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El Ayuntamiento de Madrid plantea endurecer normas contra los mendigos o las acampadas en una consulta ciudadana
El Gobierno de Almeida lanza a los ciudadanos varias preguntas online previas a su primera Ordenanza de Convivencia, poniendo el foco en ocho conductas "incívicas", algunas de ellas aún no reguladasAlmeida lanza una consulta ciudadana sobre inmigración en pleno debate nacional El Gobierno de Almeida está valorando la prohibición de la mendicidad en la capital. Esta práctica está entre las ocho “conductas incívicas” identificadas por el Ayuntamiento de Madrid y sobre las que acaba de lanzar varias preguntas a los ciudadanos, como paso previo a la creación de su primera Ordenanza de Convivencia. La normativa, que prepara el área de Seguridad, incluirá medidas para “evitar conductas incívicas” según aseguraba hace unos días la delegada del área de Seguridad, Inmaculada Sanz, cuando presentaba la medida. La Junta de Gobierno aprobó el primer paso para desarrollar esta ordenanza y desde esta semana los ciudadanos pueden responder a las preguntas que les hace el consistorio, que apuntan hacia los campos sobre los que girará el texto legal. La posibilidad de endurecer normas contra los mendigos está incluida dentro de las ocho áreas que pretende regular con más severidad el Gobierno de Almeida. Este trámite, obligatorio antes de alumbrar una nueva ordenanza, pregunta primero en la página de Decide Madrid si la normativa general es suficiente para garantizar la convivencia ciudadana y si la dedicada en el Ayuntamiento a este asunto resulta adecuada. El área de Vicealcaldía, que gestiona la participación municipal, pide a los ciudadanos puntuar del uno al cinco ocho áreas en las que plantea aumentar la regulación y la persecución de comportamientos incívicos, esta son: degradación y vandalismo, limpieza y uso del espacio, bienes y servicios públicos, molestias generadas por el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, mendicidad coactiva u organizada, venta ambulante ilegal, grafitis, hacer acampada o fogatas y el uso inadecuado de espacios municipales como pistas deportivas o zonas verdes. Actualmente, tanto el consumo de alcohol en la calle fuera de las terrazas de bares y el grafiti están penados en la normativa municipal. En el primer caso, las sanciones van de los 100 a los 600 euros (500 euros para menores de edad). A lo que se pueden sumar hasta 2.000 euros adicionales que la Ordenanza de Limpieza prevé para los que dejen restos de botellón en el lugar de consumo. En cuanto a los grafitis, las multas se sitúan ahora entre los 2.000 y los 3.000 euros, con posibilidad de imponer hasta 6.000 euros para los reincidentes. Por último, la encuesta de Decide Madrid se interesa por saber si hay otros aspectos “que puedan favorecer la convivencia ciudadana en nuestra ciudad que deberían regularse o modificar su actual regulación” y deja abiertos los comentarios en el caso de que el ciudadano conteste afirmativamente. “El objetivo es un texto regulatorio de las normas de convivencia en el espacio público, donde las personas puedan desarrollar en libertad actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás, así como a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas existentes”, explicaba hace unos días el consistorio en nota de prensa, al anunciar la consulta. En la normativa se contemplarán “mecanismos y medidas de intervención municipal encaminadas a evitar conductas incívicas”. Aunque la consulta es un primer paso, la vicealcaldesa puntualizó que abrirá un amplio proceso de diálogo “con todos los interlocutores sociales que deseen aportar su experiencia y propuestas”, desde sindicatos de la policía a asociaciones de vecinos, así como plataformas de afectados por comportamientos incívicos, entre otros. Otras ciudades con ordenanzas antimendigos La mendicidad estuvo prohibida en Madrid durante décadas gracias a una ordenanza franquista, aprobada en el año 1948 y que estuvo vigente hasta el año 2021. Esta norma, denominada Ordenanza Municipal de Policía Urbana, vetaba “el ejercicio de la mendicidad bajo cualquier forma y en todo lugar”. Las sanciones previstas en ella para los medigos eran las siguientes: “Los que se encontraren pidiendo limosna en la vía pública serán amonestados por primera vez y conducidos, si reincidieren, a los Albergues de Mendigos, donde se procederá a su clasificación y a la incoación del expediente que corresponda”. Que los consistorios intenten prohibir la mendicidad o dormir en la calle ha sido algo recurrente en algunos puntos de España durante los últimos años. Uno de los casos más llamativos fue el del Ayuntamiento de Alicante, que en el año 2022 aprobó sanciones de hasta 1.500 euros por ejercer la mendicidad, que se elevaban a los 3.000 euros en el caso de que fueran empleados menores para este fin. La norma, sacada adelante por PP, Ciudadanos y Vox, también preveía sancion
El Gobierno de Almeida lanza a los ciudadanos varias preguntas online previas a su primera Ordenanza de Convivencia, poniendo el foco en ocho conductas "incívicas", algunas de ellas aún no reguladas
Almeida lanza una consulta ciudadana sobre inmigración en pleno debate nacional
El Gobierno de Almeida está valorando la prohibición de la mendicidad en la capital. Esta práctica está entre las ocho “conductas incívicas” identificadas por el Ayuntamiento de Madrid y sobre las que acaba de lanzar varias preguntas a los ciudadanos, como paso previo a la creación de su primera Ordenanza de Convivencia.
La normativa, que prepara el área de Seguridad, incluirá medidas para “evitar conductas incívicas” según aseguraba hace unos días la delegada del área de Seguridad, Inmaculada Sanz, cuando presentaba la medida. La Junta de Gobierno aprobó el primer paso para desarrollar esta ordenanza y desde esta semana los ciudadanos pueden responder a las preguntas que les hace el consistorio, que apuntan hacia los campos sobre los que girará el texto legal.
La posibilidad de endurecer normas contra los mendigos está incluida dentro de las ocho áreas que pretende regular con más severidad el Gobierno de Almeida. Este trámite, obligatorio antes de alumbrar una nueva ordenanza, pregunta primero en la página de Decide Madrid si la normativa general es suficiente para garantizar la convivencia ciudadana y si la dedicada en el Ayuntamiento a este asunto resulta adecuada.
El área de Vicealcaldía, que gestiona la participación municipal, pide a los ciudadanos puntuar del uno al cinco ocho áreas en las que plantea aumentar la regulación y la persecución de comportamientos incívicos, esta son: degradación y vandalismo, limpieza y uso del espacio, bienes y servicios públicos, molestias generadas por el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, mendicidad coactiva u organizada, venta ambulante ilegal, grafitis, hacer acampada o fogatas y el uso inadecuado de espacios municipales como pistas deportivas o zonas verdes.
Actualmente, tanto el consumo de alcohol en la calle fuera de las terrazas de bares y el grafiti están penados en la normativa municipal. En el primer caso, las sanciones van de los 100 a los 600 euros (500 euros para menores de edad). A lo que se pueden sumar hasta 2.000 euros adicionales que la Ordenanza de Limpieza prevé para los que dejen restos de botellón en el lugar de consumo. En cuanto a los grafitis, las multas se sitúan ahora entre los 2.000 y los 3.000 euros, con posibilidad de imponer hasta 6.000 euros para los reincidentes.
Por último, la encuesta de Decide Madrid se interesa por saber si hay otros aspectos “que puedan favorecer la convivencia ciudadana en nuestra ciudad que deberían regularse o modificar su actual regulación” y deja abiertos los comentarios en el caso de que el ciudadano conteste afirmativamente.
“El objetivo es un texto regulatorio de las normas de convivencia en el espacio público, donde las personas puedan desarrollar en libertad actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás, así como a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas existentes”, explicaba hace unos días el consistorio en nota de prensa, al anunciar la consulta. En la normativa se contemplarán “mecanismos y medidas de intervención municipal encaminadas a evitar conductas incívicas”.
Aunque la consulta es un primer paso, la vicealcaldesa puntualizó que abrirá un amplio proceso de diálogo “con todos los interlocutores sociales que deseen aportar su experiencia y propuestas”, desde sindicatos de la policía a asociaciones de vecinos, así como plataformas de afectados por comportamientos incívicos, entre otros.
Otras ciudades con ordenanzas antimendigos
La mendicidad estuvo prohibida en Madrid durante décadas gracias a una ordenanza franquista, aprobada en el año 1948 y que estuvo vigente hasta el año 2021. Esta norma, denominada Ordenanza Municipal de Policía Urbana, vetaba “el ejercicio de la mendicidad bajo cualquier forma y en todo lugar”. Las sanciones previstas en ella para los medigos eran las siguientes: “Los que se encontraren pidiendo limosna en la vía pública serán amonestados por primera vez y conducidos, si reincidieren, a los Albergues de Mendigos, donde se procederá a su clasificación y a la incoación del expediente que corresponda”.
Que los consistorios intenten prohibir la mendicidad o dormir en la calle ha sido algo recurrente en algunos puntos de España durante los últimos años. Uno de los casos más llamativos fue el del Ayuntamiento de Alicante, que en el año 2022 aprobó sanciones de hasta 1.500 euros por ejercer la mendicidad, que se elevaban a los 3.000 euros en el caso de que fueran empleados menores para este fin. La norma, sacada adelante por PP, Ciudadanos y Vox, también preveía sanciones por dormir en la calle sobre un colchón.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tumbó esta ordenanza un año después, por lo que el consistorio alicantino recurrió al Supremo. Algo parecido ocurrió en Reus, donde su ayuntamiento también intentó prohibir en 2019 la mendicidad en sus calles a través de una ordenanza, que censuró el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, argumentando que este veto excedía las competencias municipales.
