El fiscal general no debe dimitir
Los 13 fiscales que piden la dimisión del fiscal general no solo atentan contra los valores democráticos e institucionales que dicen querer preservar, sino que someten al Ministerio Fiscal a la tensión insoportable a la que la carta se refiere, pues expresa lo mismo que los medios con posiciones próximas a la oposición política al GobiernoTrece fiscales de la máxima categoría piden la dimisión de García Ortiz tras su declaración en el Supremo Trece fiscales de Sala han dirigido una carta al fiscal general del Estado pidiendo su dimisión, en un acto que rompe con el respeto que deben tanto a la Institución a la que sirven, como a los ciudadanos y a la democracia a la que se deben. Con este modo de proceder, estos fiscales no solo atentan contra los valores democráticos e institucionales que dicen querer preservar, sino que someten al Ministerio Fiscal a la tensión insoportable a la que la carta se refiere, pues expresa lo mismo que los medios con posiciones próximas a la oposición política al Gobierno vienen manteniendo cada día, convirtiéndose sus autores en actores políticos, lo que no les corresponde como funcionarios públicos. Llega a tal punto la deslealtad al Ministerio Fiscal, la falta de profesionalidad y de comportamiento ético, que critican públicamente la actuación de la representación pública en el proceso calificándola de “insólita” y “contraria a la lógica procesal más elemental”, como si fueran parte del proceso y su interesado entender del mismo fuese el que debe considerarse como único válido. Todo esto es muy grave, y merecedor, como mínimo, de reproche disciplinario, además de la vergüenza ajena que se siente ante tanto descaro y atrevimiento. Al contrario de lo que se sostiene en la carta, somos muchos los que pensamos que el fiscal general no debe dimitir. No solo porque no vemos razón alguna para ello a la luz de los “hitos ampliamente difundidos” a que la desafortunada carta alude; porque los hitos que se conocen, y que han puesto de manifiesto en el proceso tanto la defensa del investigado como el Ministerio Público, constituyen, de una parte, una ausencia de elementos de prueba incriminatorias, y de otra, un desprecio a las que, por el contrario, suponen elementos de descargo. Así como con desconocimiento del funcionamiento del Ministerio Fiscal, amén de una, y esta sí verdaderamente insólita y desproporcionada actuación del instructor, acordando el registro del despacho y la incautación de los medios de trabajo y comunicación del fiscal general, llevada a cabo de un modo descortés, al llevarse a cabo sin su presencia, y por un tan dilatado periodo de tiempo que hubo de rectificar seguidamente, y todo ello en base a unos hechos de dudosa tipicidad en los que ni se atisba la participación de los fiscales investigados. Y entendemos que no debe dimitir, también y precisamente, por y para defender la Institución del Ministerio Fiscal, porque frente a todo lo que malintencionadamente contiene esa carta, los que creemos en la honradez y rectitud en el ejercicio del cargo del actual fiscal general, estamos convencidos de que debe continuar trabajando para que el Ministerio Público sea la Institución que cumpla con el mandato constitucional de defender el interés público y promover el interés social, por mucho que el contenido de estos conceptos, consagrados constitucionalmente, no sea el que les gustaría a los firmantes de la ominosa carta y a los intereses políticos que la misma esconde.
Los 13 fiscales que piden la dimisión del fiscal general no solo atentan contra los valores democráticos e institucionales que dicen querer preservar, sino que someten al Ministerio Fiscal a la tensión insoportable a la que la carta se refiere, pues expresa lo mismo que los medios con posiciones próximas a la oposición política al Gobierno
Trece fiscales de la máxima categoría piden la dimisión de García Ortiz tras su declaración en el Supremo
Trece fiscales de Sala han dirigido una carta al fiscal general del Estado pidiendo su dimisión, en un acto que rompe con el respeto que deben tanto a la Institución a la que sirven, como a los ciudadanos y a la democracia a la que se deben. Con este modo de proceder, estos fiscales no solo atentan contra los valores democráticos e institucionales que dicen querer preservar, sino que someten al Ministerio Fiscal a la tensión insoportable a la que la carta se refiere, pues expresa lo mismo que los medios con posiciones próximas a la oposición política al Gobierno vienen manteniendo cada día, convirtiéndose sus autores en actores políticos, lo que no les corresponde como funcionarios públicos.
Llega a tal punto la deslealtad al Ministerio Fiscal, la falta de profesionalidad y de comportamiento ético, que critican públicamente la actuación de la representación pública en el proceso calificándola de “insólita” y “contraria a la lógica procesal más elemental”, como si fueran parte del proceso y su interesado entender del mismo fuese el que debe considerarse como único válido. Todo esto es muy grave, y merecedor, como mínimo, de reproche disciplinario, además de la vergüenza ajena que se siente ante tanto descaro y atrevimiento.
Al contrario de lo que se sostiene en la carta, somos muchos los que pensamos que el fiscal general no debe dimitir. No solo porque no vemos razón alguna para ello a la luz de los “hitos ampliamente difundidos” a que la desafortunada carta alude; porque los hitos que se conocen, y que han puesto de manifiesto en el proceso tanto la defensa del investigado como el Ministerio Público, constituyen, de una parte, una ausencia de elementos de prueba incriminatorias, y de otra, un desprecio a las que, por el contrario, suponen elementos de descargo. Así como con desconocimiento del funcionamiento del Ministerio Fiscal, amén de una, y esta sí verdaderamente insólita y desproporcionada actuación del instructor, acordando el registro del despacho y la incautación de los medios de trabajo y comunicación del fiscal general, llevada a cabo de un modo descortés, al llevarse a cabo sin su presencia, y por un tan dilatado periodo de tiempo que hubo de rectificar seguidamente, y todo ello en base a unos hechos de dudosa tipicidad en los que ni se atisba la participación de los fiscales investigados.
Y entendemos que no debe dimitir, también y precisamente, por y para defender la Institución del Ministerio Fiscal, porque frente a todo lo que malintencionadamente contiene esa carta, los que creemos en la honradez y rectitud en el ejercicio del cargo del actual fiscal general, estamos convencidos de que debe continuar trabajando para que el Ministerio Público sea la Institución que cumpla con el mandato constitucional de defender el interés público y promover el interés social, por mucho que el contenido de estos conceptos, consagrados constitucionalmente, no sea el que les gustaría a los firmantes de la ominosa carta y a los intereses políticos que la misma esconde.
