menos uno de los correos que ha sido transmitido en tiempo real de manera inmediata: en el momento en el que lo recibe su abogado, lo transmite al jefe de gabinete de la presidenta, y esto no figura en los hechos de la querella", explicó.

Indicó que ese detalle era "relevante" porque demuestra que "hay un comienzo de traspaso de información que desde luego no figura en esos hechos", y añadió que el querellante "no ha sido leal con los tribunales, puesto que ha omitido hechos que son fundamentales" porque ha provocado "de una manera casi unívoca una investigación hacia la Fiscalía".

García Ortiz añadió a esto que también consideraba relevante que González Amador, en los días clave del 12 al 14 de marzo de 2024, "pudo perfectamente desmentir la mentira que se estaba transmitiendo a las redes, y no lo hizo", refiriéndose a la noticia de que quien ofrecía un pacto de conformidad era la Fiscalía y no su defensa. "Yo creo que esa conducta no es propia de quien quiere guardar un secreto, y creo que la mentira no es, no puede ser nunca un secreto".