Felipe González compra el discurso a MAR y al juez Hurtado y pide la cabeza del fiscal: "Yo dimitiría"
El expresidente del Gobierno Felipe González ha expresado su opinión sobre la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está siendo investigado por un posible delito de revelación de secretos. González considera que García Ortiz debería dimitir para no dañar la credibilidad de la institución que representa. De esta forma, el expresidente del Gobierno defiende los postulados del juez Hurtado, instructor de la causa en el Supremo en la que se investiga la presunta revelación de secretos por la filtración de la confesión de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y pide la cabeza de García Ortiz sin tener en cuenta su presunción de inocencia y la falta de pruebas que demuestren que este correo electrónico salió del jefe del Ministerio Público. Un nuevo giro a la derecha de Felipe González que no hace más que consumar su ya de por sí crítica constante a todo lo relacionado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, además de pedir la dimisión del fiscal general, el expresidente socialista ha arremetido contra las "inaceptables", a su juicio, críticas del Ejecutivo a algunos jueces. El caso que preocupa a González González ha señalado que este caso, que ha llevado a la imputación del fiscal general, es el que más le inquieta de los asuntos judiciales relacionados con el Gobierno. Según sus palabras, afecta directamente al "funcionamiento del sistema" y a la percepción de la justicia en el país. Durante una entrevista, González ha afirmado que, si estuviera en el lugar de García Ortiz, renunciaría no como aceptación de culpabilidad, sino para evitar cualquier daño a la institución. También destacó que el fiscal general podría ser reincorporado si se demuestra su inocencia, pero considera que, incluso a nivel personal, sería mejor que estuviera apartado de este asunto mientras se resuelve. González ha insistido en que el fiscal general debe estar al servicio del Estado y no del Gobierno, diferenciando esta responsabilidad de la situación vivida durante el franquismo. Recordó que en aquella época el fiscal actuaba como una herramienta del régimen para influir en los magistrados y jueces, un contexto que González conoció personalmente al enfrentarse al tribunal de orden público.
El expresidente del Gobierno Felipe González ha expresado su opinión sobre la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está siendo investigado por un posible delito de revelación de secretos. González considera que García Ortiz debería dimitir para no dañar la credibilidad de la institución que representa. De esta forma, el expresidente del Gobierno defiende los postulados del juez Hurtado, instructor de la causa en el Supremo en la que se investiga la presunta revelación de secretos por la filtración de la confesión de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y pide la cabeza de García Ortiz sin tener en cuenta su presunción de inocencia y la falta de pruebas que demuestren que este correo electrónico salió del jefe del Ministerio Público. Un nuevo giro a la derecha de Felipe González que no hace más que consumar su ya de por sí crítica constante a todo lo relacionado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, además de pedir la dimisión del fiscal general, el expresidente socialista ha arremetido contra las "inaceptables", a su juicio, críticas del Ejecutivo a algunos jueces. El caso que preocupa a González González ha señalado que este caso, que ha llevado a la imputación del fiscal general, es el que más le inquieta de los asuntos judiciales relacionados con el Gobierno. Según sus palabras, afecta directamente al "funcionamiento del sistema" y a la percepción de la justicia en el país. Durante una entrevista, González ha afirmado que, si estuviera en el lugar de García Ortiz, renunciaría no como aceptación de culpabilidad, sino para evitar cualquier daño a la institución. También destacó que el fiscal general podría ser reincorporado si se demuestra su inocencia, pero considera que, incluso a nivel personal, sería mejor que estuviera apartado de este asunto mientras se resuelve. González ha insistido en que el fiscal general debe estar al servicio del Estado y no del Gobierno, diferenciando esta responsabilidad de la situación vivida durante el franquismo. Recordó que en aquella época el fiscal actuaba como una herramienta del régimen para influir en los magistrados y jueces, un contexto que González conoció personalmente al enfrentarse al tribunal de orden público.
