España solicita acogerse al Fondo Europeo de Solidaridad para financiar 4.404 millones de gastos por la DANA
El pasado 4 de noviembre de 2024, tan solo unos días después de que la DANA arrasases centenares de vidas y municipios valencianos, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a la entonces comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, que el país solicitaría a Bruselas acogerse al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Una vez certificado por la administración española el cumplimiento de los requisitos que este exige y cuantificados los gastos necesarios para la reconstrucción, la documentación se ha remitido a la Comisión Europea. España deberá recibir el visto bueno para poder acogerse al principal instrumento de apoyo para la recuperación tras catástrofes naturales con el que cuentan los Veintisiete. El reglamento del fondo estable que el Estado que quiera adherirse a este deben haber sufrido una catástrofe si esta se considera grave; es decir, cuando los daños derivados superan el 0,6% de la Renta Nacional Bruta o 3.000 millones de euros. Según el Ejecutivo español, la cuantificación de los daños propiciados por el temporal asciende hasta los 4.404 millones de euros, por lo que se cumpliría el requisito. El Gobierno español ha decidido incluir también junto con los documentas necesarios una carta de la vicepresidenta dirigida al vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto. "El Gobierno del Reino de España, junto con la autoridades regionales y locales, ha movilizado todos los recursos posibles para paliar los daños y ayudar de forma directa a los ciudadanos afectados por la catástrofe, llevando a cabo el mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que se ha realizado jamás en España en tiempos de paz", justifica la carta la necesidad del Fondo. Próximos pasos Una vez remitida la documentación, la Comisión Europea abrirá un proceso durante el que analizará lo recibido y establecerá el importe que será destinado del fondo a España. La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea y, una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. "Todo este proceso es relativamente largo y puede durar varios meses", exponen desde Hacienda. Sobre la cuantía que será asignada, desde Hacienda aseguran que será "necesariamente inferior a los gastos comunicados", dado que estos superan ampliamente el presupuesto total destinado a la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia, que alcanza los 1.500 millones. Asimismo, la cifra podría reducirse si se utilizan los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para parte de los gastos, dado que no se permite una duplicidad de financiación comunitaria. Así lo establece el reglamento, que obliga al beneficiario a garantizar que los costes cubiertos por el Fondo de Solidaridad no están ya cubiertos por otros instrumentos de financiación de la UE. Con estas premisas, los gastos susceptibles de recibir recursos del fondo europeo son, entre otros, los destinados a: Restablecimiento de las infraestructuras...
El pasado 4 de noviembre de 2024, tan solo unos días después de que la DANA arrasases centenares de vidas y municipios valencianos, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a la entonces comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, que el país solicitaría a Bruselas acogerse al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Una vez certificado por la administración española el cumplimiento de los requisitos que este exige y cuantificados los gastos necesarios para la reconstrucción, la documentación se ha remitido a la Comisión Europea. España deberá recibir el visto bueno para poder acogerse al principal instrumento de apoyo para la recuperación tras catástrofes naturales con el que cuentan los Veintisiete. El reglamento del fondo estable que el Estado que quiera adherirse a este deben haber sufrido una catástrofe si esta se considera grave; es decir, cuando los daños derivados superan el 0,6% de la Renta Nacional Bruta o 3.000 millones de euros. Según el Ejecutivo español, la cuantificación de los daños propiciados por el temporal asciende hasta los 4.404 millones de euros, por lo que se cumpliría el requisito. El Gobierno español ha decidido incluir también junto con los documentas necesarios una carta de la vicepresidenta dirigida al vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto. "El Gobierno del Reino de España, junto con la autoridades regionales y locales, ha movilizado todos los recursos posibles para paliar los daños y ayudar de forma directa a los ciudadanos afectados por la catástrofe, llevando a cabo el mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que se ha realizado jamás en España en tiempos de paz", justifica la carta la necesidad del Fondo. Próximos pasos Una vez remitida la documentación, la Comisión Europea abrirá un proceso durante el que analizará lo recibido y establecerá el importe que será destinado del fondo a España. La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea y, una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. "Todo este proceso es relativamente largo y puede durar varios meses", exponen desde Hacienda. Sobre la cuantía que será asignada, desde Hacienda aseguran que será "necesariamente inferior a los gastos comunicados", dado que estos superan ampliamente el presupuesto total destinado a la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia, que alcanza los 1.500 millones. Asimismo, la cifra podría reducirse si se utilizan los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para parte de los gastos, dado que no se permite una duplicidad de financiación comunitaria. Así lo establece el reglamento, que obliga al beneficiario a garantizar que los costes cubiertos por el Fondo de Solidaridad no están ya cubiertos por otros instrumentos de financiación de la UE. Con estas premisas, los gastos susceptibles de recibir recursos del fondo europeo son, entre otros, los destinados a: Restablecimiento de las infraestructuras...
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